El reportaje de Benedict Mander, “Venezuela golpeada por expectativa de hiperinflación y recesión” (Financial Times, 10 de junio de 2013, en inglés), agrega confusión al tema de la hiperinflación, así como también al problema de la inflación en Venezuela.

El reportaje menciona dos definiciones de hiperinflación, ninguna de las cuales es utilizada en las investigaciones económicas: una fue fabricada por Goldman Sachs (“tasas ajustadas por temporada y anualizadas de más de 40 por ciento”) y otra por la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad (“una tasa acumulada de 100 por ciento a lo largo de tres años”).

El Sr. Mander protege su texto afirmando que “no hay una definición acordada de la hiperinflación”. Pero, de hecho, hay una definición científicamente reconocida de la hiperinflación.

Esta, articulada por el importante estudio de 1956 del profesor Phillip Cagan, “La dinámica monetaria de la hiperinflación”, sostiene que la hiperinflación empieza cuando la tasa mensual de inflación excede 50%. Esta es la definición que Nicholas Krus y yo utilizamos al documentar todos los 56 casos de hiperinflación en la historia mundial (“World Hyperinflations” en The Routledge Handbook of Major Events in Economic History, 2013). De hecho, el umbral de Cagan de 50% es la definición estándar utilizada en las investigaciones económicas.

Las estadísticas oficiales ubican la tasa mensual de inflación de Venezuela para el mes de mayo en 6,1%. Pero, las estadísticas oficiales nunca cuentan la historia verdadera en un lugar como Venezuela. Utilizando el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar estadounidense en el mercado negro, estimo que la verdadera tasa de inflación mensual para mayo fue de 11,4%. Esto es casi el doble que la tasa oficial, pero no está ni remotamente cerca del umbral de 50% mensual, característico de una hiperinflación.

Venezuela tiene un serio problema de inflación, pero la situación tendrá que empeorar considerablemente antes de que Venezuela pueda unirse a los otros 56 casos que forman parte del salón de la infamia de la hiperinflación.

Esta carta al editor fue publicada originalmente en el Financial Times el 13 de junio de 2013.

El viernes pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe sobre el futuro de la política de drogas en las Américas. La OEA recibió el mandato para producir este documento en la Cumbre de las Américas que se realizó el año pasado en Cartagena, Colombia, donde algunos presidentes expresaron su frustración con la guerra contra las drogas e incluso sugirieron que la legalización era una alternativa con la cual se podía combatir a los carteles.

El documento está basado en premisas sólidas:

1. La violencia relacionada a las drogas es uno de los retos más importantes al cual se enfrentan los gobiernos de la región.
2. La estrategia actual es un fracaso no está funcionando.
3. Se necesita discutir e implementar nuevas alternativas.
4. El consumo de drogas seguirá siendo importante en el año 2025.

Estas premisas podrían parecer un tanto obvias, pero cuando se trata de política de drogas, afirmar lo obvio no ha sido la norma para aquellos que creen en el estatus quo. Por ejemplo, en 1988 la ONU patrocinó un evento titulado “Un mundo libre de drogas: podemos hacerlo” (el consumo de marihuana y de cocaína ha aumentado en un 50 por ciento desde entonces). O la última Estrategia Nacional de Control de Drogas de EE.UU. (en inglés), que dice que el mayor logro de la Iniciativa Mérida en México ha sido “el fomento mutuo de la seguridad, la protección y la prosperidad” (no importa que en los últimos seis años hayan muerto 60.000 personas por la narco-violencia en ese país).

El informe de la OEA evita caer en esos cuentos de fantasía. También evita hacer recomendaciones, dada la falta de consenso entre sus autores acerca de la dirección en la que debería dirigirse la política de drogas durante los próximos 12 años. En cambio, el documento presenta cuatro distintas interpretaciones del “problema de la droga” y muestra los escenarios de cómo debería ser la reacción a estas. El informe también presenta los desafíos a los que se enfrenta cada escenario (el nombre de cada uno en negrita):

Juntos: En este escenario, el problema no son las leyes de drogas sino las débiles instituciones de los países latinoamericanos. Se prevé más cooperación entre los gobiernos en las áreas de seguridad e inteligencia, más gasto en seguridad y organismos judiciales y leyes más severas para combatir la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

Es cierto que los países latinoamericanos sufren de instituciones débiles. El problema con este escenario es que la prohibición de las drogas de hecho exacerba dicho flagelo ya que infla los márgenes de ganancia de los carteles a niveles estratosféricos, aumentando así su poder corruptor y violento. En 2010 todos los países centroamericanos en conjunto gastaron cerca de $4.000 millones en sus aparatos de seguridad y justicia (un incremento del 60 por ciento en cinco años). Y aún así eso estuvo muy por debajo de los ingresos estimados de los carteles mexicanos y colombianos que, de acuerdo a un reporte del Departamento de Justicia de EE.UU. (en inglés), podrían llegar hasta $39.000 millones al año.  

El informe prevé otra desventaja de esta estrategia: una disparidad entre los países en sus esfuerzos por fortalecer sus instituciones, lo que podría derivar en el efecto globo de actividades criminales. Esta es tal vez la principal característica del negocio de la droga en las Américas: su alta capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Por ejemplo, a principios de los noventa, conforme la presión sobre los productores de coca aumentó en Perú, estos se trasladaron a Colombia. Actualmente, luego de una década de programas de erradicación en ese país, están regresando a Perú. En general, la región andina continúa produciendo la misma cantidad de cocaína que producía hace 20 años.

A lo largo de los años el denominador común de la guerra contra las drogas en América Latina ha sido el intento por exportar el problema a los vecinos. Una mayor cooperación, una coordinación de los esfuerzos y un fortalecimiento de las instituciones a una misma velocidad parecen todos objetivos poco realistas.

Caminos: En este escenario el problema no son las drogas sino su prohibición. Se presagia un creciente número de presidentes en la región haciendo un llamado a adoptar un mercado legal para ciertas drogas, empezando con la marihuana.

De hecho, el futuro ya está aquí. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ya hizo un llamado por la legalización de las drogas. Uruguay está considerando una ley que legalizaría el cannabis. Incluso en EE.UU., los estados de Colorado y Washington han legalizado el consumo recreacional de la marihuana.

Dos retos se vienen a la mente al considerar este escenario. Primero, el debate sobre la legalización (o regulación, como prefieren llamarla algunos) se ha enfocado casi exclusivamente en la marihuana. En realidad, el ímpetu hacia un mercado legal de la marihuana parece irreversible: una encuesta reciente muestra que el 52 por ciento de los estadounidenses favorece legalizar dicha droga. Además, en una reciente entrevista publicada en el periódico colombiano El Tiempo, William Brownfield, Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos, dijo que legalizar la cocaína, la heroína, la metanfetamina, y las drogas sintéticas constituiría cruzar una “línea roja” para Washington. Curiosamente, Brownfield dejó por fuera a la marihuana. Como indica (en inglés) Mark Kleinman de UCLA, parece que los prohibicionistas en la administración Obama podrían haber decidido que “la Batalla del Cannabis está perdida, y están intentando retroceder hacia una posición más defendible”. Sin embargo, el problema en la región andina, en Centroamérica, y en gran medida México, no es la marihuana, sino la prohibición de la cocaína. Y el informe, de manera realista, prevé una resistencia muy fuerte por parte de la opinión pública en la mayoría de los países a un mercado legalizado de cocaína.

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En el video presentado abajo el presidente de la empresa venezolana Polar, Lorenzo Mendoza, responde a acusaciones realizadas por Nicolás Maduro en cadena nacional. Maduro recientemente acusó a la Polar de reducir producción y de acaparar alimentos para desabastecer al mercado. La estrategia del régimen en Venezuela, frente a la aguda escasez de productos básicos –desde el pollo hasta el papel higiénico– se puede resumir en ataques sin fundamento a empresas privadas y al capitalismo en general.

Lo interesante de la respuesta de Mendoza es la claridad con que se pone en evidencia la torpe mano del gobierno venezolano detrás del problema de la escasez y de otros problemas graves como la decreciente producción de maíz blanco, producto en el cual Venezuela solía no solo abastecer la demanda interna sino tener suficiente para exportar. También pone de relieve la usual ineficiencia y falta de transparencia de las empresas estatales.

Aquí cito un resumen de la presentación de Mendoza que publicó Gustavo Coronel en su blog:

• Polar ha producido en este cuatrimestre 15.000 toneladas más de harina pre-cocida que la que produjo en el primer cuatrimestre del año pasado. Esto a pesar de los apagones, de los días feriados decretados por el gobierno y de los paros de una minoría laboral amparada por la anarquía legal;
• Este año Polar ha producido un total 20.000 toneladas más de productos alimenticios que en el mismo lapso del año pasado;
• Polar produce alimentos como el arroz, la harina, el aceite y las pastas, cuyos precios están regulados hace más de 10 años;
• Polar no produce carne, leche, pan, azúcar ni otros productos que escasean en el mercado actualmente (de manera que no se le puede acusar de acaparar estos productos);
• El gobierno mismo ordena a Polar abastecer a supermercados y a Caracas, a expensas de la provincia y los pequeños mercados;
• Polar tiene el 48% de la capacidad instalada para suplir el mercado de la harina pre-cocida. Del otro 52%, el gobierno tiene el 42%. Polar produce a plena capacidad su parte. Es la otra parte la que no da la talla, la que no produce.
• De las 24 plantas de harina pre-cocida que hay en el país, solo tres son de Polar, otras tres son de otras empresas privadas y 18 plantas son del gobierno. ¿Dónde están y que hacen? La empresa le pide al gobierno que explique qué están haciendo esas plantas;
• Polar no acapara no solo porque es imposible hacerlo sino porque no es la política de la empresa acaparar. Polar no mueve ni un kilogramo de alimentos sin el control del gobierno. Polar no importa harina, solo el gobierno importa. Polar no exporta alimentos desde Venezuela porque el gobierno lo prohibe. Polar si exporta desde Colombia;
• Polar publica todas sus operaciones y es la única empresa en Venezuela que lo hace. El gobierno le ha hecho 1.500 visitas de inspección a la empresa y esta le ha enviado 120 comunicaciones en los últimos seis meses planteando los problemas y las soluciones, sin obtener respuesta;
• El gobierno le debe a Polar $140 millones en divisas atrasadas. Polar no le debe ni un centavo al gobierno;
• Antes Venezuela se auto-abastecía de maíz blanco. Hoy tiene que importar. ¿Qué sucede?
• Polar le pide al gobierno que produzca su parte de harina pre-cocida; que establezca precios realistas; que le arriende o venda a Polar algunas de las plantas que están en manos del estado para que la empresa las ponga a producir, si el gobierno no puede hacerlo.

Argentina está una vez más combatiendo a su antigua enemiga, la inflación. Ahora, la historia podría repetirse, dado que Argentina parece estar a vísperas de otra crisis monetaria.

Hasta la mañana de este martes, el tipo de cambio en el mercado negro entre el peso argentino (ARS) y el dólar (USD) llegó a 9,87, lo que significa que el valor del peso ahora se ubica 47,3% por debajo del tipo de cambio oficial. Esto resulta en una tasa anual de inflación implícita de 98,3%.

Por ahora, los efectos de esta elevada tasa de inflación están siendo parcialmente amortiguados mediante el comprensivo régimen de control de precios que impera en Argentina (en inglés). Pero estos controles de precios no son sostenibles a largo plazo. De hecho, los “precios mentirosos” de corto plazo simplemente distorsionan la realidad económica, derivando últimamente en escasez.

Hay, sin embargo, una solución simple para los problemas monetarios de Argentina: la dolarización (en inglés). He propuesto la dolarización en Argentina desde hace más de dos décadas (en inglés), mucho antes de que explote la supuesta “caja de convertibilidad” (en inglés). Para aclarar las cosas, Argentina no tuvo una verdadera caja de convertibilidad entre 1991 y 2002 (en inglés). En cambio, como anticipé en 1991 (en inglés), el “sistema de convertibilidad” funcionó más como un banco central (en inglés) que como una caja de convertibilidad. Este sistema de tipo de cambio anclado estaba condenado al fracaso —y de hecho, fracasó.

La crisis de 2001-02 en Argentina podría haberse evitado fácilmente si el país simplemente hubiese dolarizado. Argentina tenía más que suficientes activos extranjeros para dolarizar su economía incluso a fines de 2001 (en inglés). Pero el gobierno argentino, mediante una serie de políticas erradas, terminó “flotando” su moneda.

No es de sorprender que ahora Argentina esté nuevamente donde se encontraba a fines de los ochenta. Entonces, ¿cómo puede dolarizar Argentina? (en inglés). En resumen, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomaría todos los activos y obligaciones de su hoja de balance denominados en moneda extranjera y los convertiría a dólares estadounidenses. El BCRA luego cambiaría esos dólares por todos los pesos en circulación (base monetaria) a un tipo de cambio fijo. Según mis cálculos, el BCRA necesitaría por lo menos $56.360 millones para dolarizar al tipo de cambio oficial (hasta el 23 de abril de 2013).

Hasta el 23 de abril, el BCRA tenía activos extranjeros netos equivalentes a $31.230 millones. Si Argentina dolarizara al tipo de cambio oficial entre el peso argentino y el dólar de 5,17, le faltarían $25.130 millones de los $56.360 millones que necesita para cubrir la base monetaria. Dicho esto, si el BCRA utilizara un tipo de cambio más cercano a aquel del mercado negro (léase: el libre mercado), esto podría lograrse de manera mucho más sencilla. Por ejemplo, si Argentina decidiese dolarizar con un tipo de cambio entre el peso argentino y el dólar de 9,33 pesos por dólar (5,5% más bajo que el tipo de cambio en el mercado negro hasta el martes), solo se requerirían $31.230 millones para cubrir su base monetaria y dolarizar la economía. Esta es la cantidad exacta de activos extranjeros en el BCRA (ver el cuadro adjunto).

El resultado final sería una economía argentina libre de la inflación que la ha plagado por décadas. De hecho, Argentina finalmente podría experimentar los beneficios que disfrutan otros países dolarizados como Ecuador.

Aquí presento (con solamente un pequeño cambio) mi plan para la dolarización en Argentina, que presenté por primera vez hace más de una década.

Argentina (en inglés), Venezuela (en inglés) y ahora incluso Ecuador (en inglés) se han adherido a la desafortunada, aunque familiar, moda económica que actualmente atraviesa la región —los controles de precios. En un intento mal concebido de “suprimir” la inflación, sus respectivos gobiernos han intentado fijar los precios a niveles artificialmente bajos. Como cualquier economista que merezca el título sabe, esto eventualmente derivará en escasez.

Considere a Venezuela, donde el gobierno fija el precio de una serie de productos, incluyendo la gasolina, cuyo precio está fijado en solamente 5,8 centavos por galón. Como el gráfico adjunto muestra, 20,4% de los productos simplemente no se encuentran disponibles en las tiendas.

Mientras que los controles de precios probablemente mantienen los precios de los productos bajos en los mercados oficiales, finalmente conducen a repisas vacías, privando a muchos consumidores del acceso a productos esenciales (como el papel higiénico, en inglés). Esto, a su vez, conduce a una inflación “reprimida” —dados los controles de precio que existen, la tasa de inflación “real” es mantenida en un nivel bajo, o reprimida mediante la intervención estatal al estilo soviético. Como el gráfico adjunto muestra, la tasa implícita de inflación anual de Venezuela (utilizando variaciones en el mercado negro –enlace en inglés– del tipo de cambio entre el bolívar fuerte y el dólar) ubica a la tasa de inflación “reprimida” en un 153%.

De igual forma, Argentina se enfrenta a un dilema similar (ver gráfico adjunto).

Además de la escasez y la inflación reprimida, los controles de precio pueden conducir a consecuencias políticas no intencionadas en el futuro. Una vez que los controles de precio son implementados es muy difícil removerlos sin generar una agitación popular —solo considere las revueltas de 1989 en Venezuela (en inglés) cuando el presidente Carlos Andrés Pérez intentó remover los controles de precio.

Ojalá Ecuador —que, gracias a la dolarización (en inglés), está experimentando una inflación anual de solamente 3%— comprenda este sinsentido y abandone su experimento con los controles de precio.

Si los gobiernos de países como Venezuela están realmente interesados en mantener la inflación bajo control, deberían seguir el ejemplo de Ecuador —simplemente descartar su moneda doméstica y “dolarizar” (en inglés).

Margaret Thatcher, una de las figuras más influyentes e importantes de la historia de la política mundial, falleció el 8 de abril de 2013 y me veo compelido a rendirle tributo. Gobernó el Reino Unido desde 1979 hasta 1990 y fue, en mi opinión, la mejor gobernante que tuvieron los británicos el siglo pasado (honor que comparte junto con Winston Churchill).

Durante su gobierno Thatcher implantó una serie de políticas públicas consistentes en la aplicación de las recetas que tan acertadamente Milton Friedman había sugerido en su famoso libro Capitalismo y libertad. Thatcher era una defensora de los mercados libres y la propiedad privada, una firme creyente en la libertad individual y los gobiernos limitados. En otras palabras, era una liberal clásica en todo el sentido del término. Una política de conciencia y no de consensos, como solía decir. Era de una estirpe hoy extinta.

Privatizó las empresas públicas, desreguló las industrias, flexibilizó el mercado laboral, redujo los impuestos y el gasto público, implantó una política monetaria destinada a combatir la inflación, entre tantas otras medidas atinadas. Estas decisiones, que fueron impopulares en su momento, le valieron muchísimas críticas, pero Thatcher las enfrentó valerosamente y el tiempo se encargó de darle la razón demostrando la eficiencia de estas políticas. Thatcher nos enseñó que en política hay que ser valiente y pensar en el largo plazo. Que no hay que ceder ante la tentación cortoplacista de las políticas populista que permutan el bienestar de mañana por el aplauso de hoy.

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El tema caliente del momento es la cesión del contrato de concesión de la carretera a San Ramón a la constructora brasileña OAS Ltda. Diversos medios de comunicación, liderados por CRHoy, han venido exponiento las múltiples irregularidades y abusos detrás del contrato: informes técnicos del CONAVI sobre cómo ampliar la carretera con un aumento pequeño del peaje fueron ignorados, el contrato de concesión de hecho no involucra mayores obras de ampliación de la carretera, etc.

Sin duda alguna esto huele feo. Lo que no ha sido mayormente reportado en la prensa es el lobby político que vino a hacer el ex presidente brasileño Luis Inácio “Lula” da Silva a favor de la constructora OAS. En agosto del 2011, da Silva vino a Costa Rica a “dar una conferencia sobre desarrollo económico y social de los países latinoamericanos”. El viaje fue patrocinado por la constructora brasileña OAS, como informara en ese momento La Nación.

Aprovechando el viajecito, Lula da Silva se reunió en Casa Presidencial con la presidenta Laura Chinchilla, probablemente para discutir también sobre el “desarrollo económico y social de los países latinoamericanos”. Año y medio después se anuncia, en medio de múltiples interrogantes, que OAS asumirá la concesión de la carretera a San Ramón.

¿Lobby político por parte del ex presidente brasileño? Pues durante su gobierno, Lula adjudicó a OAS millonarios contratos de infraestructura en Brasil. También, tras reuniones con su par boliviano Evo Morales, OAS también recibió jugosos contratos en Bolivia a pesar de diversos cuestionamientos de órganos fiscalizadores. Desde que salió del poder en el 2010, Lula ha viajado a diferentes países representando los intereses de la constructora brasileña (o a dar charlas sobre desarrollo económico pagados por la empresa, al menos). Casualmente, OAS es la patrocinadora de la película “Lula, O Filho do Brasil” (Lula, el hijo de Brasil).

Saquen Uds las conclusiones…

ACTUALIZACIÓN: En un tuit reciente, el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, afirma que si Lula vino a hacer lobby al país, no le funcionó puesto que el contrato para la ruta a Chilamate (en la que OAS era oferente en ese momento) se le adjudicó a otra empresa. Bueno sí, la obra por $52 millones a Chilamate no la ganó, pero luego se haría del contrato por $552 millones para la carretera a San Ramón. No hay que ser muy muy ágil para ver cómo perder un contrato vale la pena si luego vale para hacerse de uno 10 veces más grande. Más cuando el primero involucraba de hecho construir una carretera y el segundo ni siquiera exige construir nuevos carriles.

Si en un grupo de tres personas integrado por dos hombres y una mujer, uno de ellos decide hacer una votación para violar sexualmente a la dama y en dicha votación gana el sí con el voto de los dos hombres, a nadie se le ocurriría justificar semejante acto bajo el argumento de que la decisión fue democrática. Sin embargo muchos están dispuestos a justificar los atropellos que cometen gobernantes populistas y autoritarios bajo el pretexto de que la mayoría los apoya. Y de esa manera los caudillos roban, confiscan lo que ha sido fruto del trabajo ajeno, persiguen y encarcelan a quienes no han cometido otro delito que discrepar con el jefazo, mienten y reniegan de su palabra empeñada, tuercen las leyes a su favor, compran o intimidan a jueces y fiscales para que prevariquen, violan la constitución y las leyes que han jurado cumplir.

También hay quienes, reconociendo los abusos cometidos, los justifican diciendo que el caudillo ha ayudado a los pobres. Semejante argumento es análogo a decir que si un cura es pederasta, pero hace un buen trabajo ayudando a los niños indigentes, entonces no merece castigo alguno y hay que dejarlo que continúe con su labor. Como que una acción buena borra una mala. Pues en los ejemplos precedentes ni los dos caballeros violadores son demócratas ni el cura está libre de pecado y los tres deberían pagar sus culpas en la justicia terrenal.

La mayoría de los países democráticos reconocen que existen ciertos derechos individuales que son inalienables como ser la vida y la libertad y que hay ciertas acciones que un Estado republicano no debe permitir incluso si la mayoría lo consiente. También reconocen que la justicia debe aplicarse por igual para todos y que si alguien comete un delito, pues debe ser juzgado y cumplir su condena sin importar quién es y qué cosas buenas ha hecho en el pasado. Donde hay justicia un violador va a la cárcel, sin importar si es presidente de la república, si ganó la copa mundial de fútbol o si sacó de la pobreza a un millón de personas.

Los nuevos caudillos “democráticos” en cambio ignoran estos principios y sostienen por un lado que el apoyo de la mayoría los habilita para cometer todo tipo de atropellos contra la vida, la libertad y la propiedad de otras personas y por otro lado que sus actos de corrupción, abusos y violaciones a las leyes, están justificados y redimidos por unos cuantos programas de ayuda a los más pobres. Tristemente esa es la situación de varios países de Latinoamérica.

Nunca deja de sorprender el bajo nivel de “debate” político en que incurre el gobierno venezolano y sus aliados. A un par de semanas de elecciones presidenciales la propaganda oficial ha intensificado, como era de esperar. En el Cato Institute, nos acabamos de enterar de un caso que nos concierne a nosotros.

Esta semana, un diputado nacional y ex-dirigente del movimiento estudiantil del año 2009, Ricardo Sánchez, anuncio que retiraba su apoyo al candidato presidencial de la oposición en un aparente giro a las filas del chavismo. Cuando Yon Goicoechea, ex-líder del movimiento estudiantil, lamento el hecho que Sánchez se presentó a la juramentación de Maduro como presidente, Sánchez le respondió por Twitter: “Es una lástima que tu hayas recibido un cheque de US$ 500.000 de la ChevronTexaco y FedEx en nombre de los estudiantes”. Goicoechea respondió “yo recibí un premio, tú un soborno. He ahí la diferencia”. De allí, se desató un intercambio por Twitter entre los dos, básicamente repitiendo las acusaciones.

Los $500,000 mencionados son en realidad una referencia al Premio Milton Friedman por la Libertad que otorga el Cato Institute cada dos años y que lo ganó Goicoechea en el 2008. Dado que Sánchez ahora está propagando información falsa al respecto, muy parecida a la que el gobierno venezolano difundió en 2008 (y fue entonces desmentida), vale la pena volver a aclarar los hechos.

Tal como lo describe el Instituto, “El Premio Milton Friedman por la Libertad, nombrado en honor de uno de los Grandes Paladines de la Libertad del siglo veinte, es presentado cada dos años a un individuo que haya realizado una contribución significativa al avance de la libertad humana”. Los ganadores de tal premio en el pasado han incluido pensadores y líderes distinguidos a nivel internacional incluyendo a el economista británico experto en desarrollo Peter Bauer; el economista peruano Hernando de Soto; el ex­-Primer Ministro estoniano Mart Laar; el escritor y periodista iraní Akbar Ganji; y el intelectual y activista chino Mao Yushi.

En 2008, se otorgó el premio a Yon Goicoechea por su papel clave como líder del movimiento estudiantil en derrotar “la reforma constitucional que le habría otorgado al presidente Hugo Chávez amplios poderes dictatoriales” y reconoció “su compromiso por una Venezuela moderna”.

El Instituto Cato, que otorga el premio, es un centro de investigación independiente y sin fines de lucro que no acepta dinero de ningún gobierno o partido político. El prestigio y la integridad del premio son reconocidos a nivel global y el galardón goza del apoyo de destacadas personalidades internacionales como son los miembros del comité que seleccionan al ganador del premio. El premio Nobel en literatura, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, asistió la ceremonia en que se galardonó a Goicoechea y grabó palabras de apoyo al recipiente.

Es así que las declaraciones de Sánchez acerca del premio son risibles y ridículas, así como los eran en 2008 cuando el gobierno estrenó tales acusaciones. Son simplemente falsas. Y respecto a dinero de Chevron o Texaco, ni en el 2008 ni ahora ha recibido Cato financiamiento de tales empresas.

Los venezolanos son capaces de usar su propio buen criterio a la hora de formar su opinión respecto a la actitud de Sánchez y de Goicoechea. El propósito de esta nota es únicamente para desmentir la propaganda actual e informar mejor a los ciudadanos venezolanos.