La frase de los primeros “100 días” no tiene su origen en Franklin Roosevelt como muchos piensan, sino que nació en el siglo XIX para marcar el período entre el escape de Napoleón de la isla Elba, su paso devastador por Europa y su derrota final en los campos de Waterloo. Como podemos ver, se puede hacer mucho daño en poco más de 3 meses. Por suerte la administración de Laura Chinchilla en Costa Rica no ha sido tan nefasta como Napoleón, pero las confusas señales que la presidenta delinéo hace unos días como sus principales metas y objetivos para el 2014 me generan bastante preocupación. Vamos por puntos:

Impuestos: Quizás el punto más inquietante es el énfasis que la presidenta está poniendo en la necesidad de más impuestos. No solo resulta sumamente deshonesto dado que en campaña ella se negó a hablar sobre si era necesario aumentar los impuestos –-y ahora dice que sin más tributos no podrá cumplir con muchas de sus promesas–- sino que dicha insistencia me da la sensación de estar ante un refrito de la administración de Abel Pacheco (2002-2006). Don Abel pasó sus 4 años en el poder sin hacer mayor cosa ya que no le aprobaban el paquete de impuestos que impusaba a toda costa. ¿Nos saldrá igual doña Laura?

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Por primera vez, el presidente mexicano Felipe Calderón dijo ayer que era “medular” tener un debate acerca de la legalización de las drogas. Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), se había negado hasta ahora a prestar atención a los crecientes llamados en México y América Latina para que se sostenga un debate hemisférico sobre la legalización de las drogas. Una vez que salieron de sus cargos, dos de los antecesores de Calderón–Ernesto Zedillo y Vicente Fox–también han reconocido la necesidad de legalizar las drogas como una manera de combatir la violencia relacionada al narcotráfico que azota a México. Otros, como Jorge Castañeda, ex ministro de relaciones exteriores de México, también ha pedido que se acabe con la prohibición.

En su edición de hoy El Universal de México asevera que el cambio de actitud de Calderón tiene algo que ver con una reunión que sostuvo hace pocos días con Juan Manuel Santos, el presidente electo de Colombia. De acuerdo a fuentes del periódico, Santos le dijo a Calderón que el narcotráfico no está bajo control en el territorio colombiano y que México debería ser el país que lidere un debate público acerca de la legalización o despenalización de las drogas.

Como he señalado antes, hay un creciente consenso dentro de América Latina acerca del fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de implementar una estrategia sensata en cuanto a políticas sobre drogas. La pregunta sigue siendo: ¿Hay alguien en Washington que esté prestando atención?

Es déjà vu en Costa Rica. Todo indica que el debate sobre el inminente paquete de impuestos que promete la administración de Laura Chinchilla será muy similar al que ya vivió ese país en el período 2002-2006, cuando la administración de Abel Pacheco vendía un aumento histórico en los impuestos bajo la premisa de que era la única manera de salvar a Costa Rica de un inminente colapso fiscal. De igual forma, en aquel entonces, no faltaba uno que otro catedrático o experto fiscal que dijera que una mayor carga tributaria es una condición sine qua non para el desarrollo económico.

Uno de ellos es Jaime Ordóñez, director de la cátedra de Teoría del Estado de la Universidad de Costa Rica, con quien ya tuve hace 6 años un intercambio sobre este tema en las páginas de opinión de La Nación. El argumento de Ordóñez es muy sencillo: “¿Quiere Costa Rica ser rica como Europa? Entonces tiene que pagar impuestos como los europeos”. En ese entonces (2004), le señalé a don Jaime que correlación no prueba causalidad. Ciertamente Europa es un continente rico (y en declive), pero eso no indica de ninguna manera que los europeos se hicieron ricos simplemente porque aumentaron sus cargas fiscales a altísimos niveles. Todo lo contrario, si vemos la evidencia empírica, notaremos que las tasas de crecimiento en Europa caen conforme más aumenta la carga tributaria. ¿Queremos los costarricenses hacernos ricos? Pues entonces necesitamos altas tasas de crecimiento, y la Europa esclerótica con la que sueña Jaime Ordóñez no es el ejemplo a seguir.

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Desde que Hugo Chávez prometió cerrar Globovisión el año pasado —el último canal independiente que queda en Venezuela— solo ha sido cuestión de cuándo y cómo intentaría cumplir con su promesa. Un dictador no puede tolerar una prensa libre y la cobertura crítica e independiente de Globovisión desde hace mucho tiempo ha sido una espina en el costado de Chávez.

Sin embargo, cerrar Globovisión constituiría una medida brusca que sería condenada a nivel internacional y le hubiese dificultado la vida a aquellos líderes internacionales que todavía dicen que Venezuela es una democracia, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Aún así, Chávez no podía permitir tener un canal de televisión independiente en Venezuela en el contexto de una marcada caída de su popularidad en las encuestas, un creciente descontento social y una importante elección en septiembre que determinará la composición de la nueva Asamblea Nacional y que podría conducir a que su partido pierda el control sobre esta.

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El tema de la semana en Costa Rica ha sido la autorización que el jueves pasado otorgó la Asamblea Legislativa para que 46 naves artilladas estadounidenses entren a aguas nacionales en los próximos 6 meses como parte (supuestamente) del convenio de patrullaje conjunto con el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. La polémica no tardó en estallar. Por un lado, varios sectores anuncian la ocupación del territorio nacional por parte de la potencia del Norte. La palabra “invasión” ha sido utilizada irresponsablemente. Por el otro lado, hay gente que argumenta que dicho apoyo es necesario y hasta crítico para combatir un flagelo –el narcotráfico– que se ha convertido en el principal problema de seguridad nacional. A mi parecer, ninguno de los bandos lleva la razón.

Analicemos lo que sabemos:

1.- La autorización se da en el marco del Convenio de Patrullaje Conjunto aprobado por la Asamblea Legislativa en 1999 y que permite la navegación de embarcaciones del Servicio de Guardacostas estadounidense junto con autoridades nacionales con el fin de interceptar cargamentos de droga provenientes de Sudamérica con destino a Estados Unidos. Queda claro también que, si bien el número de embarcaciones recién autorizadas es similar al de años anteriores, su naturaleza es diferente a las que hasta ahora habían entrado a aguas nacionales dentro del marco de este convenio. Las naves recién autorizadas son de la Marina de Estados Unidos, y su naturaleza es eminentemente bélica.

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El Paso, Texas, es una de las ciudades más seguras de EE.UU., pero sus residentes están firmemente identificados con la tragedia humana que afecta a sus vecinos mexicanos que se encuentran al otro lado del Río Grande. El Paso comparte un área metropolitana con Ciudad Juárez de México, posiblemente una de las ciudades más peligrosas del mundo, donde más de 4.000 personas han sido asesinadas en lo últimos dos años.

Las comunidades de El Paso y Las Cruces, en Nuevo México, quieren cambiar esta situación. Hoy, políticos, académicos y líderes cívicos y empresariales de ambas ciudades llevarán a cabo un evento solicitando “una reforma profunda de la fallida Guerra contra las Drogas librada por EE.UU. y otros países”. Puede leer el comunicado de prensa [en inglés] aquí.

Entre otras cosas, ellos:

“proponen, como un importante primer paso hacia la reforma de la política sobre drogas, la derogación de las ineficaces leyes de marihuana con el fin de regular, controlar y cobrar impuestos sobre la producción, distribución y consumo de marihuana por parte de adultos. La venta de marihuana en el mercado negro de EE.UU. contribuye entre el 50 y 70 por ciento de las ganancias de los carteles mexicanos”.

El año pasado, el consejo municipal de la ciudad de El Paso emitió una resolución llamando a “un debate nacional abierto y honesto acerca de terminar la prohibición de los narcóticos”. Los líderes de la comunicad han entendido que la única manera de eliminar las violencia relacionada con las drogas es legalizando las drogas, no dependiendo de estrategias convencionales e irreales, incluyendo un control más firme y un cierre de la frontera — alternativas que no son atractivas para una comunidad tan integrada con sus vecinos mexicanos.

Al tiempo que se reúnen en la Casa Blanca este lunes, ¿acaso el Presidente Obama y el Presidente Calderón de México escucharán los llamados tendientes a cambiar las políticas sobre drogasque vienen desde El Paso y Las Cruces?

Días de tensión esperan a los negociadores centroamericanos y europeos esta semana en Madrid durante una última ronda tendiente a materializar un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE).

Las negociaciones ya llevan un par de años y dos previos intentos por cerrar el acuerdo fracasaron en gran medida por la solicitud de la UE de que Centroamérica permita la importación libre de impuestos de una cuota de 4.500 toneladas métricas de leche en polvo al año. Los centroamericanos se oponen radicalmente a dicha solicitud, argumentando que la leche europea es altamente subsidiada. Sin embargo, los centroamericanos están siendo obstinadamente inflexibles en su posición dado lo minúsculo de la cuota que pide la UE.

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El verdadero legado de la administración de Oscar Arias en Costa Rica no es que “liberó las musas y apaciguó la sed del alma” como dijera en su último informe de labores del pasado 1° de mayo. Sino el déficit fiscal de 1 billón de colones que le hereda a su sucesora Laura Chinchilla, como reportó ayer el matutino La República. De continuar la vorágine de gasto estatal, Costa Rica pronto dejará de ser la Suiza centroamericana y pasará a ser la Grecia centroamericana.

El panorama financiero del gobierno costarricense es dantesco: Según el economista Eric Vargas en un artículo publicado en el periódico La Nación el jueves pasado, el déficit fiscal podría llegar al 6,6% del PIB a finales de año y hasta el 10% del PIB en el 2011. Estas son cifras insospechadas en tiempos modernos en dicho país. Tan solo en el primer trimestre de este año el déficit fiscal aumentó en un 146%, y no por una caída en los ingresos durante dicho período, como señala una y otra vez el presidente Arias, sino por un aumento desproporcionado en el gasto.

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En las dos últimas semanas tomó lugar en Bruselas la que sería la última ronda de negociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea tendiente a materializar un Acuerdo de Asociación que, entre otras cosas, cuenta con un capítulo comercial. Al final de cuentas no se alcanzó ningún acuerdo ante las divergencias en las posiciones comerciales de los europeos y centroamericanos, quienes se acusan mutuamente de inflexibilidad.

He seguido muy de cerca la negociación desde el lado de mi país, Costa Rica, cuyos representantes se rehúsan a aceptar la solicitud europea de permitir la importación libre de aranceles de un contingente de 4.500 toneladas de leche en polvo citando la “sensibilidad” del sector lechero nacional. Este sector es respresentado en Costa Rica por la Cooperativa Dos Pinos, una enorme empresa, exenta del pago de impuesto sobre la renta por su condición de “cooperativa”, que exporta el 20% de su producción a Centroamérica, México, el Caribe y Sudamérica, y cuyas ventas totales equivalen a un 2% del PIB costarricense.

¿Por qué los negociadores costarricenses afirman incluso tirar por la borda el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea antes de poner a competir en Costa Rica a la Dos Pinos, un gigante que compite de tú a tú en otros países? ¿Y qué hay de los consumidores nacionales? Un estudio realizado hace unos años por dos economistas costarricenses encontró que las 70.000 familias más pobres en dicho país gastan el 41% de sus ingresos en pagar el sobreprecio de los productos de consumo que cuentan con los mayores niveles de protección comercial: arroz, leche, papa, cebolla, pollo, etc. ¿Por qué los negociadores costarricenses no toman en cuanta las “sensibilidades” de estos sectores tan vulnerables de la población, los cuales se verían enormemente beneficiados si se permitiera la libre importación de dichos productos?

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Donde muchos ven represión, cierre de medios independientes, uso de turbas contra poderes independientes del Estado, presos políticos, y una erosión generalizada de las instituciones democráticas y las libertades individuales, el gobierno español ve esto:

“En Bolivia hay una auténtica revolución con el respaldo ampliamente mayoritario de los ciudadanos. En Venezuela hay un planteamiento de valores más políticos que se ha hecho con el apoyo de los ciudadanos y a través de mecanismos democráticos”.
–Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoamérica.