Mercados libres, corrupción y democracia

Los problemas de “transparencia”, que es un eufemismo para no decir directamente de corrupción, se solucionan de manera instantánea con mercados libres.

Si no existieran las llamadas “leyes de promoción de inversiones” (ergo, “privi” - “legios”= “leyes privadas”), es decir, que sea una autoridad burocrática o política la que tenga el poder para otorgar beneficios a una empresa o persona en particular, tampoco existiría la posibilidad de corrupción. Esto es así porque si no tengo que pedir ningún “permiso” para emprender una actividad cualquiera, ni andar en “conversaciones” con una “autoridad”, ¿cómo podría tratar de corromper a alguien? ¿Qué sentido tendría?

Por si todo esto fuera poco, los mercados libres son el fundamento de las democracias de calidad. ¿Por qué? Por la sencilla razón que se basan en la igualdad ante la ley. En un mercado libre, todos somos iguales, en el mejor sentido de esa palabra. El obrero al comprar algo, es exactamente igual que el empresario millonario. Nadie es más que nadie.

Es por esa razón que los mercados libres, no sólo contribuyen a la prosperidad general sino también, a fortalecer a las democracias.

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Chile: La herencia

Herminia era una buena mujer, siempre alegre y risueña pese a la implacable estrechez. Poseía, con su cónyuge, como mil hijos. Nunca conseguí conocerlos a todos. Juraría que tenían —si es que no lo lograron— intenciones serias de registrarse en el Libro Guinness de los Records.

Curiosamente, el longevo padre de Herminia tenia posesiones y ahorros que quiso repartir antes de doblar la servilleta. Aunque decía que el alcohol era un buen conservante, intuía que su organismo estaba por cobrarle cada centímetro cúbico de escocés ingerido. Así que distribuido el tesoro, que entiendo mantenía fuera del alcance de un par de vástagos de vida disoluta, el anciano se fue de este mundo sin más. Herminia lloró cinco minutos y luego, saltando en una pata de alegría, juró sobre el pálido semblante del difunto no vivir más penurias. La vida es corta —pensaba— y hay que disfrutarla antes de que llegue “La Pelona”, como coloquialmente se conoce a la muerte en cierto país caribeño.

Herminia, con las mejores intenciones, propias de una abnegada amante de su familia, hizo del gasto deporte y compró cuanta cosa pasó frente a sus narices. Algunas las requería con premura. Otras, la verdad, no. Y a su millar de polluelos dio todo mientras pedían cada vez más y más. Así, la pequeña fortuna—ahora que pienso no era tan pequeña— se esfumó tan rápidamente como aparecieron las deudas. Por suerte, algunos de sus retoños, trabajadores y responsables —varios de ellos emprendedores— se salvaron del hundimiento porque aprendieron a nadar como anguilas. Sin embargo, como antaño, Herminia hoy sobrevive. Está secuestrada por la máquina del tiempo, solo que ahora, además de la ruinosa situación de su país, tiene nietos como para poblar el Sahara e hijos de corazones agradecidos que la auxilian.

Chile progresa sin lugar a la menor duda. Lo dicen los números. Lo demuestran los mejorados estándares de vida de las personas. Lo confirman los incontables chilenos que viven sustancialmente mejor que sus padres y abuelos. Y no ha recibido herencia de ningún padre rico con cirrosis hepática. Ha costado llegar hasta aquí, sin milagros, sin intervenciones celestiales, sin caprichos del destino. Porque no éramos Luxemburgo lustros o décadas atrás, aunque sea necio recordarlo. Lo que vemos es el producto del trabajo, de una razonable responsabilidad administrativa y, sobre todo, de un sistema de libertades económicas y políticas cuyos resultados no necesitan intérprete. Los feos episodios de abusos y la labor de dedicados estafadores y tramposos de oficio no han debilitado su espíritu, aunque sí han afectado muy injustamente su prestigio, en buena medida por interpretaciones erróneas y por la malsana manipulación de sus detractores.

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La malvinización del Papa Francisco

El fervor mundial que despierta el nuevo pontífice no debería ocultar su preocupante acercamiento a la Teología de la Liberación y su apoyo a modelos distribucionistas que conducen a graves problemas de falta de respeto a los derechos de las personas.

No es la primera vez que ocurre. Típico argentino. Un ejemplo lo dan las Malvinas: era muy insalubre (y peligroso) oponerse a la irresponsable invasión de esas islas. La agitación era incontenible, los pocos que criticábamos tamaña aventura éramos considerados traidores a la patria. El clima era festivo, la Plaza de Mayo estaba desbordada de agitados manifestantes que gritaban a coro “el que no salta es un inglés”.

Algo parecido sucede con el insólito tratamiento del papado al que asistimos ahora. Aparentemente, el fervor religioso se multiplica. Los templos reciben nuevos fieles. Las campanas redoblan y las lágrimas también. Incluso se fabricó una “cumbia papal” en la que se burlan de los brasileros por no tener un papa. ¡Argentina! ¡Argentina! es el alarido de ocasión. Los cansados de autoritarismo, necesitados de un líder y huérfanos de conducción, se aferran al nuevo papa como símbolo de la oposición, sin percatarse de que –al igual que la llamada “oposición”– objeta las formas pero sigue en pie el “modelo” a través de la cacareada “redistribución de ingresos” y equivalentes.

Se glorifican los gestos del papa que “lo dicen todo”: viajó en bus, pagó la cuenta de su hotel, se bajó del papamóvil que cambió por uno de menor tamaño, vive en Santa Marta en lugar de disfrutar de los 300 metros cuadrados de los aposentos papales y declaró que quiere “una Iglesia pobre para los pobres”. Por momentos parecería que al grueso de los fieles les agradaría que el Papa celebrara misa en guayabera en medio de un galpón con piso de tierra y vendiera los palacios, pinturas, oro, inversiones en títulos y demás valores. En verdad, el gesto magnífico del Papa –no suficientemente ponderado– ha sido su consejo sobre la necesidad de acercarse al islam.

El nuevo papa sin duda está imbuido de las mejores intenciones y compenetrado de aspectos cruciales como la condena al aborto, puesto que se trata de un ser humano en acto (en potencia de muchas cosas, igual que el resto de los humanos) con toda la carga genética completa a partir de la fecundación del óvulo (sólo la magia más rudimentaria puede suponer que hay una mutación de la especie desde un mineral, vegetal o animal a la condición humana en el instante del alumbramiento). Sostiene con razón que debe preservarse la expresión “matrimonio”, que proviene de una larga tradición con significado preciso y, por tanto, la extrapolación a la unión de homosexuales conduce a confundir conceptos. Suscribe el extraordinariamente fértil ecumenismo iniciado por Juan Pablo II y su pedido de perdones por las bellaquerías contra los judíos, la salvaje “guerra santa” en sus conquistas, por la Inquisición y las Cruzadas.

Desafortunadamente, sus propuestas en materia social conducen a graves problemas de falta de respeto a los derechos de las personas, lo cual afecta aspectos morales clave. Puntualicé esto en una de mis columnas, en noviembre de 2011, con el título “Mensaje del arzobispo de Buenos Aires”, artículo que fue muy difundido a raíz de su proclamación en Roma. Dos días después de su designación me hicieron un reportaje en CNN donde expresé mis disidencias. Ahora se ponen en evidencia nuevas actitudes de quien es hoy Francisco, quien, afortunadamente, se opone a los truculentos sucesos en la banca vaticana y los desvíos inaceptables respecto a conductas de algunos “pastores”.

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Réplica a Bullard sobre Coase

Hace unos días, Alfredo Bullard sostuvo aquí que yo no había comprendido el artículo “El problema del costo social” de Ronald Coase puesto que había leído solo una parte del mismo. Sin embargo, no citó las partes que supuestamente no leí y que aclararían qué significa que los daños provocados involuntariamente por una persona a otra son de “naturaleza recíproca”. Más bien, confirmó que el artículo dice eso y que, como señalé en el escrito que provocó su alterada respuesta, puede tener graves consecuencias.

La diferencia entre nosotros no es, sinceramente, la comprensión del artículo. La diferencia es que él cree que contiene un aporte extraordinario, mientras que yo pienso que da pie a un enfoque equivocado del Derecho. Ni él ni yo estamos solos en nuestras posiciones. Empero, mientras a Alfredo le acompaña el juez keynesiano Richard Posner, a mí me acompañan pensadores libertarios como Murray Rothbard, Walter Block, Gary North y Hans-Hermann Hoppe, por mencionar solo cuatro.

Bullard explica el Teorema de Coase —que plantea la “naturaleza recíproca” de las externalidades negativas— con el caso de la contaminación de sembríos en Ilo por humos de la refinería de Southern. Allí hubo co-responsabilidad, sentencia, ya que, tratando de aprovechar una regulación administrativa, que ordenaba indemnizarlos por la diferencia entre lo que cosechaban y lo que debían cosechar, los agricultores sustituyeron aceitunas por alfalfa, cultivo más vulnerable a la contaminación.

Alfredo parece no comprender que con ese ejemplo confirma que dicho Teorema —que, por cierto, Coase no terminó de reconocer como idea suya— puede llevar a disolver derechos de propiedad. Bajo ese criterio, en efecto, los agricultores ya no podrían sembrar en sus tierras cualquier producto sino que estarían obligados a sembrar solo lo que no despierte suspicacias del gobierno. Eventualmente, podrían quedar condenados a sembrar aceitunas para siempre.

Desde mi punto de vista, el problema que plantea este caso debió ser resuelto evaluando, simplemente, quién tiene mejor derecho de propiedad. Si el título de los agricultores fuera anterior al de la minera, deberían poder sembrar en sus tierras lo que les dé la gana y ser indemnizados debidamente si sufren menoscabo como consecuencia involuntaria de la acción de la minera. Nadie tendría por qué entrometerse en sus campos y cuestionar sus motivos para sembrar alfalfa.

Así, aunque la regulación que precisó la regla de indemnización haya bajado los costos de transacción, dio lugar también a que el uso de las tierras de los agricultores sea cuestionado. A pesar de que las partes hayan celebrado un acuerdo bajo estas condiciones, el derecho de propiedad de una de ellas ha quedado relativizado y debilitado. Desde una perspectiva de largo plazo, por tanto, no hay mucho que celebrar en que el gobierno haya dado semejante “marco legal”.

Recientemente, The New York Times publicó un artículo de Robert Frank, que celebra también las ideas de Coase. La diferencia es que Frank señala claramente que Coase no fue un abogado del rol limitado del gobierno, sino un defensor pragmático de la intervención gubernamental en la economía. Según Frank, es profundamente equivocado creer que Coase era un libertario, ya que su artículo es no solo la mejor explicación de porqué los gobiernos regulan sino también el mejor consejo para que lo hagan más efectivamente.

Así, involuntariamente, Bullard podría estar contribuyendo a que se venda gato estatista por liebre liberal. Cuidado, Alfredo.

Publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 26 de septiembre de 2013.

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Cuando se lee solo cuatro páginas

Mi buen amigo José Luis Sardón criticó el jueves pasado en esta sección a Ronald Coase (“Ronald Coase: debe y haber”).

La crítica se basa en una mala lectura de “El problema del costo social”, escrito por Coase en los 60. Para Sardón el artículo sostendría que, si una empresa contamina a sus vecinos con humos, los jueces, deberían decidir en contra de aquel que puede evitar el daño a menor costo (la fábrica poniendo un fi ltro para los humos o los vecinos mudándose, lo que cueste menos) y no a aquel que tenía un derecho de propiedad anterior. La crítica se centra así en el famoso Teorema de Coase y la naturaleza recíproca del problema (el daño es causado no por una sino por las dos partes). Pero eso no es lo que dice Coase.

En la entrevista mencionada en mi artículo del último sábado (“Los zapatos de cartón de Ronald Coase”), Coase le responde a Sardón sin saber lo que este escribiría: “Creo que el éxito del Teorema de Coase […] es una muestra interesante de lo que está mal con la ciencia económica; pues si lees ‘El problema del costo social’ el teorema ocupa apenas cuatro páginas [de un artículo de más de cuarenta]. […] muchas personas solo han leído las cuatro páginas o solo piensan en torno a las cuatro páginas —una de las razones por las que hacen eso es que se trata de la parte más abstracta del artículo”.

Coase fue un enemigo de los modelos teóricos abstractos. Por eso nunca simpatizó mucho con el teorema que lleva su nombre (que en realidad fue formulado y bautizado por George Stigler).Él hubiera respondido con un ejemplo práctico como el siguiente.

Hace varios años la empresa Southern Perú enfrentó los reclamos de los agricultores del valle de Ilo. Estos reclamaban, como en el ejemplo de Coase, por los daños que le causaban los humos de la fundición de Southern a sus cultivos. El gobierno dio un marco legal en el que se ordenaba a la empresa indemnizar a los agricultores con la diferencia entre lo que producían las tierras y lo que debían producir.

En el valle de Ilo se cultivan principalmente aceitunas, un cultivo bastante resistente a los humos. Pero los agricultores, una vez dada la regla indemnizatoria, comenzaron a sembrar alfalfa, un cultivo muy débil para resistir la contaminación. Así cobraban indemnizaciones mayores. Es a eso a lo que se refi ere Coase con la naturaleza recíproca del problema, y que tanto preocupa a Sardón: los daños no provienen solo de los humos, sino de la decisión de qué cultivar.

Coase hubiera dicho (como lo dice al analizar todos los casos que cita luego de las cuatro páginas) que lo realmente relevante es que, si los costos de transacción son bajos (es decir, si no es difícil que las partes negocien un contrato), las partes encontrarán una solución por acuerdo.

Y fue precisamente eso lo que ocurrió. La Southern celebró transacciones con todos los agricultores en términos que eliminaron los incentivos a sembrar la frágil alfalfa y creó incentivos para mejorar los estándares ambientales. Las partes saben mejor que los jueces que es bueno para ellas.

Si se lee más que esas cuatro páginas, Coase no dice que los jueces deben quitarles su propiedad a las personas en base a un análisis costo-beneficio. Dice que lo que los jueces hacen es en realidad irrelevante, porque las partes tomarán las decisiones correctas si pueden negociar. Pero los jueces quitarán discrecionalmente la propiedad a la gente, los costos de transacción se elevarían y las partes no encontrarían una solución.

El mensaje de Coase es que si los derechos de propiedad son claros, las personas encontrarán la mejor manera de resolver sus problemas. El rol del Estado y de los jueces no es escoger la salida más eficiente, sino reducir, con reglas claras, los costos para que las personas se pongan de acuerdo. Pero para entenderlo hay que leer algo más que cuatro páginas.

Publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 14 de septiembre de 2013.

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Los almuerzos de la burocracia ecuatoriana

En mi artículo “Los señores de la pobreza” (30/08/2013), comentado por el presidente Rafael Correa en su programa semanal (minuto 03:14:00), dije que lo que el gobierno espera recibir por la explotación de los yacimientos petroleros del Yasuní —entre $600 y $800 millones— apenas alcanza para cubrir los almuerzos de los burócratas. Para calcular el gasto en dichos almuerzos me basé en dos cifras: una conservadora y una cifra alta. La fuente de la primera cifra es el cálculo que hiciera el economista de la ESPOL Manuel González-Astudillo, estimando que el costo total de los almuerzos era de $537,6 millones (teniendo en cuenta lo siguiente: 560.000 burócratas * $4 por trabajador y por día * 20 días por mes * 12 meses al año). Este cálculo es muy similar al que hiciera la agencia de noticias estatal ANDES en dos notas periodísticas llegando a la cifra superior de $560 millones. Hay razones para pensar que el gasto bien podría ser mayor. Como el mismo presidente comentó en la sabatina, a algunos burócratas se les daba $12, no solo $4 por cada almuerzo. Por eso utilicé otra fuente para establecer la cifra máxima y esta es la entrevista que Miguel García, representante de los burócratas, dio a El Comercio, donde afirmó que el Estado gastaba $800 millones al año en este rubro.

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Sobre la deuda de Argentina

El video abajo muestra cuando el presidente interino de Argentina, Adolfo Rodríguez Saá (fue presidente durante una semana) anuncia en el Congreso en diciembre de 2001 que Argentina dejaría de pagar su deuda —el default soberano más grande de la historia. Rodríguez fue interrumpido por una ovación y cantos de “¡Argentina! ¡Argentina!”

Una década después, en mayo de 2012, el Congreso de Argentina aprobó de manera abrumadora la expropiación (sin compensación hasta la fecha) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa petrolera más grande del país, cuyo paquete accionario mayoritario pertenecía a la empresa española Repsol. Cuando el voto de 207 versus 32 fue anunciado, estalló una celebración con diputados abrazándose y cantando:

Esta es solo una muestra de lo débil que es el Estado de Derecho en Argentina.

Este lunes, Buenos Aires anunció que reabrirá el canje de 2010 a través del cual reestructuró su deuda reemplazando bonos viejos con bonos nuevos con un descuento considerable. El anuncio llegó ante la probable decisión por parte de la Corte Suprema de EE.UU. (EE.UU. tiene jurisdicción sobre la deuda emitida bajo la legislación de Nueva York, como sucede en este caso) de no revertir la decisión de una corte de apelaciones que establece que el gobierno argentino primero debe pagar a los acreedores que reclamaron el valor negociado inicialmente, esto es, los tenedores de bonos que no aceptaron los términos de los anteriores canjes de deuda. El gobierno argentino ha declarado de manera categórica que no les pagará.

En un intento por evitar un default técnico, Argentina ofrecerá a los tenedores de bonos que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 nuevos bonos emitidos bajo jurisdicción argentina. El Economist Intelligence Unit tiene un buen análisis de este caso aquí (en inglés).

Los tenedores de bonos argentinos ahora se enfrentan a una disyuntiva terrible: o retienen sus bonos emitidos en EE.UU. y se enfrentan a un probable default, o aceptan la oferta de Argentina de nuevos bonos emitidos bajo la “protección” de las poco confiables instituciones legales y políticas de ese país.

Antes de aceptar la oferta, los tenedores de bono deberían recordar el cántico: “¡Argentina! ¡Argentina!”

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Puertos y populismo

El gobierno ecuatoriano viene promoviendo con una intensa propaganda la idea de que el Puerto de Guayaquil está colapsado. El argumento más repetido para justificar el megaproyecto de un nuevo puerto en otro lugar de la costa ecuatoriana es que ahora supuestamente los puertos necesitan de 15 metros de calado para ser competitivos y el de Guayaquil solo llega a 9,75 metros. Pero en este gráfico que presenta hoy El Universo (con datos de la CEPAL) vemos que entre los principales puertos de Latinoamérica solamente Panamá tendría ese calado en el Puerto de Balboa (donde desemboca el Canal de Panamá). Además, como indica Fernando Donoso, expresidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, las embarcaciones grandes de más calado (15 metros) van a países que movilizan una gran cantidad de carga como Alemania, China y la India. Donoso agrega como ejemplo que a Valparaíso, cuyo calado máximo es de 13,8 metros, nunca ha llegado un buque que necesite toda esa capacidad. Por lo tanto, en lugar de construir un puerto nuevo afuera de la ciudad, más toda la infraestructura que requiere un puerto, lo más barato y eficaz sería incrementar el calado del Puerto de Guayaquil en aproximadamente metro y medio. Pero lo necesario y más económico no es lo que importa en un gobierno populista.

Calado de puertos en Sudamérica

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Populismo con moneda propia versus populismo dolarizado

Tanto Venezuela como Ecuador tienen gobiernos populistas de izquierda que se han beneficiado tremendamente de ingresos sin precedentes por la venta de petróleo. Ambos gobiernos aprovecharon esos ingresos extraordinarios para aumentar considerablemente el gasto público. Sin embargo, hay una diferencia crítica entre estos países: mientras que Venezuela tiene su propia moneda (el llamado “Bolívar fuerte”), Ecuador adoptó el dólar de EE.UU. como su moneda oficial en el 2000. Eso significa que, sin importar qué tan irresponsable sea la política fiscal del gobierno ecuatoriano, este no puede imprimir dinero para financiar su gasto.

El resultado: Venezuela tiene la tasa de inflación más alta en América Latina mientras que Ecuador tiene una de las tasas más bajas en la región.

Inflación Ecuador y Venezuela

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El parlamento uruguayo aprueba ley que legalizaría la marihuana

El parlamento de Uruguay votó ayer para permitir la producción, comercialización y distribución de cannabis, dando el primer paso para convertirse en el primer país en el mundo que legalizaría la marihuana. Aún cuando Uruguay nunca criminalizó el consumo personal, este voto, que aprobó la ley con 50 votos a favor y 46 en contra, es una medida mucho más atrevida.

La ley es mucho más elaborada que la propuesta que se presentó al parlamento uruguayo hace un año, la cual contenía solamente un artículo dándole al Estado el poder de regular el mercado de cannabis. Inicialmente, el gobierno contempló la idea de crear un monopolio estatal en la producción y venta de la droga. La ley aprobada esta semana permitiría un mercado privado, aunque estrictamente regulado, de cannabis. Los uruguayos podrán cultivar su propia marihuana (hasta seis plantas) o registrarse en un club que también podrá cultivar su propia marihuana (hasta 99 plantas). Todos los cultivos requieren una autorización previa del Estado.

Adicionalmente, los uruguayos podrán comprar marihuana de las tiendas de droga autorizadas (hasta 40 gramos al mes). Para poder hacerlo, también tendrán que enlistarse en un Registro Nacional de Consumidores. Aunque la ley estipula que el registro será privado y que la información contenida en este será considerada “sensible”, hay buenas razones para creer que no muchas personas correrán a un organismo estatal a registrarse como consumidores de marihuana. Las personas menores de 18 años no podrán tener acceso legal a la marihuana y todo tipo de publicidad de la droga está prohibida.

La ley ahora se dirige al senado donde se espera que sea aprobada. Una vez que entre en vigencia, Uruguay se convertirá en el estandarte de la reforma a la política de drogas. Aún siendo un país pequeño que no sufre del problema de la violencia relacionada a las drogas que hemos visto en México o Centroamérica, la legalización de la marihuana en Uruguay constituye un paso trascendental en el camino hacia el desmontaje del régimen de la prohibición que ha estado vigente por lo menos desde la década de los sesenta. Leyes para la legalización de la marihuana ya han sido introducidas en las legislaturas de países como Chile y México. Además, no olvidemos que el cannabis fue legalizado en noviembre del año pasado (mediante un referéndum) los estados de Colorado y Washington.

La administración Obama tiene que tomar una decisión: puede obstruir el impulso hacia la reforma, o puede involucrar a los países latinoamericanos en un debate abierto acerca de cómo acabar con una política fracasada que ha costado las vidas de cientos de miles de personas en la región. Eso sería un cambio en el que podemos creer.

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