No aprovechamos el petróleo, aprovechemos el dólar

Ecuador atraviesa la época más difícil de la última década. Dos factores externos serían los motivos principales (al menos en la versión del Gobierno): la caída del precio del petróleo en más del 60% desde junio del 2014[1], y la revalorización del dólar[2]. Si se mira al interior del país, surgen otros factores que podrían ser los verdaderos agravantes y causas de la crisis.

¿Qué pasa con el petróleo?

Esta semana el precio del petróleo tocó fondo. El barril de crudo WTI, referencial para el crudo Oriente de Ecuador, cayó al más bajo en 6 años. Eso ha ubicado al petróleo ecuatoriano alrededor de $36 esta semana. No queda de otra, toca bailar con la chica fea del baile.

El efecto directo es sobre los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE). De acuerdo a cifras de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas[3], los ingresos petroleros cayeron 24% entre enero y julio de 2015 (el año pasado aumentaron 8% en el mismo periodo). Es decir, de un ingreso mensual promedio de $362 millones en la primera mitad de 2014, cayó a $274 millones este año.

Pero hay un factor clave por considerar. El pago mensual por las obligaciones de las ventas anticipadas de petróleo aumentó de $183 millones en enero a $219 millones en julio (+20%). Si comparamos esa cifra con el ingreso petrolero del mes, se observa una diferencia de $92 millones. En otras palabras, se podría decir que en el mes de junio se destinó el 70% de los ingresos petroleros al pago de las preventas petroleras (una deuda que “no es del Estado” pero que se registra en las obligaciones del PGE). En marzo, cuando el precio estuvo casi tan bajo como ahora, el saldo fue $7 millones, el 3% del ingreso petrolero del mes.[4]

Otro factor importante es cuánto cuesta producir petróleo en Ecuador. De acuerdo a un informe del 2013 de Petroecuador EP[5], el costo unitario por barril de petróleo de las empresas públicas es de $18, mientras que a las privadas se les paga en promedio una tarifa de $32. Esto indica que al precio de hoy el Estado estaría perdiendo dinero frente a las empresas petroleras privadas. Es importante destacar que tras el cambio de modelo en la explotación petrolera, la producción privada cayó drásticamente y actualmente es de apenas el 22% del total[6].

En otras palabras, si bien la caída del precio del petróleo es un problema externo que afecta incluso a la producción privada local, internamente el impacto mayor radica en haber comprometido más de la mitad de la producción nacional a las ventas anticipadas de petróleo (a precios aún menores). Este año ya han ingresado $1.400 millones por este concepto, mientras que se han pagado más de $1.644 millones.

¿Es un problema el dólar?

El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas del mundo es la otra chica fea de la fiesta. En este caso el problema es que se complica la entrada de divisas mientras que se incentiva su salida. Con un dólar con más valor es más barato comprar que vender al mundo. La cancha se inclina hacia el lado de los importadores.

La solución del Gobierno fue castigar las importaciones agregando una sobretasa (que va del 5% al 45%) al arancel. Lo que busca es hacer el producto más caro para desmotivar su compra. Siguiendo esa misma lógica, si el dólar se sigue fortaleciendo la respuesta sería o más salvaguardias, o más Impuesto o control directo a la Salida de Divisas.

Todos hablan del dólar como un lastre. Veamos lo que no se ve. Con esta medida en Ecuador está sucediendo exactamente lo contrario de lo que debería suceder en una economía dolarizada y abierta. Ahora (con un dólar mucho más valioso) es cuando las familias ecuatorianas deberían estar comprando computadoras para sus hijos a mitad de precio. Igual con televisores, cocinas, equipos de sonido y hasta las cocinas de inducción. Incluso más alimentos. Es como si se hubieran subido los sueldos a nivel nacional, el dinero simplemente daría para más.

En una economía de mercado, los empresarios estarían importando maquinaria de alta tecnología que les permita optimizar procesos y reducir costos. Las materias primas se conseguirían más baratas y los comerciantes vendiendo más. Incluso los precios nacionales tendrían que bajar producto de la competencia del mercado.

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Cómo Chávez y Maduro han arruinado a los venezolanos

Venezuela es un país sumido en la miseria debido a las políticas antiliberales aplicadas durante años por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En este video de apenas 15 minutos relato las claves de estas políticas antiliberales que han arruinado al pueblo venezolano.

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Divulgando las ideas de Milton Friedman

Hace poco, el 31 de julio, se conmemoró el natalicio de Milton Friedman. Esto es una ocasión magnífica para homenajearlo. ¿Y cuál es la mejor forma? Pues dando a conocer sus ideas, demostrando que siguen teniendo plena vigencia.


(parte 1)


(parte 2)

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El ascenso del Leviatán en Honduras

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 70% de la masa laboral de Honduras trabaja en la informalidad. Como bien explica el jurista peruano Enrique Ghersi, la informalidad es una estrategia de supervivencia de los más pobres, ya que, cuando cumplir con la ley se vuelve demasiado caro, la única decisión razonable es vivir al margen de ella. Las políticas tributarias del Gobierno hondureño parecen estar empecinadas a formalizar a todas estas personas a la fuerza, acentuando aún más el apartheid económico si no lo hacen.

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (agencia de recaudación fiscal) ha venido implementando un nuevo régimen de facturación, promovido por su directora Miriam Guzmán, que trae consigo severas complicaciones y un brusco aumento de costos a los pequeños empresarios y al sector informal de la economía.

Actualmente muchos supermercados y otros negocios venden al público productos adquiridos de empresarios informales, como pequeños agricultores, carpinteros o panaderos. El nuevo esquema obligará a las empresas a exigirles a sus proveedores que se registren y se formalicen, porque de lo contrario deberán pagar más en impuestos, ya que no podrán justificar los gastos de su empresa sin la debida facturación.

No es consecuente pensar que esta formalización masiva se volverá una realidad y muchos empresarios se preocupan de que el resultado sea no una ampliación de la base tributaria, sino el incremento de la explotación fiscal sobre el mismo segmento de la población.

Miriam Guzmán, Directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Una economía lenta, como la hondureña, necesita que el dinero se mantenga en las manos de los ciudadanos para que se invierta en su consumo diario y sus emprendimientos de negocio. Pasarlo a las manos de los políticos para financiar la corrupción y las medidas populistas con las que esperan obtener votos en las próximas elecciones solo agravará la crítica situación del país.

El problema no es que al Estado le falten recursos, sino que gasta demasiado en ambiciones políticas y olvida sus responsabilidades más básicas. Con el nuevo sistema se le exige a las personas menos beneficiadas por el Estado que paguen más, a pesar de que actualmente se encuentran sin acceso a la justicia, educación o salud.

Los hondureños no encuentran descanso en ninguna parte; por un lado, se encuentran constantemente agredidos por las extorsiones y los asaltos del crimen común, y por el otro, se encuentran obligados a cargar con la insaciable hambre del Estado por obtener ingresos.

Sin embargo, evadir impuestos en Honduras no solo se trata de supervivencia económica, sino hasta de integridad corporal. En el 2013, una investigación reveló que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) había sido infiltrada por miembros de diferentes grupos del crimen organizado, como las pandillas y maras, quienes utilizaban la información de los contribuyentes para coordinar el cobro del denominado “impuesto de guerra” a los contribuyentes más pudientes. Bajo estas circunstancias y con un sistema de justicia colapsado ¿quieren que paguemos más impuestos?

Agresión fiscal como medio de intimidación

La politización de las instituciones públicas es un fenómeno muy bien conocido en Honduras, y la DEI no es la excepción. Al estilo de los escándalos de la IRS, ya se empiezan a escuchar las denuncias de persecución en contra de quienes públicamente han expresado su oposición a la agresión fiscal. El empresario Jimmy Dacareth presentó una denuncia formal contra la directora de la DEI, Miriam Guzmán, ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), en virtud de haber recibido un notificación de fiscalización de su empresa después que la directora Guzmán se refiriera a él en un programa de radio, al decir ella que firmó una fiscalización contra un contribuyente por andar de “abanderado”.

La intimidación también ha cobrado vida legal: las reformas al Código Tributario requieren que la DEI presente acusación contra los contribuyentes, inclusive si ellos mismos rectifican y corrigen cualquier error en sus cálculos de impuestos a pagar antes de que la DEI se haya percatado de dicho error. De igual forma, una reforma al Código Penal penaliza con 3 a 6 años de cárcel a quienes por medios verbales o escritos inciten a no pagar los tributos correspondientes. Cabe preguntar si hay responsabilidad penal contra los que distribuyan copias de los escritos de Henry David Thoreau o Lysander Spooner, quienes promovían la resistencia fiscal como medio de protesta contra las políticas de Estado.

La militarización de la recaudación fiscal

Representante del restaurante Tonys Mar detenido por la PMOP por ser acusado del delito de defraudación fiscal (foto El Heraldo).

Cuando la Policía Militar de Orden Público (PMOP) empezó a patrullar las calles de Honduras, el Gobierno argumentó que la finalidad era combatir el crimen organizado: las pandillas, maras, narcotraficantes y sicarios. Pero la militarización de una sociedad siempre termina de la misma manera, con la ciudadanía siendo perseguida por una cantidad cada vez mayor de delitos. Tras una reforma a final de año en 2013, la Policía Militar tiene la potestad para perseguir los delitos de defraudación fiscal y contrabando.

¿A caso la DEI necesita militares encapuchados, armados con fusiles Galil ACE 21 (dispara 700 balas por minuto) y protegidos por kevlar nivel 3 para cobrarle impuestos al empresariado hondureño?

La PMOP es una pesada carga financiera para los contribuyentes y utilizarla para perseguir delitos no violentos representa el mismo malgasto de recursos que convence a muchos hondureños a evadir el pago de impuestos.

Este artículo fue publicado originalmente en el PanAm Post el 28 de Junio, 2015.

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Maduro va por buen camino

Yo tengo la siguiente hipótesis: si Hugo Chávez, al llegar a la presidencia de Venezuela no hubiera hecho absolutamente nada, es decir, si no hubiera pasado ninguna nueva ley o decreto, hubiera dejado que las cosas sigan como estaban y simplemente se hubiera dedicado a robar, Venezuela estaría hoy en mejor situación. Mi hipótesis, como muchas en las ciencias sociales, es de imposible demostración ya que no podemos hacer experimentos controlados, pero existen indicios que apuntan a darme la razón.

Cuando Chávez llegó al poder, el precio del petróleo estaba en aproximadamente 20 dólares por barril y sin embargo no faltaba leche o papel higiénico en los hogares venezolanos, no había desabastecimiento y no había la crispación política actual. Hoy el precio ronda los 50 dólares, es decir un 150% mejor que cuando Chávez asumió la presidencia por lo que no tiene sentido atribuir la crisis venezolana a la caída del precio del petróleo. Ni siquiera considero que la crisis haya sido causada por el robo de las arcas del Estado por parte del chavismo.

La crisis venezolana es producto de malas políticas bautizadas bajo el eslogan de “socialismo del siglo XXI”; es producto del paulatino cercenamiento de la potestad de los ciudadanos para tomar decisiones sobre su vida y su propiedad, para decidir por ellos mismos qué necesitan comprar o vender y a cuánto, disponiendo libremente de su propiedad, sea esto papas, tomates, casas, vehículos o leche.

Estas prerrogativas que naturalmente le pertenecen al individuo, fueron paulatinamente usurpadas por el gobierno. Y para asegurarse que los ciudadanos no puedan ejercer el derecho de disponer de su propiedad como les plazca, el gobierno se llenó de mecanismos de control: de precios, de tipos de cambio, de importación, de producción, etc. Y como frecuentemente sucede en los regímenes socialistas, se crearon controles para controlar a los que controlan y se estructuró un Estado burocrático, policiaco, enemigo de la libertad y la producción. Maduro ha decretado que desde ahora los funcionarios públicos venezolanos trabajen solo 5 horas y media por día. Esto es una buena medida que va en la dirección correcta, aunque sería aun mejor para Venezuela y los venezolanos que Maduro decretase que los funcionarios públicos, incluidos él y la Asamblea, no trabajasen nada, se vayan a sus casas, devuelvan las libertades usurpadas y dejen a la gente en paz.

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Gasto público récord y pobreza sigue preocupando

La creencia de que un mayor gasto público social conlleva directamente a una reducción de la pobreza, ha llevado a muchos gobiernos a abusar de las arcas públicas y a hacer uso del discurso populista propio del Estado benefactor para, entre otras cosas, mantenerse en el poder. Argentina no es la excepción.

El abrupto aumento del gasto público en Argentina no logró reducir sustancialmente el porcentaje de personas bajo los niveles de pobreza. Por el contrario, durante los últimos tres años y según los estudios llevados a cabo por el Observatorio Social de la UCA, los niveles de pobreza han mostrado leves aumentos. A esta situación se le suma además las cuestionadas cifras presentadas del INDEC, que, al no revelar la verdadera inflación argentina, muestran que la pobreza ha disminuido significativamente a lo largo de la década kirchnerista.

La política de aumento del gasto público, impulsada en una primera instancia por el gobierno de Néstor Kirchner y luego seguida por Cristina Fernández, se ha intensificado a partir del año 2005. El incremento de las erogaciones públicas tuvo como destino subsidios al sector energético, pago a empleados públicos, la incorporación de más de cuatro millones de personas sin aportes al sistema previsional y planes sociales.

De esta forma, el gasto público creció más de 651% entre el año 2005 y 2013. Como muestra el gráfico anterior, el exorbitante aumento del gasto no se condijo con una marcada reducción de los niveles de pobreza. Del 33% de pobres que se registraban en 2005 según cifras del INDEC y de la UCA, en 2013 la cifra cayó al 26%. Esto significa que con más de $870 mil millones únicamente pudieron salir de la pobreza poco más de 3 millones de personas en casi nueve años.

Por otro lado, las cifras del INDEC, manipuladas desde el año 2007, arrojan resultados muy alejados de la realidad. Para el organismo internacional la cantidad de personas que lograron salir de la pobreza entre el 2005 y 2013 fueron 12 millones, cuatro veces más que las mediciones de UCA. Claramente debería recordarse que estas cifras son elaboradas por el mismo organismo que en el año 2012 afirmó que una persona podía comer con $6 por día.

Los últimos dos años del período ofrecen un análisis con particularidades que merecen puntualizarse. En el 2011, los datos de la UCA mostraban que el 23% de la población era pobre. Dos años más tarde esa cifra ascendió al 26%. Para el mismo período, el gasto público creció $400 mil millones. Esto significa que el aumento del gasto no solo no fue suficiente para al menos mantener los niveles de pobreza, sino que la situación empeoró a tal medida que un millón de personas se sumaron a los millones de argentinos que no logran satisfacer necesidades básicas.

Las cifras anteriores dejan a entrever que el aumento del gasto público no implica reducciones en los niveles de la pobreza. Como se ha indicado en informes anteriores, el camino hacia la mejora de la calidad de vida de las personas va más allá de meros subsidios sociales, que, en gran medida, son utilizados políticamente. Es necesario hacer hincapié en las instituciones. Si hoy en día nos encontramos en una situación en donde las estadísticas oficiales han sido bastardeadas por el intervencionismo estatal, poco podrá hacerse a fin de reducir la pobreza.

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¿Políticas de shock o gradualismo?

Varios países de Latinoamérica afrontan serios problemas económicos. Argentina, por ejemplo, no sólo tiene serios desequilibrios, sino que en pocos meses tendrá elecciones presidenciales asumiendo la próxima administración en diciembre de este año. La salida de gobiernos populistas suele venir acompañada de un serio deterioro económico y esto genera el debate de si las reformas de política económica deben hacerse rápidamente (shock) o de a poco a medida que van teniendo efecto (gradualismo).

En esta nota de Infobae repaso el debate entre shock vs gradualismo y comento sobre tres casos generalmente referenciados de políticas de shock: Chile (1975), Bolivia (1985), y Polonia (1989).

“Llevar adelante reformas de manera gradual o mediante shock es un debate que va ganando presencia entre los candidatos presidenciales. Si bien ninguno es explícito sobre este tema, algunos candidatos hablan de, por ejemplo, quitar el cepo y eliminar la inflación rápidamente, otros, de tomarse varios meses o toda una gestión presidencial para bajar la inflación a un dígito. En síntesis: “shock” versus “gradualismo”.

La oposición a las políticas de shock suele basarse en que las mismas imponen un costo innecesario a la sociedad. Bajar el gasto público de golpe, por ejemplo, puede generar desempleo y desaceleración de la actividad económica. Por el otro lado, el gradualismo suele quedar a medio camino y las reformas, al quedar incompletas, son inconsistentes y nuevos problemas económicos aparecen en el mediano plazo. El gradualismo, por lo tanto, busca minimizar los costos sociales y económicos durante la transición. La crítica a las reformas en shock, sin embargo, obvia que las mismas también pueden hacerse con un plan de transición que hace justamente del gradualismo una opción innecesaria. Y dado que, de intentar hacer reformas de manera gradual, se corre el riesgo de que las mismas queden inconclusas, un shock bien planeado sería preferible al gradualismo”.

Acá pueden leer el artículo completo publicado en Infobae.

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Sobre la financiación del BCRA al Tesoro

En esta nota comento sobre la aceleración en la emisión monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar al Tesoro y por qué (al menos por el momento) esto no se ha traducido en mayor oferta monetaria e inflación.

En esa nota también afirmo que: “El BCRA se enfrenta con un dilema al momento de decidir financiar al sector público. Si no se quitan los pesos emitidos de circulación, entonces los pesos que se utilizan para comprar bienes y servicios aceleran la inflación y los pesos que se utilizan para comprar USD afectan a la cotización del dólar blue; es decir, lo que no va a inflación va a tipo de cambio blue. Si el BCRA quiere evitar (o minimizar) el impacto sobre la inflación, entonces debe emitir LEBACS y quitar pesos del mercado financiero. Esto disminuye los ahorros (locales) disponibles al sector privado a la vez que eleva las tasas de interés”.

Seguir leyendo en Economía Para Todos.

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Las recomendaciones de Milton Friedman para Chile

Aquí les presento el texto completo de la carta que le envió Milton Friedman al Presidente Pinochet el 21 de Abril de 1975, después de una visita de una semana a Chile. Ella aparece, por cierto en inglés, en el libro de memorias de Milton y Rose Friedman titulado Two Lucky People (The University of Chicago Press, 1998).

21 de Abril, 1975.
Personal
Excmo. Sr. Augusto Pinochet Ugarte
Presidente
Edificio Diego Portales
Santiago, Chile

Estimado señor Presidente:

Durante la visita que le hiciéramos el viernes 21 de Marzo, realizada con el objeto de discutir la situación económica de Chile, Usted me pidió que le transmitiera mi opinión acerca de la situación y políticas económicas chilenas luego de completar mi estancia en su país. Esta carta responde a tal requerimiento.

Permítame primero decirle cuán agradecidos estamos mi esposa y yo de la cálida hospitalidad que nos brindaran tantos chilenos durante nuestra breve visita; nos hicieron sentir como si realmente estuviéramos en casa. Todos los chilenos que conocimos estaban muy conscientes de la seriedad de los problemas que su país enfrenta, dándose cuenta de que el futuro inmediato iba a ser muy difícil. Sin embargo, todos mostraban una firme determinación en aras de superar dichas dificultades y una especial dedicación en el trabajo por un futuro más próspero.

El problema económico fundamental de Chile tiene claramente dos aristas: la inflación y la promoción de una saludable economía social de mercado. Ambos problemas están relacionados: cuánto más efectivamente se fortalezca el sistema de libre mercado, menores serán los costos transicionales de terminar con la inflación. Sin embargo, y pese a estar relacionados, se trata de dos problemas diferentes: el fortalecimiento del libre mercado no culminará con la inflación per se, como tampoco terminar con la inflación derivará automáticamente en un vigoroso e innovador sistema de libre mercado.

La causa de la inflación en Chile es muy clara: el gasto público corresponde, aproximadamente, a un 40% del ingreso nacional. Cerca de un cuarto de este gasto no deriva de impuestos explícitos y, por lo tanto, debe ser financiado emitiendo una mayor cantidad de dinero; en otras palabras, a través del impuesto oculto de la inflación. El impuesto inflación, utilizado para levantar una cantidad de dinero equivalente al 10% del ingreso nacional es, por ende, extremadamente gravoso – una tasa impositiva de 300% a 400% (es decir, la tasa de inflación)- impuesta sobre una estrecha base de cálculo- 3% a 4% del ingreso nacional (es decir, el valor de la cantidad de dinero que circula en Chile como efectivo y depósitos en cuentas corrientes).

Este impuesto inflación genera un enorme daño al inducir a las personas a dedicar un gran esfuerzo por limitar su posesión de dinero en efectivo. Esa es la razón por la cual la base es tan estrecha. En la mayoría de los países, desarrollados y subdesarrollados, la cantidad de dinero es más cercana al 30% del ingreso nacional que al 3% o 4% de éste. Desde la perspectiva del gasto total, que es un múltiplo del ingreso, el dinero en Chile alcanza sólo a algo así como 3 días de gasto, lo que fuerza a realizar nada más que operaciones de subsistencia en el rubro comercio, además de estrangular al mercado de capitales.

Existe solo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal. Por principio, el déficit fiscal puede ser reducido disminuyendo el gasto público, aumentando los impuestos o endeudándose dentro o fuera del país. Exceptuando el endeudamiento externo, los otros tres métodos tendrían los mismos efectos transitorios en el empleo, aunque afectando a diferentes personas -disminuir el gasto público afectaría inicialmente a los empleados públicos, aumentar los impuestos afectaría inicialmente a las personas empleadas por quienes pagan impuestos, y endeudarse afectaría inicialmente a las personas empleadas por los titulares de los créditos o por la las personas que, de otro modo, hubieran conseguido esos fondos prestados.

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Reseña de “El capital en el siglo XXI”

Mucho se ha escrito sobre El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. Las críticas al libro se resumen en dos grandes grupos: (1) cuestiones teóricas y (2) problemas empíricos. En esta reseña para la Fundación Libertad y Progreso resumo algunos de los mayores problemas encontrados en la obra de Piketty.

“La publicación en inglés del libro El capital en el siglo 21 del economista francés Thomas Piketty ha generado un intenso y a veces hasta acalorado debate en Estados Unidos. Su publicación en español por el Fondo de Cultura Económica (FCE) puede generar un impacto similar en los países de habla hispana. El libro de Piketty trata directamente sobre cuestiones de distribución del ingreso, siendo un tema de debate político y social en Latinoamérica es de esperar que el libro tenga cierto impacto.

Tantas opiniones se han vertido sobre el libro Piketty que no puedo dejar de mencionar que no reclamo originalidad en los puntos que discuto a continuación. De hecho, en lo que sigue me baso fundamentalmente en los trabajos de Dierdre McCloskey, Xavier Sala-i-Martin, Philip Magness, Robert Murphy, Juan Ramón Rallo, David Henderson, y Chris Giles cuya lectura es recomendable”.

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