El colchón de fraude electoral de Chávez

Ya comenzó el ataque a mansalva contra Henrique Capriles Radonsky por parte de los medios de comunicación oficiales venezolanos tras su contundente victoria en las primarias del domingo. Capriles es ahora el candidato de la coalición opositora y se enfrentará a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de octubre. Como informa el Wall Street Journal, los ataques malintencionados contra Capriles incluyen, entre otras cosas, insinuaciones de que es homosexual y un agente sionista.

Esta elección no será para nada justa. Chávez no solo controla la mayoría de los medios de comunicación venezolanos, sino que su gobierno también está aumentando drásticamente el gasto en programas sociales. Alrededor de 8,5 millones de venezolanos ya reciben algún tipo de ingreso permanente o asistencia por parte del Estado (4 millones de ellos son empleados públicos). El régimen chavista amenaza e intimida a aquellos que reciben ayuda estatal y se atreven a mostrar algún tipo de simpatía con la oposición. Por otra parte, ya que el voto en Venezuela es electrónico muchos temen —tal vez justificadamente— que sus votos no sean secretos. El gobierno alimenta tácitamente estos temores.

Eso no es todo. Chávez también controla el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Debido a la incapacidad de la oposición en el pasado de vigilar cada uno de los centros de votación del país, los resultados que son anunciados el día de las elecciones podrían no ser exactos. El Consejo Electoral por lo general toma mucho más tiempo del necesario para tabular los resultados de cada votación —algo inusual en un sistema electrónico—lo cual ha aumentado también la preocupación de que haya actividad fraudulenta.

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Se gesta una crisis institucional en Panamá

Panamá se encuentra en medio de una seria crisis política gracias a los intentos del presidente Ricardo Martinelli por resucitar un desaparecido tribunal de la Corte Suprema que podría pavimentarle su camino a la reelección.

Primero, entendamos el contexto: La Corte Suprema de Justicia de Panamá está dividida en cuatro salas especializadas que manejan áreas específicas del derecho (civil, penal, contencioso-administrativo y negocios generales). Las primeras tres salas están conformadas por tres magistrados cada una, mientras que la cuarta (que maneja los negocios generales) está conformada por los presidentes de las tres primeras salas.

Por un breve período existió una quinta sala encargada de temas constitucionales. Sin embargo, en 1999 la Asamblea Nacional derogó este órgano. Los temas constitucionales son actualmente dirimidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El año pasado la Corte Suprema, cuyo presidente es muy cercano a Martinelli, dictaminó que la ley que abolió a la Sala V es ilegal. Esto creó un vacío legal, ya que ahora nadie sabe con exactitud si eso significa que la sala debe ser restituida o bien, si se debe crear una nueva.

Martinelli aprovechó el controversial fallo de la Corte Suprema para impulsar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que rehabilitaría de nuevo a la Sala V. De aprobarse este proyecto, esta sala contaría con tres nuevos magistrados (nombrados por Martinelli) y conocería temas constitucionales, siendo uno de ellos la constitucionalidad de los límites a la reelección presidencial.

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El gobierno federal de EE.UU. asiste a los carteles mexicanos

Hace dos años el Washington Post reportó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. trajo al país a peligrosos narcotraficantes mexicanos (en inglés) quienes, mientras continuaban sus actividades criminales en México y en EE.UU., también servían de informantes para las autoridades federales en su guerra contra las drogas.

En junio, la Operación Rápido y Furioso salió a la luz en la cual el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) permitió que individuos sospechosos compraran armas en EE.UU. y las contrabandearan a México (en inglés). El propósito era rastrear las armas hasta el comprador final –un cartel mexicano. En total, la ATF permitió la compra de cientos de armas por parte de los carteles mexicanos. Muchas de estas fueron luego encontradas en escenas de crímenes en México, incluyendo una en la que un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. fue asesinado.

El domingo, el New York Times reportó que la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha estado lavando millones de dólares para los carteles mexicanos (en inglés). El propósito de la misión clandestina era seguir el dinero hasta los rangos más altos de las organizaciones criminales. Sin embargo, como señala el NYT, “Hasta ahora hay pocos indicios de que rastrear el dinero ha afectado las operaciones de los carteles y poca evidencia de que los narcotraficantes mexicanos están experimentando algún contratiempo financiero”.

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Ciudadanía en tiempos violentos

Acabo de regresar de un viaje por Honduras y México. En el primero, tuve la oportunidad de cruzar el país de sur a norte por tierra desde Goascoran hasta Omoa en el Caribe, pasando por Tegucigalpa, Siguatepeque, el lago Yojoa y Puerto Cortés. En el segundo, fue una visita distinta al DF que me llevó por calles que en viajes anteriores no había estado.

¿Que hay de común entre ambos países más allá de la cercanía geográfica, la belleza de sus paisajes, la riqueza natural, la exquisitez de sus comidas y por sobretodo la calidad de su gente, entre miles de otros atributos?

Lamentablemente, la sensación de miedo, riesgo e impotencia que se vive al conversar y caminar por sus calles.

Efectivamente, en Honduras —por ejemplo— constatamos que la calle esta dejando de existir como espacio para el ciudadano. La gente teme salir, con miedo pasea por los parques con sus hijos, difícilmente veremos alguien trotando y el paseo familiar es visitar los centros comerciales con circuito cerrado, que al igual que la zona hotelera esta controlada por policías privados fuertemente armados.

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El gobierno ecuatoriano y su intento fallido de vender una imagen positiva en Washington

Esta semana el gobierno ecuatoriano y los medios de comunicación del país enviaron representantes a Washington para participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de la libertad de expresión y prensa en Ecuador. La audiencia se realizó ayer y aquí pueden ver el video de la audiencia. Si el gobierno ecuatoriano pretendía vender la imagen de que en Ecuador hay un Estado de Derecho que garantiza derechos humanos como la libertad expresión y prensa, pues este periplo fracasó rotundamente.

Hay tres cosas tremendamente reveladoras. Primero, la delegación de los medios de comunicación inició la audiencia presentando un video que explica de manera breve (4 minutos) y clara la clase de gobierno que tenemos hoy en Ecuador:

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Un juez experto en “copia y pega”

Como se sabe el diario El Universo de Guayaquil, sus directivos y uno de sus columnistas fue condenado por una decisión del juez Juan Paredes a pagarle al presidente Rafael Correa $40 millones, y los 4 individuos involucrados fueron sentenciados a 3 años de cárcel. Se comentó desde el principio que la sentencia de Paredes había sido escrita en horas, a pesar de constar de numerosas páginas. El 31 de julio de 2011 El Universo publicó unos hallazgos del jurista Joffre Campaña, en los cuales se ve como el juez Paredes es un vulgar artífice del “copia y pega”. El tipo simplemente extrajo párrafos enteros de sitios virtuales chilenos y argentinos para construír su sentencia.

La nota aparecida ayer en El Universo dice, en parte:

“Mientras revisaba la sentencia del juez Juan Paredes en contra de la Compañía Anónima EL UNIVERSO, sus directivos y el ex-editor de Opinión, el jurista Joffre Campaña detectó unos textos que, a su criterio, eran ‘bastante elaborados’. Se referían, especialmente, a los conceptos sobre la injuria calumniosa, delito que el presidente Rafael Correa imputó a Emilio Palacio, Carlos, César y Nicolás Pérez”.

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Mordaza en Ecuador

Condenados. “Cuando advierta que para producir usted necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces usted podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”. (Ayn Rand, 1950).

Fue esta la portada que saludó por la mañana a miles de lectores del periódico ecuatoriano El Universo el pasado 21 de julio de 2011. Por la opinión personal de uno de sus columnistas, Emilio Palacio, el diario El Universo fue condenado en un juicio por 40 millones de dólares, por parte del presidente Rafael Correa, quien dijo sentirse injuriado por la columna publicada.

La columna era un análisis de la crisis de gobierno del 30 de septiembre del pasado 2010, y no un reporte periodístico con vocación de informar. Con la injusta condena, se pasó sin más, por encima del medio que John Stuart Mill acuñara como “la esencia para el descubrimiento de la verdad”; la libertad de expresión que en El Salvador disfrutamos y a veces tomamos por sentado.

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El hamponato judicial en Ecuador

Rafael Correa con guitarraComo Bucaram, como Chávez, payasos…

Al menos dos grandes escándalos judiciales han aflorado en Ecuador en el pasado reciente: (1) el relacionado con la sentencia contra la empresa ChevronTexaco, condenada a pagar miles de millones de dólares por un juez ecuatoriano corrupto, una decisión basada en un informe de un mal llamado experto, elaborado en gran parte por la parte acusadora. Esta decisión fue ayudada por las presiones abiertas del Presidente Correa y su gobierno para que se dictara un fallo condenatorio. Y (2) el relacionado con la decisión del juez de Guayaquil Juan Paredes, quien en 24 horas “elaboró” un informe de 80 páginas para declarar culpables de calumniar al presidente a un diario ecuatoriano y a uno de sus columnistas, dándole 3 años de prisión al columnista y obligando al diario, sus directivos y al columnista a pagarle a Correa $40 millones.

Detrás de las dos grotescas decisiones está Rafael Correa, quien se propone establecer en Ecuador un verdadero hamponato judicial, a imagen y semjanza del que ya existe en Venezuela gracias a Hugo Chávez, quien sigue siendo el tutor de Correa en estas marramucias.

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Un precedente nefasto en Ecuador

En menos de cuatro meses la justicia ecuatoriana, conocida por ser lenta, ha llegado a una decisión en la querella que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, planteó en contra del columnista Emilio Palacio, los directivos del diario que publicaba sus editoriales El Universo y la empresa Diario El Universo. Según el presidente, Emilio Palacio lo injurió en este artículo y los directivos del diario y la misma empresa “coadyuvaron” en la ejecución del supuesto delito. En otras palabras, se fijaría el precedente de responsabilizar a terceros –incluso con cárcel– de lo que un individuo dice a título personal y con su firma.

El dictamen establece que los directivos del diario –César, Carlos y Nicolás Pérez– y el columnista Emilio Palacio irán a la cárcel por tres años y que además deberán pagarle $30 millones a Correa. Además, el juez ha pedido que paguen 5% de los costos de los abogados del presidente. Finalmente, el dictamen pide que la empresa Diario El Universo le cancele otros $10 millones al presidente.

Esto es un acto de intimidación para todos los medios y ciudadanos independientes de Ecuador. Aunque no es el primer golpe a la libertad de expresión durante este gobierno, si es el más radical dado el contexto. El 7 de mayo el presidente obtuvo en las urnas el poder de “meter las manos en las cortes“, como él mismo lo dijo al proponer la consulta. De esta manera, el poder judicial del país próximamente podrá ser agregado la cada vez más extensa lista de instituciones capturadas por el gobierno.

Una vez que se complete la captura del poder judicial y luego de este dictamen, podremos esperar o más auto-censura por parte de los medios independientes o más personas enjuiciadas/encarceladas por opinar o una combinación de ambas cosas. Lo que si es seguro es que este es un duro golpe a la libertad en nuestro país.

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El departamento de Correa en Bélgica

Es típico que un nacionalista latinoamericano critique a las personas que sacan capitales de sus países y los invierten en otros lugares. El presidente Rafael Correa lo ha hecho muchas veces. En 2009 forzó a la banca privada a repatriar parte de sus activos en el exterior.

Lo que no es tan tradicional es que haya evidencia de que quien lo predica no necesariamente lo practica. La última semana a todos los ecuatorianos nos sorprendió la noticia, con fuente del Sistema de Rentas Internas del Ecuador (SRI) y luego de la misma presidencia, de que Correa había transferido $330.000 a una cuenta suya en Alemania. El presidente luego aclaró (…no sean brutos el dinero fue enviado a Bélgica y no a Alemania”) que el dinero era para comprar un departamento en Bélgica para su familia ya que posiblemente sus hijos estudiarán en ese país.

Pero la cosa no quedó ahí. Hoy, el director del SRI, Carlos Marx Carrasco, anunció que publicará la lista de todos los ciudadanos y los valores que han pagado por el impuesto a la salida de divisas “para que la ciudadanía vea (el comportamiento de) personeros de Diario El Universo, Diario Hoy, El Comercio de todos los medios, que con miseria humana se han permitido poner en duda… (lo que ha hecho el presidente)”. Así vemos, nuevamente, cómo en Ecuador la información reunida para cobrar impuestos sirve para que el poder político tome represalias.

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