Sobre la captura del “Chapo” Guzmán

El arresto el sábado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del Cartel de Sinaloa, no es poca cosa. Él era quizá el hombre más buscado del mundo y su captura sin duda alguna representa una victoria política para México y su presidente Enrique Peña Nieto. Pero así como el asesinato de Pablo Escobar en 1993 no acabó con la guerra contra las drogas, la caída de Joaquín Guzmán no terminará con el tráfico de drogas en las Américas.

Como líder de la organización criminal más grande de México, el “Chapo” jugó un papel protagónico en el brote de violencia relacionada a las drogas en ese país. En 1992, Guzmán decidió invadir el territorio de los hermanos Arellano Félix en Tijuana. Luego le declararía también la guerra a los carteles de Juárez y del Golfo, desatando así años de un derramamiento de sangre sin precedentes en el norte de México. Eventualmente él lograría controlar la mayor parte de las rutas lucrativas y su organización se volvería responsable de traficar alrededor de la mitad de las drogas ilegales que ingresan a EE.UU.

Su poder dependía no solamente del plomo sino también de la plata. Hace algunos años, funcionarios de alto rango en la oficina de la Procuraduría General de México fueron arrestados por recibir sobornos del cartel de Sinaloa. Las sumas eran impresionantes: entre $150.000 y $450.000 al mes. La organización de Guzmán también estaba involucrada activamente en la compra de respaldo en la policía. Según la Secretaría de Seguridad Pública, cada año los carteles gastan aproximadamente $1.200 millones sobornando 165.000 policías a lo largo de todo México (solo para comparar, la Iniciativa Mérida, el paquete de ayuda de Washington para México y Centroamérica para luchar contra el crimen organizado, suma un total de $1.600 millones).

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¿Nos estamos acercando a un punto de quiebre en Venezuela?

Hoy podría ser un día muy trágico en la historia de Venezuela. Dos marchas multitudinarias, una de la oposición y la otra organizada por el gobierno, se encuentran en las calles de la capital y podrían toparse en el mismo distrito. El régimen de Nicolás Maduro prohibió la marcha de la oposición y amenazó con violencia si sus manifestantes intentan ingresar al municipio del Libertador, en el centro de Caracas. Las cosas podrían ponerse muy feas.

Las tensiones han ido aumentando desde la semana pasada cuando decenas de miles de personas, mayormente estudiantes, tomaron las calles para protestar contra del gobierno. La mano dura con la cual el régimen ha respondido casi que no tiene precedente. Al menos tres personas han muerto, muchos han sido detenidos y otros tantos permanecen desaparecidos. Los estudiantes que han sido liberados denunciaron que fueron torturados y violados mientras estuvieron en custodia. Además, el gobierno emitió una orden de arresto en contra de Leopoldo López, el ex alcalde del distrito de Chacao y uno de los líderes más emblemáticos de la oposición. Como líder de la marcha de hoy, López ya se entregó a la Guardia Nacional.

Debemos tener en cuenta algunas cosas conforme se desarrollan estos sucesos:

Una gran porción de la población está harta: Esta no es la primera vez que decenas de miles de venezolanos se lanzan a las calles para protestar contra el gobierno. Sin embargo, conforme la aguda crisis económica recrudece, el nivel de desesperación en la población, particularmente los venezolanos de clase media, está llegando a un punto de ebullición. El índice de escasez muestra que más de uno de cada cuatro productos básicos no está disponible en los estantes. Largas filas son cosa de todos los días en los supermercados. Cuando la gente finalmente logra encontrar un producto, ve que su ingreso para comprarlo está cayendo rápidamente. La tasa de inflación oficial llegó a 56% el año pasado, pero según el Proyecto de Monedas Problemáticas de mi colega Steve Hanke, la tasa de inflación anual implícita realmente es de 305%. El crimen ha deteriorado significativamente las condiciones de vida: Venezuela es uno de los lugares más peligrosos del mundo con casi 25.000 homicidios en 2013—una tasa de homicidio de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El país se está convirtiendo rápidamente en un lugar invivible y muchos venezolanos creen que ya no tienen nada que perder.

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Nota técnica del expresidente Rodríguez a mi ensayo sobre crecimiento y pobreza en Costa Rica

He recibido del expresidente Miguel Ángel Rodríguez la siguiente nota técnica a mi ensayo “Crecimiento económico sin reducción de pobreza: El caso de Costa Rica”, la cual procedo a reproducir de manera íntegra:

Falso que en 1999 se cambiara política de minidevaluaciones para incentivar exportaciones

Juan Carlos Hidalgo en su artículo “Crecimiento sin reducción de pobreza: el caso de Costa Rica” afirma: “Mientras en los 12 años del sistema de minidevaluaciones el BCCR estabilizó el tipo de cambio real, la evidencia sugiere que en 1999 las intervenciones del Banco Central devaluaron en gran medida la moneda, dando una ventaja competitiva a los sectores exportadores de la economía. Esto alimentó la inflación ya que el BCCR devaluó la moneda imprimiendo nuevos colones”.

Esta afirmación la sustenta don Juan Carlos en el artículo de Melvin Garita “Tipo de cambio y sector exportador: Impactos y propuestas” que a su vez lo basa en un supuesto cambio en las reservas internacionales “a partir de mediados del año 1999, cuando se (sic) una acumulación marcada, de crecimiento casi exponencial, de reservas monetarias internacionales”.

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Venezuela en una espiral fuera de control

Conforme la situación económica empeora rápidamente en Venezuela, el gobierno está volviéndose cada vez más autoritario y ahora está socavando activamente los fundamentos del desde ya deteriorado tejido social del país.

En la noche del viernes, el presidente Nicolás Maduro ordenó a las fuerzas armadas tomar control de una cadena de tiendas de electrodomésticos y confiscar todos los productos para venderlos a “un precio justo”. Poco después grandes multitudes se reunieron afuera de las tiendas de electrodomésticos alrededor del país, lo que derivó en saqueos masivos. El anuncio vino un día después de que el Banco Central reportó que la tasa de inflación en octubre era de 5 por ciento, implicando una tasa anual de 54 por ciento. Sin embargo, como nuestro colega Steve Hanke documenta en su Proyecto de Monedas en Problemas (en inglés), la tasa de inflación implícita de Venezuela es en realidad de 320 por ciento.

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Sobre la deuda de Argentina

El video abajo muestra cuando el presidente interino de Argentina, Adolfo Rodríguez Saá (fue presidente durante una semana) anuncia en el Congreso en diciembre de 2001 que Argentina dejaría de pagar su deuda —el default soberano más grande de la historia. Rodríguez fue interrumpido por una ovación y cantos de “¡Argentina! ¡Argentina!”

Una década después, en mayo de 2012, el Congreso de Argentina aprobó de manera abrumadora la expropiación (sin compensación hasta la fecha) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa petrolera más grande del país, cuyo paquete accionario mayoritario pertenecía a la empresa española Repsol. Cuando el voto de 207 versus 32 fue anunciado, estalló una celebración con diputados abrazándose y cantando:

Esta es solo una muestra de lo débil que es el Estado de Derecho en Argentina.

Este lunes, Buenos Aires anunció que reabrirá el canje de 2010 a través del cual reestructuró su deuda reemplazando bonos viejos con bonos nuevos con un descuento considerable. El anuncio llegó ante la probable decisión por parte de la Corte Suprema de EE.UU. (EE.UU. tiene jurisdicción sobre la deuda emitida bajo la legislación de Nueva York, como sucede en este caso) de no revertir la decisión de una corte de apelaciones que establece que el gobierno argentino primero debe pagar a los acreedores que reclamaron el valor negociado inicialmente, esto es, los tenedores de bonos que no aceptaron los términos de los anteriores canjes de deuda. El gobierno argentino ha declarado de manera categórica que no les pagará.

En un intento por evitar un default técnico, Argentina ofrecerá a los tenedores de bonos que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 nuevos bonos emitidos bajo jurisdicción argentina. El Economist Intelligence Unit tiene un buen análisis de este caso aquí (en inglés).

Los tenedores de bonos argentinos ahora se enfrentan a una disyuntiva terrible: o retienen sus bonos emitidos en EE.UU. y se enfrentan a un probable default, o aceptan la oferta de Argentina de nuevos bonos emitidos bajo la “protección” de las poco confiables instituciones legales y políticas de ese país.

Antes de aceptar la oferta, los tenedores de bono deberían recordar el cántico: “¡Argentina! ¡Argentina!”

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Populismo con moneda propia versus populismo dolarizado

Tanto Venezuela como Ecuador tienen gobiernos populistas de izquierda que se han beneficiado tremendamente de ingresos sin precedentes por la venta de petróleo. Ambos gobiernos aprovecharon esos ingresos extraordinarios para aumentar considerablemente el gasto público. Sin embargo, hay una diferencia crítica entre estos países: mientras que Venezuela tiene su propia moneda (el llamado “Bolívar fuerte”), Ecuador adoptó el dólar de EE.UU. como su moneda oficial en el 2000. Eso significa que, sin importar qué tan irresponsable sea la política fiscal del gobierno ecuatoriano, este no puede imprimir dinero para financiar su gasto.

El resultado: Venezuela tiene la tasa de inflación más alta en América Latina mientras que Ecuador tiene una de las tasas más bajas en la región.

Inflación Ecuador y Venezuela

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El parlamento uruguayo aprueba ley que legalizaría la marihuana

El parlamento de Uruguay votó ayer para permitir la producción, comercialización y distribución de cannabis, dando el primer paso para convertirse en el primer país en el mundo que legalizaría la marihuana. Aún cuando Uruguay nunca criminalizó el consumo personal, este voto, que aprobó la ley con 50 votos a favor y 46 en contra, es una medida mucho más atrevida.

La ley es mucho más elaborada que la propuesta que se presentó al parlamento uruguayo hace un año, la cual contenía solamente un artículo dándole al Estado el poder de regular el mercado de cannabis. Inicialmente, el gobierno contempló la idea de crear un monopolio estatal en la producción y venta de la droga. La ley aprobada esta semana permitiría un mercado privado, aunque estrictamente regulado, de cannabis. Los uruguayos podrán cultivar su propia marihuana (hasta seis plantas) o registrarse en un club que también podrá cultivar su propia marihuana (hasta 99 plantas). Todos los cultivos requieren una autorización previa del Estado.

Adicionalmente, los uruguayos podrán comprar marihuana de las tiendas de droga autorizadas (hasta 40 gramos al mes). Para poder hacerlo, también tendrán que enlistarse en un Registro Nacional de Consumidores. Aunque la ley estipula que el registro será privado y que la información contenida en este será considerada “sensible”, hay buenas razones para creer que no muchas personas correrán a un organismo estatal a registrarse como consumidores de marihuana. Las personas menores de 18 años no podrán tener acceso legal a la marihuana y todo tipo de publicidad de la droga está prohibida.

La ley ahora se dirige al senado donde se espera que sea aprobada. Una vez que entre en vigencia, Uruguay se convertirá en el estandarte de la reforma a la política de drogas. Aún siendo un país pequeño que no sufre del problema de la violencia relacionada a las drogas que hemos visto en México o Centroamérica, la legalización de la marihuana en Uruguay constituye un paso trascendental en el camino hacia el desmontaje del régimen de la prohibición que ha estado vigente por lo menos desde la década de los sesenta. Leyes para la legalización de la marihuana ya han sido introducidas en las legislaturas de países como Chile y México. Además, no olvidemos que el cannabis fue legalizado en noviembre del año pasado (mediante un referéndum) los estados de Colorado y Washington.

La administración Obama tiene que tomar una decisión: puede obstruir el impulso hacia la reforma, o puede involucrar a los países latinoamericanos en un debate abierto acerca de cómo acabar con una política fracasada que ha costado las vidas de cientos de miles de personas en la región. Eso sería un cambio en el que podemos creer.

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Un vistazo al informe de la OEA sobre política de drogas

El viernes pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe sobre el futuro de la política de drogas en las Américas. La OEA recibió el mandato para producir este documento en la Cumbre de las Américas que se realizó el año pasado en Cartagena, Colombia, donde algunos presidentes expresaron su frustración con la guerra contra las drogas e incluso sugirieron que la legalización era una alternativa con la cual se podía combatir a los carteles.

El documento está basado en premisas sólidas:

  1. La violencia relacionada a las drogas es uno de los retos más importantes al cual se enfrentan los gobiernos de la región.
  2. La estrategia actual es un fracaso no está funcionando.
  3. Se necesita discutir e implementar nuevas alternativas.
  4. El consumo de drogas seguirá siendo importante en el año 2025.

Estas premisas podrían parecer un tanto obvias, pero cuando se trata de política de drogas, afirmar lo obvio no ha sido la norma para aquellos que creen en el estatus quo. Por ejemplo, en 1988 la ONU patrocinó un evento titulado “Un mundo libre de drogas: podemos hacerlo” (el consumo de marihuana y de cocaína ha aumentado en un 50 por ciento desde entonces). O la última Estrategia Nacional de Control de Drogas de EE.UU. (en inglés), que dice que el mayor logro de la Iniciativa Mérida en México ha sido “el fomento mutuo de la seguridad, la protección y la prosperidad” (no importa que en los últimos seis años hayan muerto 60.000 personas por la narco-violencia en ese país).

El informe de la OEA evita caer en esos cuentos de fantasía. También evita hacer recomendaciones, dada la falta de consenso entre sus autores acerca de la dirección en la que debería dirigirse la política de drogas durante los próximos 12 años. En cambio, el documento presenta cuatro distintas interpretaciones del “problema de la droga” y muestra los escenarios de cómo debería ser la reacción a estas. El informe también presenta los desafíos a los que se enfrenta cada escenario (el nombre de cada uno en negrita):

Juntos: En este escenario, el problema no son las leyes de drogas sino las débiles instituciones de los países latinoamericanos. Se prevé más cooperación entre los gobiernos en las áreas de seguridad e inteligencia, más gasto en seguridad y organismos judiciales y leyes más severas para combatir la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

Es cierto que los países latinoamericanos sufren de instituciones débiles. El problema con este escenario es que la prohibición de las drogas de hecho exacerba dicho flagelo ya que infla los márgenes de ganancia de los carteles a niveles estratosféricos, aumentando así su poder corruptor y violento. En 2010 todos los países centroamericanos en conjunto gastaron cerca de $4.000 millones en sus aparatos de seguridad y justicia (un incremento del 60 por ciento en cinco años). Y aún así eso estuvo muy por debajo de los ingresos estimados de los carteles mexicanos y colombianos que, de acuerdo a un reporte del Departamento de Justicia de EE.UU. (en inglés), podrían llegar hasta $39.000 millones al año.  

El informe prevé otra desventaja de esta estrategia: una disparidad entre los países en sus esfuerzos por fortalecer sus instituciones, lo que podría derivar en el efecto globo de actividades criminales. Esta es tal vez la principal característica del negocio de la droga en las Américas: su alta capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Por ejemplo, a principios de los noventa, conforme la presión sobre los productores de coca aumentó en Perú, estos se trasladaron a Colombia. Actualmente, luego de una década de programas de erradicación en ese país, están regresando a Perú. En general, la región andina continúa produciendo la misma cantidad de cocaína que producía hace 20 años.

A lo largo de los años el denominador común de la guerra contra las drogas en América Latina ha sido el intento por exportar el problema a los vecinos. Una mayor cooperación, una coordinación de los esfuerzos y un fortalecimiento de las instituciones a una misma velocidad parecen todos objetivos poco realistas.

Caminos: En este escenario el problema no son las drogas sino su prohibición. Se presagia un creciente número de presidentes en la región haciendo un llamado a adoptar un mercado legal para ciertas drogas, empezando con la marihuana.

De hecho, el futuro ya está aquí. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ya hizo un llamado por la legalización de las drogas. Uruguay está considerando una ley que legalizaría el cannabis. Incluso en EE.UU., los estados de Colorado y Washington han legalizado el consumo recreacional de la marihuana.

Dos retos se vienen a la mente al considerar este escenario. Primero, el debate sobre la legalización (o regulación, como prefieren llamarla algunos) se ha enfocado casi exclusivamente en la marihuana. En realidad, el ímpetu hacia un mercado legal de la marihuana parece irreversible: una encuesta reciente muestra que el 52 por ciento de los estadounidenses favorece legalizar dicha droga. Además, en una reciente entrevista publicada en el periódico colombiano El Tiempo, William Brownfield, Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos, dijo que legalizar la cocaína, la heroína, la metanfetamina, y las drogas sintéticas constituiría cruzar una “línea roja” para Washington. Curiosamente, Brownfield dejó por fuera a la marihuana. Como indica (en inglés) Mark Kleinman de UCLA, parece que los prohibicionistas en la administración Obama podrían haber decidido que “la Batalla del Cannabis está perdida, y están intentando retroceder hacia una posición más defendible”. Sin embargo, el problema en la región andina, en Centroamérica, y en gran medida México, no es la marihuana, sino la prohibición de la cocaína. Y el informe, de manera realista, prevé una resistencia muy fuerte por parte de la opinión pública en la mayoría de los países a un mercado legalizado de cocaína.

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El lobby de Lula en Costa Rica

Lula y Laura

El tema caliente del momento es la cesión del contrato de concesión de la carretera a San Ramón a la constructora brasileña OAS Ltda. Diversos medios de comunicación, liderados por CRHoy, han venido exponiento las múltiples irregularidades y abusos detrás del contrato: informes técnicos del CONAVI sobre cómo ampliar la carretera con un aumento pequeño del peaje fueron ignorados, el contrato de concesión de hecho no involucra mayores obras de ampliación de la carretera, etc.

Sin duda alguna esto huele feo. Lo que no ha sido mayormente reportado en la prensa es el lobby político que vino a hacer el ex presidente brasileño Luis Inácio “Lula” da Silva a favor de la constructora OAS. En agosto del 2011, da Silva vino a Costa Rica a “dar una conferencia sobre desarrollo económico y social de los países latinoamericanos”. El viaje fue patrocinado por la constructora brasileña OAS, como informara en ese momento La Nación.

Aprovechando el viajecito, Lula da Silva se reunió en Casa Presidencial con la presidenta Laura Chinchilla, probablemente para discutir también sobre el “desarrollo económico y social de los países latinoamericanos”. Año y medio después se anuncia, en medio de múltiples interrogantes, que OAS asumirá la concesión de la carretera a San Ramón.

¿Lobby político por parte del ex presidente brasileño? Pues durante su gobierno, Lula adjudicó a OAS millonarios contratos de infraestructura en Brasil. También, tras reuniones con su par boliviano Evo Morales, OAS también recibió jugosos contratos en Bolivia a pesar de diversos cuestionamientos de órganos fiscalizadores. Desde que salió del poder en el 2010, Lula ha viajado a diferentes países representando los intereses de la constructora brasileña (o a dar charlas sobre desarrollo económico pagados por la empresa, al menos). Casualmente, OAS es la patrocinadora de la película “Lula, O Filho do Brasil” (Lula, el hijo de Brasil).

Saquen Uds las conclusiones…

ACTUALIZACIÓN: En un tuit reciente, el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, afirma que si Lula vino a hacer lobby al país, no le funcionó puesto que el contrato para la ruta a Chilamate (en la que OAS era oferente en ese momento) se le adjudicó a otra empresa. Bueno sí, la obra por $52 millones a Chilamate no la ganó, pero luego se haría del contrato por $552 millones para la carretera a San Ramón. No hay que ser muy muy ágil para ver cómo perder un contrato vale la pena si luego vale para hacerse de uno 10 veces más grande. Más cuando el primero involucraba de hecho construir una carretera y el segundo ni siquiera exige construir nuevos carriles.

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El récord de Sebastián Piñera en Chile

En una visita a Chile la semana pasada invitado por la Fundación para el Progreso, tuve la oportunidad de conversar con el Diario Financiero sobre el récord del presidente Sebastián Piñera, quien entra a su último año en el Palacio de La Moneda. La entrevista salió publicada aquí.

A pesar de un sólido ritmo de crecimiento económico, muy baja inflación y desempleo a un nivel históricamente bajo, el presidente Piñera es altamente impopular. Lamentablemente, como explico en la entrevista, su obsesión por ser querido por la gente lo ha llevado a tomar posiciones y proponer políticas económicas y sociales que no son propias de un gobierno de centro-derecha.

En particular, no me preocupa tanto el impacto macroeconómico de las que sin duda son políticas clientelistas y asistencialistas de Piñera. Sí, el llamado “bono marzo” (la entrega de un bono único por aproximadamente $85 a cada familia de bajos recursos porque marzo es un mes donde “hay muchos gastos”) se comerá un 25% de lo recaudado en el último paquete tributario, el cual supuestamente era necesario para financiar la reforma educativa del gobierno. O el aumento del salario mínimo al equivalente de $423 probablemente tenga un efecto negativo marginal sobre el desempleo juvenil, que no ha disminuido tanto como el desempleo general.

Mi mayor preocupación es el impacto que este clientelismo tendrá en la discusión política chilena en el mediano plazo. El presidente Piñera ha querido robarle el flanco izquierdo a la Concertación en políticas sociales, con el único resultado que la Concertación se ha movido más a la izquierda en estos temas. En lugar de aplaudirle el bono marzo, ha pedido que sea más grande y cubra más familias. En lugar de apoyar el aumento del salario mínimo, ha dicho que debe ser significativamente mayor. Cuando Piñera aumentó (innecesariamente diría yo) de manera temporal los impuestos a las empresas para financiar la reconstrucción del terremoto y tsunami del 2010, la Concertación pidió que el aumento fuera permanente. Cuando Piñera propuso hacerlo permanente, la centro-izquierda pidió tasas impositivas mayores. Es un juego de gato y ratón donde el asistencialismo y el populismo siempre ganan.

Parte del temor que palpé por parte de mis amigos en la centro-derecha chilena sobre el regreso de Michelle Bachelet y su muy probable triunfo en las próximas elecciones presidenciales es que esta será una Bachelet más tirada a la izquierda que la que gobernó en el 2006-2010. Creo que eso es, en parte, responsabilidad de Sebastián Piñera. Me es difícil no hacer paralelos con lo ocurrido en EE.UU. bajo la administración de George W. Bush, quien llegó al poder con un discurso de “compassionate conservatism” que en realidad se tradujo en “big government conservatism”. Bush intentó robarle el flanco izquierdo al Partido Demócrata en temas como la educación y el gasto gubernamental, con el único resultado que movió a los demócratas más a la izquierda. Hoy, el Partido Demócrata de Barack Obama es mucho más populista que el de Bill Clinton.

Esto no quiere decir que todo sea negativo en la adminitración Piñera. En la versión impresa de la entrevista (que no está disponible en la electrónica), destaco tres grandes iniciativas del gobierno que me parecen extraordinarias:

  • El impulso a la Alianza el Pacífico: Esta unión comercial y económica entre México, Perú, Colombia y Chile, países que, en mayor o menor medida, han apostado a ser democracias con economías de mercado, en contraposición con la creciente autarquía y autoritarismo de los países del ALBA. La Alianza del Pacífico es el futuro de América Latina, y en buena hora países como Panamá y Costa Rica también están interesados en unirse cuanto antes.
  • Abolir todos los aranceles para el 2015: Chile se convertirá en el único país del cual tengo conocimiento en abolir todos los impuestos a sus importaciones. Ya el arancel promedio chileno es bastante bajo, así que el impacto económico será poco. Sin embargo el simbolismo de un país que declara apertura unilateral absoluta al comercio internacional es poderoso y constituye un ejemplo para todo el mundo.
  • Implementar la regla de que para abrir un negocio solo se requiera un día de trámites: En América Latina nos hemos hecho expertos en ponernos la soga al cuello en regulaciones y trabas al emprendimiento. En promedio se requiere de 56 días para poder abrir un negocio en la región —el más alto del mundo. Siguiendo el ejemplo de Nueva Zelanda, la administración Piñera ha impulsado legislación para que abrir un negocio tome únicamente un día. Otro ejemplo a seguir en la región.

Finalmente, quiero aclarar un punto de la entrevista que se presta para malentendidos. Cuando afirmo que no hay un debate en la centro-derecha chilena sobre la necesidad de una defensa abierta y sin complejos de los principios de libre mercado, me refiero exclusivamente a nivel político. A nivel intelectual hay un vibrante debate al respecto, que empezó con fuerza en el 2009 con el libro La fatal ignorancia de mi amigo Axel Kaiser, ahora director ejecutivo de la Fundación para el Progreso y que solo en los últimos meses ha visto la publicación de tres libros como El regreso del modelo de Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Con la fuerza de la libertad del ex senador de la UDI Jovino Novoa, y Gobernar con principios de Pablo Ortuzar y Francisco Javier Urbina.

Sí hay una fuerte crítica desde la centro-derecha chilena a lo que ha sido la debilidad de Sebastián Piñera por el populismo y el aplauso fácil. Mi preocupación es que esa firmeza intelectual parece no verse reflejada en los partidos políticos, especialmente en los dos aspirantes presidenciales de la centro-derecha.

Piñera llegó al poder diciendo que “solo con principios no se ganan elecciones”. Lamentablemente esa máxima también la aplicó a la hora de gobernar. Se han hecho cosas muy buenas. Pero la adopción de políticas populistas y la claudicación del relato político a la izquierda podrían tener consecuencias negativas que no se medirán en cifras macroeconómicas, sino en cómo podrían haber movido el péndulo de la discusión política lejos de las ideas liberales que han hecho de Chile el país más desarrollado de América Latina.

ACTUALIZACIÓN: Me ha informado mi amigo Pedro Larach de Chile que la propuesta del presidente Piñera de abolir todos los aranceles para el 2015 fue desechada como parte de las negociaciones con la Concertación para alcanzar una reforma tributaria. Este editorial de El Mercurio explica dicha situación así como el impacto negativo que el alza en los impuestos a las empresas tendría en las PYMES chilenas.

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