Maduro va por buen camino

Yo tengo la siguiente hipótesis: si Hugo Chávez, al llegar a la presidencia de Venezuela no hubiera hecho absolutamente nada, es decir, si no hubiera pasado ninguna nueva ley o decreto, hubiera dejado que las cosas sigan como estaban y simplemente se hubiera dedicado a robar, Venezuela estaría hoy en mejor situación. Mi hipótesis, como muchas en las ciencias sociales, es de imposible demostración ya que no podemos hacer experimentos controlados, pero existen indicios que apuntan a darme la razón.

Cuando Chávez llegó al poder, el precio del petróleo estaba en aproximadamente 20 dólares por barril y sin embargo no faltaba leche o papel higiénico en los hogares venezolanos, no había desabastecimiento y no había la crispación política actual. Hoy el precio ronda los 50 dólares, es decir un 150% mejor que cuando Chávez asumió la presidencia por lo que no tiene sentido atribuir la crisis venezolana a la caída del precio del petróleo. Ni siquiera considero que la crisis haya sido causada por el robo de las arcas del Estado por parte del chavismo.

La crisis venezolana es producto de malas políticas bautizadas bajo el eslogan de “socialismo del siglo XXI”; es producto del paulatino cercenamiento de la potestad de los ciudadanos para tomar decisiones sobre su vida y su propiedad, para decidir por ellos mismos qué necesitan comprar o vender y a cuánto, disponiendo libremente de su propiedad, sea esto papas, tomates, casas, vehículos o leche.

Estas prerrogativas que naturalmente le pertenecen al individuo, fueron paulatinamente usurpadas por el gobierno. Y para asegurarse que los ciudadanos no puedan ejercer el derecho de disponer de su propiedad como les plazca, el gobierno se llenó de mecanismos de control: de precios, de tipos de cambio, de importación, de producción, etc. Y como frecuentemente sucede en los regímenes socialistas, se crearon controles para controlar a los que controlan y se estructuró un Estado burocrático, policiaco, enemigo de la libertad y la producción. Maduro ha decretado que desde ahora los funcionarios públicos venezolanos trabajen solo 5 horas y media por día. Esto es una buena medida que va en la dirección correcta, aunque sería aun mejor para Venezuela y los venezolanos que Maduro decretase que los funcionarios públicos, incluidos él y la Asamblea, no trabajasen nada, se vayan a sus casas, devuelvan las libertades usurpadas y dejen a la gente en paz.

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Gasto público récord y pobreza sigue preocupando

La creencia de que un mayor gasto público social conlleva directamente a una reducción de la pobreza, ha llevado a muchos gobiernos a abusar de las arcas públicas y a hacer uso del discurso populista propio del Estado benefactor para, entre otras cosas, mantenerse en el poder. Argentina no es la excepción.

El abrupto aumento del gasto público en Argentina no logró reducir sustancialmente el porcentaje de personas bajo los niveles de pobreza. Por el contrario, durante los últimos tres años y según los estudios llevados a cabo por el Observatorio Social de la UCA, los niveles de pobreza han mostrado leves aumentos. A esta situación se le suma además las cuestionadas cifras presentadas del INDEC, que, al no revelar la verdadera inflación argentina, muestran que la pobreza ha disminuido significativamente a lo largo de la década kirchnerista.

La política de aumento del gasto público, impulsada en una primera instancia por el gobierno de Néstor Kirchner y luego seguida por Cristina Fernández, se ha intensificado a partir del año 2005. El incremento de las erogaciones públicas tuvo como destino subsidios al sector energético, pago a empleados públicos, la incorporación de más de cuatro millones de personas sin aportes al sistema previsional y planes sociales.

De esta forma, el gasto público creció más de 651% entre el año 2005 y 2013. Como muestra el gráfico anterior, el exorbitante aumento del gasto no se condijo con una marcada reducción de los niveles de pobreza. Del 33% de pobres que se registraban en 2005 según cifras del INDEC y de la UCA, en 2013 la cifra cayó al 26%. Esto significa que con más de $870 mil millones únicamente pudieron salir de la pobreza poco más de 3 millones de personas en casi nueve años.

Por otro lado, las cifras del INDEC, manipuladas desde el año 2007, arrojan resultados muy alejados de la realidad. Para el organismo internacional la cantidad de personas que lograron salir de la pobreza entre el 2005 y 2013 fueron 12 millones, cuatro veces más que las mediciones de UCA. Claramente debería recordarse que estas cifras son elaboradas por el mismo organismo que en el año 2012 afirmó que una persona podía comer con $6 por día.

Los últimos dos años del período ofrecen un análisis con particularidades que merecen puntualizarse. En el 2011, los datos de la UCA mostraban que el 23% de la población era pobre. Dos años más tarde esa cifra ascendió al 26%. Para el mismo período, el gasto público creció $400 mil millones. Esto significa que el aumento del gasto no solo no fue suficiente para al menos mantener los niveles de pobreza, sino que la situación empeoró a tal medida que un millón de personas se sumaron a los millones de argentinos que no logran satisfacer necesidades básicas.

Las cifras anteriores dejan a entrever que el aumento del gasto público no implica reducciones en los niveles de la pobreza. Como se ha indicado en informes anteriores, el camino hacia la mejora de la calidad de vida de las personas va más allá de meros subsidios sociales, que, en gran medida, son utilizados políticamente. Es necesario hacer hincapié en las instituciones. Si hoy en día nos encontramos en una situación en donde las estadísticas oficiales han sido bastardeadas por el intervencionismo estatal, poco podrá hacerse a fin de reducir la pobreza.

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¿Políticas de shock o gradualismo?

Varios países de Latinoamérica afrontan serios problemas económicos. Argentina, por ejemplo, no sólo tiene serios desequilibrios, sino que en pocos meses tendrá elecciones presidenciales asumiendo la próxima administración en diciembre de este año. La salida de gobiernos populistas suele venir acompañada de un serio deterioro económico y esto genera el debate de si las reformas de política económica deben hacerse rápidamente (shock) o de a poco a medida que van teniendo efecto (gradualismo).

En esta nota de Infobae repaso el debate entre shock vs gradualismo y comento sobre tres casos generalmente referenciados de políticas de shock: Chile (1975), Bolivia (1985), y Polonia (1989).

“Llevar adelante reformas de manera gradual o mediante shock es un debate que va ganando presencia entre los candidatos presidenciales. Si bien ninguno es explícito sobre este tema, algunos candidatos hablan de, por ejemplo, quitar el cepo y eliminar la inflación rápidamente, otros, de tomarse varios meses o toda una gestión presidencial para bajar la inflación a un dígito. En síntesis: “shock” versus “gradualismo”.

La oposición a las políticas de shock suele basarse en que las mismas imponen un costo innecesario a la sociedad. Bajar el gasto público de golpe, por ejemplo, puede generar desempleo y desaceleración de la actividad económica. Por el otro lado, el gradualismo suele quedar a medio camino y las reformas, al quedar incompletas, son inconsistentes y nuevos problemas económicos aparecen en el mediano plazo. El gradualismo, por lo tanto, busca minimizar los costos sociales y económicos durante la transición. La crítica a las reformas en shock, sin embargo, obvia que las mismas también pueden hacerse con un plan de transición que hace justamente del gradualismo una opción innecesaria. Y dado que, de intentar hacer reformas de manera gradual, se corre el riesgo de que las mismas queden inconclusas, un shock bien planeado sería preferible al gradualismo”.

Acá pueden leer el artículo completo publicado en Infobae.

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Sobre la financiación del BCRA al Tesoro

En esta nota comento sobre la aceleración en la emisión monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar al Tesoro y por qué (al menos por el momento) esto no se ha traducido en mayor oferta monetaria e inflación.

En esa nota también afirmo que: “El BCRA se enfrenta con un dilema al momento de decidir financiar al sector público. Si no se quitan los pesos emitidos de circulación, entonces los pesos que se utilizan para comprar bienes y servicios aceleran la inflación y los pesos que se utilizan para comprar USD afectan a la cotización del dólar blue; es decir, lo que no va a inflación va a tipo de cambio blue. Si el BCRA quiere evitar (o minimizar) el impacto sobre la inflación, entonces debe emitir LEBACS y quitar pesos del mercado financiero. Esto disminuye los ahorros (locales) disponibles al sector privado a la vez que eleva las tasas de interés”.

Seguir leyendo en Economía Para Todos.

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Las recomendaciones de Milton Friedman para Chile

Aquí les presento el texto completo de la carta que le envió Milton Friedman al Presidente Pinochet el 21 de Abril de 1975, después de una visita de una semana a Chile. Ella aparece, por cierto en inglés, en el libro de memorias de Milton y Rose Friedman titulado Two Lucky People (The University of Chicago Press, 1998).

21 de Abril, 1975.
Personal
Excmo. Sr. Augusto Pinochet Ugarte
Presidente
Edificio Diego Portales
Santiago, Chile

Estimado señor Presidente:

Durante la visita que le hiciéramos el viernes 21 de Marzo, realizada con el objeto de discutir la situación económica de Chile, Usted me pidió que le transmitiera mi opinión acerca de la situación y políticas económicas chilenas luego de completar mi estancia en su país. Esta carta responde a tal requerimiento.

Permítame primero decirle cuán agradecidos estamos mi esposa y yo de la cálida hospitalidad que nos brindaran tantos chilenos durante nuestra breve visita; nos hicieron sentir como si realmente estuviéramos en casa. Todos los chilenos que conocimos estaban muy conscientes de la seriedad de los problemas que su país enfrenta, dándose cuenta de que el futuro inmediato iba a ser muy difícil. Sin embargo, todos mostraban una firme determinación en aras de superar dichas dificultades y una especial dedicación en el trabajo por un futuro más próspero.

El problema económico fundamental de Chile tiene claramente dos aristas: la inflación y la promoción de una saludable economía social de mercado. Ambos problemas están relacionados: cuánto más efectivamente se fortalezca el sistema de libre mercado, menores serán los costos transicionales de terminar con la inflación. Sin embargo, y pese a estar relacionados, se trata de dos problemas diferentes: el fortalecimiento del libre mercado no culminará con la inflación per se, como tampoco terminar con la inflación derivará automáticamente en un vigoroso e innovador sistema de libre mercado.

La causa de la inflación en Chile es muy clara: el gasto público corresponde, aproximadamente, a un 40% del ingreso nacional. Cerca de un cuarto de este gasto no deriva de impuestos explícitos y, por lo tanto, debe ser financiado emitiendo una mayor cantidad de dinero; en otras palabras, a través del impuesto oculto de la inflación. El impuesto inflación, utilizado para levantar una cantidad de dinero equivalente al 10% del ingreso nacional es, por ende, extremadamente gravoso – una tasa impositiva de 300% a 400% (es decir, la tasa de inflación)- impuesta sobre una estrecha base de cálculo- 3% a 4% del ingreso nacional (es decir, el valor de la cantidad de dinero que circula en Chile como efectivo y depósitos en cuentas corrientes).

Este impuesto inflación genera un enorme daño al inducir a las personas a dedicar un gran esfuerzo por limitar su posesión de dinero en efectivo. Esa es la razón por la cual la base es tan estrecha. En la mayoría de los países, desarrollados y subdesarrollados, la cantidad de dinero es más cercana al 30% del ingreso nacional que al 3% o 4% de éste. Desde la perspectiva del gasto total, que es un múltiplo del ingreso, el dinero en Chile alcanza sólo a algo así como 3 días de gasto, lo que fuerza a realizar nada más que operaciones de subsistencia en el rubro comercio, además de estrangular al mercado de capitales.

Existe solo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal. Por principio, el déficit fiscal puede ser reducido disminuyendo el gasto público, aumentando los impuestos o endeudándose dentro o fuera del país. Exceptuando el endeudamiento externo, los otros tres métodos tendrían los mismos efectos transitorios en el empleo, aunque afectando a diferentes personas -disminuir el gasto público afectaría inicialmente a los empleados públicos, aumentar los impuestos afectaría inicialmente a las personas empleadas por quienes pagan impuestos, y endeudarse afectaría inicialmente a las personas empleadas por los titulares de los créditos o por la las personas que, de otro modo, hubieran conseguido esos fondos prestados.

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Reseña de “El capital en el siglo XXI”

Mucho se ha escrito sobre El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. Las críticas al libro se resumen en dos grandes grupos: (1) cuestiones teóricas y (2) problemas empíricos. En esta reseña para la Fundación Libertad y Progreso resumo algunos de los mayores problemas encontrados en la obra de Piketty.

“La publicación en inglés del libro El capital en el siglo 21 del economista francés Thomas Piketty ha generado un intenso y a veces hasta acalorado debate en Estados Unidos. Su publicación en español por el Fondo de Cultura Económica (FCE) puede generar un impacto similar en los países de habla hispana. El libro de Piketty trata directamente sobre cuestiones de distribución del ingreso, siendo un tema de debate político y social en Latinoamérica es de esperar que el libro tenga cierto impacto.

Tantas opiniones se han vertido sobre el libro Piketty que no puedo dejar de mencionar que no reclamo originalidad en los puntos que discuto a continuación. De hecho, en lo que sigue me baso fundamentalmente en los trabajos de Dierdre McCloskey, Xavier Sala-i-Martin, Philip Magness, Robert Murphy, Juan Ramón Rallo, David Henderson, y Chris Giles cuya lectura es recomendable”.

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Ecuador: ¿Salvaguardar o no salvaguardar?

A partir de hoy (11 de marzo) entra en vigencia la Resolución N° 011-2015 del Comité de Comercio Exterior (COMEX) del Ecuador que establece sobretasas arancelarias entre el 5% y 45% para la tercera parte de los productos importados, exceptuando la mayoría de materias primas y bienes de capital. Según las autoridades gubernamentales, con esta medida se busca mitigar el efecto que tendrá la caída del precio del petróleo en las exportaciones, estimada en unos $3.000 millones, y así proteger la balanza comercial y la dolarización.

Aunque no es la primera vez que el Gobierno se decide por este tipo de medidas, sí es la restricción más fuerte al comercio que ha impuesto. Al igual que ahora, en enero de 2009 el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) estableció una salvaguardia para precautelar la balanza comercial, también por la caída del precio del petróleo. Sin embargo, en aquella ocasión la sobretasa máxima fue del 35% para bienes como bebidas alcohólicas, cosméticos, celulares, entre otros bienes de consumo. Esto afectó a un poco más de 600 artículos de importación. En cambio, la restricción del 2015, aumenta hasta en 45% los aranceles vigentes y afecta a más de 3.000 productos como televisores, repuestos automotrices, cerámicas, camiones, alimentos y demás.

Además, a pesar que las autoridades han sugerido que la salvaguardia dure 15 meses, la Resolución no especifica la fecha de expiración, solo establece que es de “carácter temporal”. En cambio, en la del 2009, el Artículo 1 definió explícitamente que la salvaguardia sería “temporal y por el periodo de un (1) año”. Actualmente solo se conoce que tras los 15 meses sugeridos por el Ministerio Coordinador de la Política Económica se revisará para determinar su fin, o continuidad.

Pero Ecuador no es el único país sin moneda propia con problemas deficitarios en su cuenta corriente. Si comparamos el promedio del déficit de la cuenta corriente en relación al Producto Interno Bruto (PIB) entre 2005-2013 de Panamá (-8,1%) con Ecuador (0,8%), se podría concluir que Panamá necesitaría mucho control sobre sus importaciones. Pero a pesar de no tener política monetaria, no ha optado por la aplicación de medidas restrictivas al comercio. La estrategia de Panamá se fundamenta en atraer grandes flujos de capital además de libertad de comercio y financiera.

Otro factor importante de considerar es el problema fiscal que atraviesa el Estado ecuatoriano. Entre 2007 y 2014 el gasto del Sector Público no Financiero, que engloba toda la actividad del Estado, pasó del 25% a más del 45% del PIB. Esto conllevó pasar de un resultado global superavitario del 1,9% del PIB a un déficit del 4,6% en el 2014. Para el 2015, con la caída de los ingresos petroleros (tercera parte del total), la necesidad de financiamiento del Estado superaría los $10.000 millones.

Esta agresiva medida para restringir las importaciones y la salida de divisas evidenciaría que la economía ecuatoriana no está “tan preparada” para asumir impactos externos como la caída del precio de petróleo y el fortalecimiento del dólar. Es ahora cuando no haber diversificado las fuentes de divisas le costará caro al país. Con una reducida inversión extranjera de menos de $800 millones por año, limitados mercados de exportación, elevado déficit fiscal y endeudamiento agresivo, el Ecuador es cada vez más vulnerable a los cambios repentinos de la economía mundial.

Es evidente que el 2015 será un año difícil para los ecuatorianos. No solo por la reducción del poder adquisitivo como consecuencia del aumento de aranceles sino también por la reducción de la actividad comercial que afectará al empleo y el crecimiento económico. Por último, la dolarización para fortalecerse no necesita salvaguardias, impuestos, aranceles, cupos, cuotas u normas técnicas, lo que necesita es mayor apertura comercial, inversión productiva y reglas claras que incentiven el empleo y la producción.

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El insólito control de cambios en la Argentina

Desde el año 2011, la Argentina sufre un severo y estricto control de cambios (llamado cepo por el común de la gente) instrumentado por el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner. Desde entonces, cambiar dólares u otras monedas a pesos y viceversa se ha convertido en una tarea titánica, prácticamente imposible. Por supuesto,  no se logró otra cosa más que consolidar el mercado paralelo (popularmente conocido como blue), que se expandió hasta lograr una brecha  entre el dólar oficial y el del libre mercado del orden del 50%. Demás está decir que tan exótica medida no hizo más que desalentar el comercio, desproteger los ahorros de las personas, obligarlos a operar en la informalidad, etc.

Sin embargo, en octubre del presente año habrá elecciones presidenciales, lo que podría introducir un callejón de salida a los argentinos, agobiados por éste y tantos otros temas. En este contexto, uno de los candidatos que, según las encuestas, comparte el terceto de posibles triunfadores, el ex Jefe de Gabinete de Ministros del kirchnerismo (2007-2008) Sergio Massa, que se presenta en un partido propio, declara, junto a su flamante equipo económico integrado en su gran mayoría por ex oficialistas, que posee un supuesto plan para liberar el cepo en 100 días del que mucho no se sabe aún. Sus explicaciones, como suele suceder en las campañas argentinas, no se distinguen por la claridad. Son, más bien, un conjunto de frases más o menos bien armadas, pero finalmente insustanciales y, muchas veces, inconexas y mutuamente contraproducentes.

Ahora bien, habla de 100 días, cuando este tipo de medidas de ninguna manera pueden tardar tanto tiempo en instrumentarse. Es más, la dilación seguramente juega en contra de la real efectividad de este plan que, como dijimos, ni siquiera ha sido explicado en detalle.

En cambio, lo lógico sería tomar el toro por las astas y, sin demora ninguna, terminar con el actual mercado de moneda extranjera que tiene Argentina hoy en día: un  gobierno que monopoliza absolutamente la compra/venta de divisas mediante el Banco Central. Si, como bien sabemos, es generador de derroches, negociados y prebendas cualquier “mercado” estatal, está claro que al caso que analizamos le corresponden las generales de la ley. Dado que el dinero es una mercancía como cualquier otra, lo que se debe hacer es dejar comerciar con total libertad a las casas de cambio, negocios, particulares, exportadores, importadores,  en definitiva al mercado, que puedan elegir la moneda de su preferencia al tipo de cambio libremente interactuado entre ellos. Esto no es para nada descabellado, es solamente lo que se hace en gran parte del mundo, ¿por qué debería ser distinto para Argentina?

Finalmente, de esta manera se liberaría al Banco Central de la tarea de controlar y administrar el mercado de divisas, y los dólares que tiene en sus reservas (por otra parte, cada vez más escasas) se destinarían (como debe ser) solamente a respaldar la moneda –pesos- que emite.

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La convertibilidad en Argentina

Está disponible en YouTube el video de mi charla en Quito, en el marco del seminario “A 15 años de la Dolarización en Ecuador” (10-11 de noviembre de 2014), organizado por la Universidad San Francisco de Quito. Repasé la historia de la convertibilidad en Argentina, con sus aciertos y sus problemas que, a mi criterio, no fueron “sus” problemas, sino los que el gobierno generó.

También pueden ver el video de la charla de Larry White (sobre la dolarización), Luis Espinosa Goded (sobre Venezuela) y Carlos González Ramírez (sobre Panamá).

Publicado originalmente en el blog de Iván Carrino.

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Una agenda liberal para Costa Rica

Comparto con ustedes el discurso que di el 13 de noviembre en la cena anual de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) donde me honraron con el Premio ANFE a la Libertad 2014:

Buenas noches.

Agradezco profundamente a la Asociación Nacional de Fomento Económico por el honor que me brindan al otorgarme este Premio ANFE a la Libertad. Lo recibo con mucha humildad y consciente de que mi trayectoria a favor de las ideas liberales palidece en comparación con la gente que me precede recibiendo este galardón; individuos de la talla de Rodolfo Piza Escalante, Alberto di Mare, Jorge Corrales, Cecilia Valverde, entre otros.

Quiero iniciar agradeciéndole también a la persona que me introdujo a estas ideas: Otto Guevara. Fue hace 16 años cuando, en mi primer año de universidad, le toqué la puerta para pedirle que me explicara eso del libertarismo. No fue una venta fácil, pero mi escepticismo inicial fue dando paso a un convencimiento cada vez más profundo, que luego desembocaría en convicción. Y fue precisamente un noviembre hace 16 años que Otto me abrió las puertas de su despacho para permitirme trabajar como su asistente ad honorem. Si no hubiera sido por esa oportunidad, hoy no estaría aquí con ustedes.

En estos 16 años en que he estado involucrado en la promoción de las ideas liberales, son muchos los amigos y las experiencias que he cultivado, tanto aquí en Costa Rica como en todas las Américas. Para mí es un gran honor compartir esta causa con ustedes, y quiero agradecerles a quienes con sus críticas y consejos han contribuido a enriquecer mis planteamientos. Tomo las palabras de Carlos Alberto Montaner sobre los liberales para resumir mi sentir: “No hemos alcanzado la victoria, y tal vez no la alcancemos nunca, pero ha valido la pena estar en la batalla. Ha sido hermoso estar en las trincheras”. Y, agrego, ha sido hermoso no solo por la satisfacción que brinda esta causa, sino también por la compañía.

¡Y vaya batalla en la que estamos! Los liberales costarricenses nos encontramos ante una coyuntura delicada en este 2014. Por un lado tenemos ante nosotros una administración en Zapote que abiertamente suspira por regresar el país a los años setenta, a un Estado que, en palabras del presidente Luis Guillermo Solís, llegue a ser “tan grande como sea necesario para manejar de forma eficaz la economía”. Sin embargo, ante nosotros también tenemos un modelo que, si bien abrió la economía costarricense en las últimas tres décadas, es profundamente mercantilista en su naturaleza.

La apertura económica que ha experimentado Costa Rica a partir de mediados de los ochenta nos ha dado un ritmo de crecimiento económico que se encuentra entre los más altos de América Latina. No obstante, las cifras oficiales indican que el país ha fracasado consistentemente en reducir la tasa de pobreza por debajo de la barrera del 20 por ciento. Según los últimos cálculos del INEC, la pobreza incluso aumentó en el último año y ahora afecta a más de un millón de costarricenses. Esto debe servir de prueba inequívoca del déficit social del modelo.

Una mirada detallada a las medidas de liberalización que se han implementado en los últimos 30 años revela el fuerte sesgo mercantilista de estas. Gobiernos sucesivos adoptaron regímenes monetarios, comerciales, fiscales y regulatorios que beneficiaron a sectores específicos a expensas de la población en general, especialmente de los más pobres.

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