Panamá se encuentra en medio de una seria crisis política gracias a los intentos del presidente Ricardo Martinelli por resucitar un desaparecido tribunal de la Corte Suprema que podría pavimentarle su camino a la reelección.

Primero, entendamos el contexto: La Corte Suprema de Justicia de Panamá está dividida en cuatro salas especializadas que manejan áreas específicas del derecho (civil, penal, contencioso-administrativo y negocios generales). Las primeras tres salas están conformadas por tres magistrados cada una, mientras que la cuarta (que maneja los negocios generales) está conformada por los presidentes de las tres primeras salas.

Por un breve período existió una quinta sala encargada de temas constitucionales. Sin embargo, en 1999 la Asamblea Nacional derogó este órgano. Los temas constitucionales son actualmente dirimidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El año pasado la Corte Suprema, cuyo presidente es muy cercano a Martinelli, dictaminó que la ley que abolió a la Sala V es ilegal. Esto creó un vacío legal, ya que ahora nadie sabe con exactitud si eso significa que la sala debe ser restituida o bien, si se debe crear una nueva.

Martinelli aprovechó el controversial fallo de la Corte Suprema para impulsar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que rehabilitaría de nuevo a la Sala V. De aprobarse este proyecto, esta sala contaría con tres nuevos magistrados (nombrados por Martinelli) y conocería temas constitucionales, siendo uno de ellos la constitucionalidad de los límites a la reelección presidencial.

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Cuenta la historia que, en una ocasión, el ministro francés Colbert le preguntó a un grupo de fabricantes qué podía hacer por la industria. Un fabricante llamado Legendre contestó: “¡Laissez-nous faire!” (¡Déjenos trabajar!). El valiente fabricante hacía alusión a las asfixiantes políticas llevadas a cabo por este ministro y el gobierno absolutista de Luis XIV, quienes, siendo los primeros partidarios del estatismo moderno, creían que las reglas gubernamentales pueden crear prosperidad, con lo que implementaron incontables controles y minuciosas reglas que terminaron sofocando la actividad empresarial, y el resultado fue un deprimente fracaso.

Trayendo la lección al presente: debemos ser capaces de ver que la solución a nuestros problemas no pasa por elevar impuestos a las “grandes empresas”, entregar la educación al Estado o combatir la desigualdad con más intervencionismo estatal, sino que, por el contrario, la solución está en arrancar poder al Estado para devolverlo a las personas: que no intervenga beneficiando a determinadas empresas, asfixiando con esas regalías a quienes quieren emprender y competir; que no dicte lo que los colegios deben enseñar, castrando toda creatividad e innovación; que no haga que sea más beneficioso quedarse en la casa antes que salir y trabajar, borrando el esfuerzo que nos ha caracterizado como país. Gritemos: “¡Laissez-nous faire!”

Recordemos que eso que llamamos Estado no es un ente que funciona por sí solo, sino que es manejado por esos mismos políticos que tan mal calificamos en las encuestas. Así mismo deberíamos desconfiar de éste.

Esta carta al editor fue publicada originalmente en El Mercurio (Chile) el 30 de enero de 2012.

Dime a quién le pedís consejo y te diré a cuál despeñadero nos querés llevar. El vicepresidente Luis Liberman ha llamado “miopes” ha todos aquellos que por algún motivo no entendemos las bondades del paquete de impuestos que impulsa la administración Chinchilla. Sin embargo, el gobierno encontró esta semana a alguien que sí entiende: Georgious Papandreou, el fatídico ex primer ministro socialista de Grecia quien tuvo que renunciar a su cargo hace unos meses por la manera incompetente en que lidió con la crisis fiscal de su país.

Papandreou estuvo de visita en el país esta semana en el marco de la conferencia de la Internacional Socialista, de la cual él es presidente. Como reportara ADN Radio, luego de dar el discurso inaugural de la conferencia, Chinchilla aprovechó para pedirle consejos sobre temas fiscales a Papandreou. ¡A qué árbol se arrimó la presidenta!

Recapitulemos antes lo acontecido en la nación helénica: Papandreou llegó al poder en octubre del 2009 bajo una plataforma política que prometía más gasto y beneficios sociales. El problema es que al asumir el mando, descubrió que su antecesor, el conservador Kostas Karamanlis, había cocinado los libros y le había heredado un desastre fiscal de enormes proporciones. El déficit fiscal era mucho peor de lo que se esperaba, a un 12,7% del PIB. Sin embargo la debacle griega no fue el resultado de un gobierno en particular, sino de todo un modelo económico socialdemócrata, impulsado por gobiernos socialistas y conservadores por igual, que siempre enfatizó al Estado sobre el mercado, como bien lo describiera el periodista Takis Michas en un artículo publicado en La Nación hace un par de años.

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Uno escucha con cierta frecuencia la analogía del presidente como padre y al resto de los ciudadanos como los hijos a los que tiene él que cuidar.

La relación padre-hijo implica poder y posesión. El padre, por lo menos hasta cierta edad, es dueño y responsable absoluto del hijo. Un padre ordena a su hijo qué comer, cuándo dormir, estudiar y divertirse, cuáles programas de televisión mirar, etc. El padre tiene potestad sobre el hijo y le inculca sus valores. Además el padre manda y el hijo obedece.

La relación padre-hijo no es análoga a la de presidente-ciudadanos. No es, ni debe ser la potestad del presidente decirnos que programas de televisión mirar o que valores morales adoptar. El balance de poder no es el mismo. Mientras un padre tiene tuición casi absoluta sobre sus hijos, la cual solo puede ser revocada en casos extremos de abuso y abandono, el presidente no tiene tal tuición sobre el resto de los ciudadanos (con la excepción de las dictaduras).

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Luego de muchos meses de no publicar datos oficiales acerca del número de asesinatos relacionados al crimen organizado, el gobierno mexicano anunció ayer (en inglés) que en los primeros nueve meses del 2011, 12.903 personas murieron en episodios de violencia relacionada al narcotráfico. Las autoridades mexicanas, batallando para darle un giro positivo a la noticia, señalaron que la cifra revela una disminución significativa en el ritmo de crecimiento de la tasa de homicidios con respecto a años anteriores.

La táctica es similar a la contabilidad creativa (en inglés) de Washington cuando se trata de “recortes” de gasto: el gasto continúa aumentando, pero a un ritmo menor que el estipulado originalmente. Por lo tanto, el gasto ha sido “recortado”. De igual forma, el número de personas asesinadas en la guerra contra las drogas de México continuó aumentando en 2011, pero a un paso menos acelerado que en el 2010. Por lo tanto, la tasa de homicidios ha disminuido. Además, el aumento del 11 por ciento en la cantidad de asesinatos en el 2011 tiene como base el 2010, año en que se rompieron todos los récords de violencia.

* Cálculo de la BBC.
Fuente: Oficina del Fiscal General Federal de México.

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Había una vez, en una tierra cálida y de sol, una enorme empresa en la que los empleados se burlaban de sus jefes y accionistas. Cuando se animaban a presentarse, llegaban tarde al trabajo. Se aprovechaban con descaro de los recursos de la empresa, adquiriendo bienes que solo los favorecerían a ellos y no a los millones de accionistas que la empresa tenía como último fin beneficiar. Algunos, tenían la desvergüenza de llegar borrachos a su trabajo, y con excusas que casi nadie creía, lograban huir de las consecuencias de sus bochornosos actos.

A los encargados de las cuentas de la empresa, se les habían acabado los polvos mágicos del sentido común y parecían no haber aprobado ningún curso de finanzas al permitir que los gastos fueran muchísimo mayores que los ingresos, apoyándose en una deuda sobre otra. El problema, seguramente, se debía a que nunca le entendieron bien el concepto de deuda a sus profesores, y seguramente se imaginaban que equivalía a un pozo mágico e infinito de dinero que no había que devolver nunca. La mayoría de gastos además, no iban dirigidos a apoyar las actividades productivas: cuando más se necesitaba aumentar las capacidades de producción e invertir en nuevas y mejores máquinas, se gastaba en pintar los edificios, y comprar inmobiliario de oficina. También se destinaban bastantes fondos en complacer los deseos y caprichos de muchos de los amigos de los empleados, con el fin de quedar bien con ellos, prefiriendo eso a cumplir con sus deberes frente a los accionistas de la empresa.

Sin necesidad de continuar con el cuento, que más parece historia de terror, cualquier lector podría imaginarse que la empresa no iba en el rumbo del éxito, sino de la perdición total. En este cuento, al que le sobran las brujas y dragones, y que carece de héroes, parecería además que los accionistas, y por lo tanto, jefes, se merecen los malos tratos de los que son víctimas por el letargo de ingenuidad y apatía en el que se encuentran sumergidos y que los deja inertes ante los abusos y saqueos que se efectúan con sus contribuciones.

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Una de las principales críticas que nos hacen a los liberales es nuestra supuesta indiferencia ante los pobres. Esta percepción nace del hecho de que los liberales nos oponemos a gran parte del llamado “gasto social” del Estado. Para nosotros, en lugar de regalarles cosas a los pobres, el Estado debería facilitar que estos puedan trabajar y salir adelante mediante sus propios medios. En resumen, es la parábola de que en lugar de regalar pescado, hay que enseñar a la gente a pescar. Esto no significa que los liberales nos opongamos por completo a toda ayuda social. Friedrich Hayek, premio Nóbel de economía y uno de los principales exponentes del liberalismo en el siglo XX, enfatizaba la necesidad de que el Estado brinde una “red de protección social” para aquella gente que no puede valerse por sí misma. Milton Friedman, otro Nóbel de economía, promulgó la idea de un “impuesto de renta negativo” mediante el cual la gente que gana por debajo de un nivel mínimo de ingreso recibe una transferencia del Estado en lugar de pagarle impuestos a éste. Sin embargo, en todos estos casos, la ayuda estatal debe ser la excepción, no la regla.

En Costa Rica hemos apostado por un abotagado Estado Benefactor que, según el último estimado, comprende 44 programas contra la pobreza llevados a cabo por 24 instituciones públicas y que en el 2010 gastó aproximadamente $976 millones, o el equivalente de 2,2% del PIB. Este Estado de Bienestar se ha convertido en un artículo de fe de la clase política costarricense. Cada campaña electoral nos trae la promesa de un nuevo programa social. Oscar Arias nos trajo “Avancemos”. Laura Chinchilla la “Red de Cuido”. Cualquiera que ose proponer la eliminación de uno de estos programas o a tratar de racionalizar el gasto es rápidamente acusado de ser un desalmado “neoliberal”.

¿Está funcionando todo este gasto social? Las estadísticas no mienten. Costa Rica lleva casi dos décadas en que el nivel de pobreza no baja del 20% de la población. Más bien en los últimos 3 años ha experimentado un ligero aumento. Y hoy El Financiero reporta que Costa Rica es el segundo país en América Latina donde más ha crecido la desigualdad en la última década. Docenas de programas estatales y cientos de miles de millones de colones en gasto social no están haciendo mella en el nivel de pobreza que ostenta el país. ¿Nos sorprendemos? En lo absoulto. En diciembre un informe de la Contraloría señaló que el Estado no sabe en qué se está gastando toda esa plata destinada a la lucha contra la pobreza. Ana Isabel García, ex viceministra de Desarrollo Social, afirma que “No hay manera de saberlo. Costó dos años determinar que había 44 programas. Pero nadie sabe si la ayuda llega a quien lo necesita, ni si esa ayuda hace bien”. Mientras tanto, la pobreza en Costa Rica permanece incólume y la desigualdad va en aumento.

Mi diagnóstico es simple: En Costa Rica tenemos una clase gobernante a la que le interesa que los pobres estén inscritos en las planillas del IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) en lugar de que salgan adelante honradamente mediante el trabajo. Una razón puede ser que estos políticos ven condescendientemente a los pobres como gente inútil que no puede ganarse el sustento por sí solos y necesita ayuda. Otra teoría más cínica (y creo que más realista) es que a la clase política le interesa contar con un segmento importante del electorado que dependa del asistencialismo y, por ende, sea susceptible al clientelismo.

El Estado es el principal agente empobrecedor en nuestro país: Les encarece los alimentos básicos a los más pobres mediante el proteccionismo agrícola. Les dificulta poder ganarse su sustento mediante mil y una regulaciones que les imposibilita poder ponerse un negocito. Les licúa sus ingresos a través de la inflación. Les niega un título de propiedad sobre los terrenos que habitan. El sistema mercantilista que Costa Rica ha adoptado de 1985 a la fecha ha generado un crecimiento anual promedio de la economía del 4,7% sin que la pobreza baje del 20% desde 1994 y con una desigualdad en crecimiento. No hay que ser brujo para llegar a la conclusión de que los beneficios de este crecimiento no están llegando a las clases más desfavorecidas.

La interrogante radica en cómo hacer para que los pobres se beneficien del crecimiento de la economía. La respuesta de las autoridades es que debemos gastar más en programas sociales y para eso necesitan más impuestos. Los liberales sostenemos que la mejor manera de ayudar a los pobres es permitirles que salgan adelante por sus propios medios sin tanta traba por parte del Estado. La evidencia es contudente en que aquellos que defienden el Estado de Bienestar lo hacen más basados en un acto de fe que en resultados concretos.

Si por los burócratas fuera, los tentáculos del Estado llegarían a cada rincón de nuestras vidas, regulando, supervisando, controlando todo para alcanzar un mundo mejor. Lo curioso, lo irónico es que el mismo Estado que regula las actividades de otros, cuando es comparado precisamente con aquellos a quienes regula, resulta ser el peor de todos. Me explico mediante ejemplos.

Por regulación estatal, los bancos en Bolivia no deben permitir que una persona espere más de media hora para ser atendida, caso contrario puede presentar una queja. Lo curioso es que no existe institución estatal donde uno haga una cola menor de media hora. Ir a Tránsito, Identificación, Ministerio de Trabajo, Caja de Salud o a Migración requiere sacrificar medio día sin trabajar. Y mientras en los bancos uno espera adentro con aire acondicionado y en cómodas sillas, con el Estado uno espera afuera, parado y no tiene a quien quejarse.

Mientras los colegios y universidades privados producen las mentes más brillantes del país, los empresarios más productivos, innovadores y generadores de fuentes de trabajo, en los colegios fiscales apenas aprenden a leer y escribir y no se puede soñar con que los jóvenes salgan con nociones de cálculo diferencial, idioma inglés o siquiera un nivel de redacción y comprensión aceptables. Y sin embargo es el Estado productor de colegios y universidades mediocres el que impone normas y regula la actividad de la educación privada. En la salud sucede algo similar.

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El gobierno del Partido Popular aprobó el pasado viernes una injusta y contraproducente subida de impuestos, propia del peor Zapatero. Su justificación la encontró en la desviación extraordinaria del déficit público para este año, del 6 al 8% del PIB: resultaba imprescindible incrementar los gravámenes del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para compensar el ensanchamiento de ese agujero. ¿Seguro? ¿Acaso no había otras partidas de las que recortar antes de subir impuestos?

Echemos algunas cuentas. Con la estocada tributaria, los de Rajoy esperan recaudar unos 6.200 millones de euros, cifra a la que se añade una minoración del gasto público de 8.900 millones. En total, pues, 15.100 millones de reducción del déficit, lo que dejaría éste en el 6,5% del PIB, dos puntos por encima del 4,4% comprometido para finales de año.

La cuestión es, por consiguiente, si podemos alcanzar ese 4,4% sin subir los impuestos. Y la respuesta es que sí, se puede; pero falta voluntad política. A continuación les dejo un desglose de las partidas de los presupuestos generales del Estado de 2011 que podrían eliminarse y que permitirían reducir los gastos de la administración central en cerca de 32.000 millones. Con este recorte, el déficit público quedaría en el 5% del PIB, sólo seis décimas por encima del objetivo para este año.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta reducción del gasto afectaría sólo al Estado central: si realizáramos un ejercicio parecido en las comunidades autónomas —donde el incumplimiento de los objetivos del déficit ha sido mayor—, el ajuste podría ser muy superior, lo que probablemente nos dejaría cerca del compromiso del 3% de déficit para 2013.

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Quiebras como las de Lehman Brothers o estafas como la de Bernie Madoff y Enron demuestran que el sistema de libre mercado no es perfecto. Pero se requiere una miopía monumental para suponer que empoderando al Estado se corrigen sus imperfecciones. Sin lugar a dudas que la quiebra de una empresa es traumática, principalmente para quienes obtienen algún beneficio de ella, ya sea como empleados, accionistas, clientes o proveedores. Pero mucho más traumático es cuando quiebra un Estado. Las consecuencias de la quiebra de Lehman Brothers, con todo lo traumáticas que fueron, no se comparan con las consecuencias de las insolvencias de los gobiernos de Grecia, España o Italia.

Bernie Madoff perpetró el mayor fraude financiero en la historia de EE.UU. ocasionando pérdidas de entre $10.000 y $20.000 millones. Los Kirchner confiscaron $30.000 millones de las pensiones de todos los argentinos y el corralito argentino del 2001 no puede no ser calificado como una estafa estatal. La inflación es uno de los impuestos más regresivos que existen, castigando más a los más pobres. El gobierno de Hugo Chávez, a contracorriente de su retórica, tiene la inflación más alta de las Américas, efectivamente estafando todos los días a sus ciudadanos a través de la política monetaria. Las experiencias de endeudamiento e hiperinflación de América Latina durante la década de los ochenta son una interesante lección sobre las incontinencias del Estado. Bernie Madoff, con toda su malicia no causó tanto daño como la hiperinflación boliviana ocasionada por filántropos y bien intencionados burócratas. Madoff hoy cumple una condena en prisión por sus delitos; ni Cristina Fernández, ni Hugo Chávez ni los bienintencionados burócratas bolivianos de los años ochenta lo acompañan, a pesar de que sus estafas son mayores.

EE.UU. es uno de los países más pujantes e históricamente más responsables en cuanto a la administración de sus finanzas públicas, sin embargo su deuda pública ronda los $15 billones (15 seguido de 12 ceros), alrededor de 100% del PIB. Es decir que EE.UU. viene manejando sus finanzas públicas tan irresponsablemente como cualquier país africano. Y no tenemos que olvidar que la burbuja inmobiliaria que desencadenó la crisis fue auspiciada en gran parte por su gobierno a través de su política monetaria (culpa de la Reserva Federal) y sus agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.

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