Los vaivenes que da el barco de las reformas fiscales en El Salvador, sacrificando la seguridad jurídica y la estabilidad de la inversión a cambio de aumentar en algún porcentaje la recaudación, tiene a contribuyentes, grandes y pequeños, a la expectativa de cómo nuevos impuestos van a afectar su bolsillo. Es entendible que haga falta dinero para hacer obras: el estado de las vías salvadoreñas está engrosando las ganancias de llanterías y talleres del país; sin embargo, se ve más énfasis por parte de nuestro gobierno en aumentar la carga fiscal, que en emprender políticas de austeridad.
La austeridad, tan publicitada para efectos electorales, no ha pasado de las vallas publicitarias y de los discursos gubernamentales. Esa austeridad, que tantos hogares salvadoreños ponen en práctica para hacerle frente a las crisis económicas, no ha sido trasladada al ámbito de lo macroeconómico. Tal y como dijera el escritor Miguel Aranguren, otro panorama nos tocaría en los temas presupuestarios si un séquito de madres de familia se tomaran el manejo de fondos del Estado.
La sabiduría económica que conlleva la administración de hogares, donde se sabe que el dinero que se gasta en chicles es dinero que se deja de gastar en otras “carteras” prioritarias como colegiaturas o consultas médicas, tendría efectos sumamente positivos de ser aplicada ante algunos despilfarros estatales como carros del año y computadoras, cuyo costo no podrá ser invertido ya en programas de educación o de seguridad ciudadana.

