Por qué la dolarización es buena para Ecuador

El dinero es un producto social –una institución en sentido mengeriano– que no ha sido creado por autoridades políticas sino por los intercambios entre desconocidos mediante lo que los griegos llamaban “catalaxia”, es decir, volver amigos a los extraños. Eso hace el comercio. Y el comercio ampliado requiere de un medio de intercambio como el dinero para evitar sistemas locales de deuda (don y dar incluído) o de trueque. El dinero tiene tres funciones en las sociedades humanas: ser medio de pago, ser unidad de cuenta (para poder hacer comparaciones entre otros bienes y entre distintos proyectos que requieren contabilidad rigurosa) y ser depósito de valor. Las dos últimas parecen no ser comprendidas ni apreciadas cabalmente por una parte importante de intelectuales y economistas del mundo. Como otras instituciones mengerianas –el lenguaje, la propiedad, la familia nuclear, la empresa, el derecho, etc.– el dinero puede ser de alta calidad o de baja calidad, con consecuencias más o menos coordinadoras para el bienestar de las sociedades humanas.

1.- Medio de pago: debe ser un bien ampliamente aceptado. Algo que sea “fácil de deshacerse de”, en otras palabras que tenga como característica la liquidez. El dinero es el bien más líquido dentro de una escala de liquidez y en general de dinerabilidad de los bienes disponibles.

2.- Unidad de cuenta: permite el cálculo económico, es decir, la contabilidad de costos. Un dinero de calidad permite saber cuántos recursos tangibles e intangibles se gastan en producir un bien intermedio o un bien final. De ese modo, las sociedades humanas saben que están agregando valor en sus actividades, es decir, creando riqueza.

3.- Depósito de valor: el dinero sirve para mantener un balance de efectivo frente a emergencias, condiciones cambiantes o simplemente ahorrar. El ahorro es el fundamento de una economía sana en el corto y largo plazo pues permite hacer inversión y reinversión en métodos y conocimientos –es decir, capital– para crear riqueza.

Las dos últimas dependen de que el dinero sea dinero de calidad, poco o nada manipulable por autoridades políticas.

El dólar norteamericano no es la plata ni el oro, que emergieron espontáneamente como las mejores formas de dinero a través de siglos de prueba y error, superando al ganado, los granos, la sal y otros metales debido a algunas características particulares. De hecho, ha perdido ya 97% de su valor (un dólar de hoy compra lo que compraban $0,03 en 1912 antes de la creación de la Fed estadounidense). Sin embargo, es un dinero de relativa buena calidad comparado con otros dineros fiat.

¿Qué efectos ha tenido la dolarización ecuatoriana? ¿Qué predicciones negativas había sobre ella?

La dolarización ha detenido la operación del Efecto Cantillon en el Ecuador. Es decir, los políticos locales no pueden diluir el valor de los ahorros y salarios –poder adquisitivo que se pierde porque va a parar a manos de grupos bien conectados con el Estado. La inflación disminuyó de 95% en el año 1999 a una de 4,15% en 2014. Pero en su momento la idea de dolarizar (formalmente) la economía ecuatoriana recibió una oposición virulenta de parte de ciertos sectores empresariales, financieros e intelectuales. ¿Qué se decía en contra de la dolarización? ¿Tuvieron razón esas predicciones?

1.- Se decía que las exportaciones iban a contraerse. Falso. Entre 2001 y 2011 las exportaciones totales crecieron en un 377,17% con un componente de 62,59% de parte de las exportaciones petroleras y el restante por las no petroleras. Aunque las exportaciones industriales y las primarias sin petróleo se han multiplicado en más de tres veces, las exportaciones petroleras lo han hecho en 6,81 veces, demostrando el distorsionante peso que tiene el petróleo sobre el crecimiento de las exportaciones del Ecuador. Esto exacerba la falta de control del contribuyente sobre el erario público y la falta de libertad empresarial para diversificar las exportaciones así como generar fuentes de empleo real para los graduados universitarios. Los empresarios encuentran que entre la estabilidad y la capacidad de exportar usando devaluaciones, la primera es más importante. Una moneda fuerte permite el cálculo económico y fomenta largoplacismo familiar y empresarial. El largoplacismo implica menos consumismo y más inversionismo. En suma, más progreso.

2.- Se decía que las importaciones iban a aumentar y las industrias ecuatorianas iban a quebrar. Falso. El desempleo abierto bajó de 17% en el año 2000 a aproximadamente 7-8% (empleos reales) en 2014. Y donde hay empleo hay una de dos cosas: proyectos empresariales reales o puestos burocráticos que viven de los impuestos que pagan los participantes de esos proyectos. Entre el 2007 y el 2012, el crecimiento de la demanda de cemento fue del 7% anual. Y en el 2013, llegó a 10%. La mayor parte, aunque espoleada por tasas subsidiadas distorsionando el proceso, sigue siendo inversión privada. Por cada 10.000 habitantes hay 124 empresas, significativamente más que hace 14 años. Para mejorar eso y elevar la demanda de profesionales capacitados hay que reducir trabas, impuestos y reducir la corrupción. Además el comercio internacional no quiebra economías sino que relocaliza industrias enteras para mayor división del trabajo entre países. La re especialización es una oportunidad de hallar nuevas eficiencias y según estudios crea más y no menos empleo que cerrarse al mundo.

3.- Se decía que la pobreza estaba aumentando por la dolarización. Falso. Durante de la dolarización –y de forma más rápida entre 2000 y 2007– la pobreza ha estado disminuyendo en el Ecuador. Luego de la crisis de 1999, el 52,18% de la población estaba sumida en la pobreza y el 20,10% en la indigencia. El año pasado, la pobreza urbana fue de 14,93% y la rural al 16,99%. Si la dolarización fuese negativa, la pobreza debería estar aumentando. O debía reducirse más rápidamente con el gobierno que ha intervenido más (2007-2014) para supuestamente ayudar a reducirla. En realidad la dolarización es un esquema que permite a la gente trabajar en paz y a un país lo hace su gente, no los políticos.

4.- Se decía que la inflación iba a ser igual a la de Estados Unidos. Parcialmente verdadero. Sin embargo los gobiernos ecuatorianos aún pueden inyectar papeles (o dinero electrónico) respaldados sólo parcialmente en el dólar e inyectar deuda en la economía. De ese modo hay inflación sin máquina. Se necesita limitar aún más la capacidad de los gobiernos de inflar el dinero y los fondos prestables. También se necesita integrar financieramente al país al mundo para terminar de perfeccionar las bondades de la dolarización como fuente de estabilidad económica de los ecuatorianos. Adicionalmente, el gobierno ecuatoriano ha venido incrementado el Impueso a la Salida de Divisas (ISD) y las restricciones a las importaciones, todas medidas que podrían estar contribuyendo a la brecha entre la tasa de inflación de Estados Unidos y aquella de Ecuador durante los últimos años.

Conclusiones:

Como podemos ver, la dolarización ha rebasado las expectativas más optimistas de sus proponentes hace 15 años. Se buscaba estabilidad pero se obtuvo adicionalmente mejor contabilidad general para lograr valor agregado y también más largoplacismo en los proyectos privados y públicos. Los ecuatorianos viven mejor que nunca antes, incluso si el crecimiento es muy pobre frente al de economías más libres en el mundo. Al detener la operación del Efecto Cantillon la dolarización ha protegido a los ecuatorianos de la torpeza o malicia de las clases políticas y financieras. Y finalmente, algo muy importante: la dolarización no necesita ser sostenida, más bien ella sostiene -genera confianza- a los ecuatorianos. Y hoy, más que nunca, el futuro de la dolarización depende de que eso se comprenda a cabalidad.

Fuentes e información adicional:

El origen del dinero, Carl Menger.

El desempeño económico en dolarización“, El Telégrafo, 31 de diciembre de 2012.

La dolarización en Ecuador y su impacto“, Mario Barzallo Mendieta, Gestiopolis.

BBC Mundo: Diez años de dolarización en Ecuador“.

Dolarización: ¿un amor eterno?, Pablo Lucio-Paredes, Grupo Santillana, 2004.

Del.icio.us Digg

Honduras: El derecho de elegir tu proveedor médico

Ante la crisis imperante en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que se traduce en la falta de medicamentos, escasa cobertura médica, mala atención y otros temas que han puesto en precariedad la institución, el Poder Ejecutivo de la pasada administración se decidió al final del 2013 por la intervención de dicho instituto, poco antes de terminar su gestión.

El informe de la Junta Interventora reveló al país la crítica condición financiera en que se encontraba el IHSS (déficit de US$299 millones) producto de un sinnúmero de contratos no justificados y con indicios de una sobrevaloración de más de 40% respecto a los valores reales del mercado, malversación de fondos públicos, un desmesurado irrespeto por los procedimientos administrativos que dispone la Ley, pero sobre todo, un atropello a los contribuyentes del sistema de salud.

El fracaso del modelo de administración del IHSS viene por su estructura superior. La Junta Directiva del IHSS la componen representantes del gobierno central, federaciones sindicales y de los agremiados al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), con un Director Administrativo nombrado por el Presidente de la República. Este formato de administración lo que ocasiona es un mecanismo donde hay demasiadas personas para apuntar dedos, y al afectar a tantos grupos diversos, todos prefieren dejar pasar el problema. Todas las personas con un trabajo formal en la economía están obligadas, junto a sus empleadores, a aportar al fondo del IHSS, creando una alta liquidez mensual de flujos de efectivo.

Todo se mantuvo así hasta el caso de corrupción que estalló a inicios del 2014. A finales del mismo año se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de reforma integral al sistema de seguridad social impulsado por una comisión interventora y con visto bueno del Poder Ejecutivo. Sin embargo, este nuevo proyecto ha sido recibido por los diputados de la oposición con duras críticas, un fuerte rechazo y probablemente con una amplia falta de entendimiento que pone en perjuicio la transición a un modelo de seguridad social que mejore la calidad y amplíe la escasa cobertura de salud a un considerable número de hondureños.

El proyecto para la Ley Marco de Protección Social consiste incentivar la competitividad y con ello la calidad de los beneficios otorgados por el sistema de Seguridad Social. A tal efecto, uno de los elementos más innovadores que se introducen en el proyecto de Ley, es el reconocimiento al derecho de elegir consignado en su artículo 22. El artículo reconoce el derecho del asegurado cotizante a elegir en base a su criterio de la mejor oferta entre los diferentes gestores de servicios de salud (de carácter privado, público o mixto) que sean parte de la red de proveedores certificados por el IHSS, no como actualmente donde los abonados estamos obligados a usar los médicos y servicios del IHSS. El cotizante hará su elección en base a sus preferencias personales, considerando los beneficios ofrecidos y los profesionales adscritos, así como la atención que proveen los diferentes gestores de salud.

Pero no solo podrá el cotizante elegir su proveedor médico, sino que también podrá decidir libremente quién administrará los fondos que mensualmente aporta de su salario para pagar el seguro. Mediante la constitución de empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los cotizantes podremos escoger quien administra el dinero de nuestro retiro. La competencia entre dichas empresas los hará ofrecer diferentes beneficios y servicios entre las que podemos escoger libremente. Si administran mal nuestro dinero, se los quitamos y lo ponemos en otro lugar con gente o empresas más responsables o talentosas.

Desde que se inauguró el IHSS en 1957, los hondureños hemos contribuido forzosamente  al sistema de seguridad social mediante deducciones mensuales de nuestro salario. La administración de estos fondos ha sido monopolizada por dicho instituto y después de 58 años los resultados son claros: corrupción, escasez, y quiebra, dejando a la mayor parte de la población hondureña sin acceso a la salud.

Uno pensaría que el sentido común y la experiencia dejarían claro lo sabio que sería que los hondureños tuviéramos la libertad de elegir nuestros médicos y las personas que administran nuestros fondos de retiro. Pero ese no parece ser el caso con los líderes de los partidos de oposición y algunos diputados oficialistas. Con un discurso incendiario y populista se han dedicado a acusar al proyecto de “privatizador” y usando el miedo como arma política lo acusan de buscar la eliminación de la salud pública en Honduras. En un documento firmado por Mauricio Villeda, presidente del Partido Liberal; el ex presidente Manuel Zelaya del Partido LIBRE; y Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción, la oposición expresa que comparte la posición del Colegio de Médicos en rechazo a la Ley, porque de alguna manera entendieron que “desaparece la salud pública” como literalmente dice el documento.

Pero, ¿qué privatización?, me pregunto yo. Igual que en el sistema actual, la salud pública seguirá siendo financiada mediante aportaciones de impuestos de los contribuyentes que fondean al Presupuesto Nacional de la República. El cambio principal radica en que, para introducir competitividad, la nueva ley pretende reconocerle a los cotizantes su derecho de elegir quien administra sus aportaciones y a cual centro médico atenderá. Es un proyecto redistributivo de riqueza, que asigna más cargas a los empleadores y le otorga nuevos derechos adquiridos al trabajador, razón por la cual hay muchos puntos de legítima preocupación. Pero los líderes de la oposición parecen empecinados en mantener el status quo y en combatir el derecho de los cotizantes a decidir –si así lo desean- asistir a un centro privado en lugar de uno del IHSS. El pueblo hondureño necesita acceso a la salud, sin importar si el centro que lo provea es público o privado, y no verse limitado a los carentes centros públicos por cuestiones ideológicas.

Del.icio.us Digg

Reseña de “El capital en el siglo XXI”

Mucho se ha escrito sobre El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. Las críticas al libro se resumen en dos grandes grupos: (1) cuestiones teóricas y (2) problemas empíricos. En esta reseña para la Fundación Libertad y Progreso resumo algunos de los mayores problemas encontrados en la obra de Piketty.

“La publicación en inglés del libro El capital en el siglo 21 del economista francés Thomas Piketty ha generado un intenso y a veces hasta acalorado debate en Estados Unidos. Su publicación en español por el Fondo de Cultura Económica (FCE) puede generar un impacto similar en los países de habla hispana. El libro de Piketty trata directamente sobre cuestiones de distribución del ingreso, siendo un tema de debate político y social en Latinoamérica es de esperar que el libro tenga cierto impacto.

Tantas opiniones se han vertido sobre el libro Piketty que no puedo dejar de mencionar que no reclamo originalidad en los puntos que discuto a continuación. De hecho, en lo que sigue me baso fundamentalmente en los trabajos de Dierdre McCloskey, Xavier Sala-i-Martin, Philip Magness, Robert Murphy, Juan Ramón Rallo, David Henderson, y Chris Giles cuya lectura es recomendable”.

Seguir leyendo en Fundación Libertad y Progreso.

Del.icio.us Digg

Ecuador: ¿Salvaguardar o no salvaguardar?

A partir de hoy (11 de marzo) entra en vigencia la Resolución N° 011-2015 del Comité de Comercio Exterior (COMEX) del Ecuador que establece sobretasas arancelarias entre el 5% y 45% para la tercera parte de los productos importados, exceptuando la mayoría de materias primas y bienes de capital. Según las autoridades gubernamentales, con esta medida se busca mitigar el efecto que tendrá la caída del precio del petróleo en las exportaciones, estimada en unos $3.000 millones, y así proteger la balanza comercial y la dolarización.

Aunque no es la primera vez que el Gobierno se decide por este tipo de medidas, sí es la restricción más fuerte al comercio que ha impuesto. Al igual que ahora, en enero de 2009 el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) estableció una salvaguardia para precautelar la balanza comercial, también por la caída del precio del petróleo. Sin embargo, en aquella ocasión la sobretasa máxima fue del 35% para bienes como bebidas alcohólicas, cosméticos, celulares, entre otros bienes de consumo. Esto afectó a un poco más de 600 artículos de importación. En cambio, la restricción del 2015, aumenta hasta en 45% los aranceles vigentes y afecta a más de 3.000 productos como televisores, repuestos automotrices, cerámicas, camiones, alimentos y demás.

Además, a pesar que las autoridades han sugerido que la salvaguardia dure 15 meses, la Resolución no especifica la fecha de expiración, solo establece que es de “carácter temporal”. En cambio, en la del 2009, el Artículo 1 definió explícitamente que la salvaguardia sería “temporal y por el periodo de un (1) año”. Actualmente solo se conoce que tras los 15 meses sugeridos por el Ministerio Coordinador de la Política Económica se revisará para determinar su fin, o continuidad.

Pero Ecuador no es el único país sin moneda propia con problemas deficitarios en su cuenta corriente. Si comparamos el promedio del déficit de la cuenta corriente en relación al Producto Interno Bruto (PIB) entre 2005-2013 de Panamá (-8,1%) con Ecuador (0,8%), se podría concluir que Panamá necesitaría mucho control sobre sus importaciones. Pero a pesar de no tener política monetaria, no ha optado por la aplicación de medidas restrictivas al comercio. La estrategia de Panamá se fundamenta en atraer grandes flujos de capital además de libertad de comercio y financiera.

Otro factor importante de considerar es el problema fiscal que atraviesa el Estado ecuatoriano. Entre 2007 y 2014 el gasto del Sector Público no Financiero, que engloba toda la actividad del Estado, pasó del 25% a más del 45% del PIB. Esto conllevó pasar de un resultado global superavitario del 1,9% del PIB a un déficit del 4,6% en el 2014. Para el 2015, con la caída de los ingresos petroleros (tercera parte del total), la necesidad de financiamiento del Estado superaría los $10.000 millones.

Esta agresiva medida para restringir las importaciones y la salida de divisas evidenciaría que la economía ecuatoriana no está “tan preparada” para asumir impactos externos como la caída del precio de petróleo y el fortalecimiento del dólar. Es ahora cuando no haber diversificado las fuentes de divisas le costará caro al país. Con una reducida inversión extranjera de menos de $800 millones por año, limitados mercados de exportación, elevado déficit fiscal y endeudamiento agresivo, el Ecuador es cada vez más vulnerable a los cambios repentinos de la economía mundial.

Es evidente que el 2015 será un año difícil para los ecuatorianos. No solo por la reducción del poder adquisitivo como consecuencia del aumento de aranceles sino también por la reducción de la actividad comercial que afectará al empleo y el crecimiento económico. Por último, la dolarización para fortalecerse no necesita salvaguardias, impuestos, aranceles, cupos, cuotas u normas técnicas, lo que necesita es mayor apertura comercial, inversión productiva y reglas claras que incentiven el empleo y la producción.

Del.icio.us Digg

Colombia no es Venezuela, pero tampoco es libre

Es cierto que, a diferencia de Venezuela, nuestro país vecino al oriente, Colombia no se destaca en las noticias internacionales por las expropiaciones arbitrarias, por la inflación ni por la escasez de productos básicos causada por los controles de precios.

El gobierno colombiano tampoco ha cerrado despóticamente medios de comunicación simplemente porque emiten noticias u opiniones que desagradan al régimen, ni ha legalizado el uso de armas letales en contra de los estudiantes que se manifiestan en las calles.

Pero nada de esto debería enorgullecer mucho a los colombianos que defienden la libertad. Raramente es buena idea compararse con el peor alumno del salón de clase para ufanarse de unas notas mediocres, y el desempeño de Colombia en cuanto a las libertades económicas y civiles es poco brillante en el mejor de los casos.

En cuanto a la economía, los políticos colombianos de todas las vertientes establecidas suelen culpar al “neoliberalismo”- aquella “tremebunda entelequia destructora” según Mario Vargas Llosa- de todo mal real o imaginario. La realidad, sin embargo, es que la libertad de mercado es bastante precaria en Colombia.

Usualmente se requiere a un extranjero para que señale el carácter poco libre y mas bien corporativista de la economía nacional. En el 2012, Juan Carlos Hidalgo, analista costarricense del Instituto Cato y autor de Libremente, me dijo en una entrevista que Colombia es un país “bastante mercantilista, con un sector privado fuerte, pero con empresas fuertes porque han sido protegidas durante muchos años por el Estado, principalmente por medio del proteccionismo comercial y de regulaciones”.

Agregó que los Tratados de Libre Comercio colombianos, denigrados tanto por la izquierda como por la derecha, “abren mucho menos el mercado local a la competencia foránea” que aquellos que firman países vecinos como Perú.

Las palabras de Juan Carlos tienen eco en lo que ha escrito acerca de Colombia el profesor de Harvard James Robinson, quien percibe un altísimo grado de cartelización o monopolio en la economía colombiana. Robinson nota que las tres mayores fortunas creadas en el país durante el siglo XX- en cerveza, bebidas gaseosas y en la banca y servicios financieros- surgieron “a partir de monopolios… protegidos y a veces blindados por el Estado”.

Aparte de esta colusión poco salubre entre grandes grupos económicos y políticos o funcionarios estatales –claramente a costa de la competencia y del consumidor– están los colosales tentáculos retardatorios de la burocracia y del fisco colombiano. Más allá yace un sistema judicial ineficiente y en muchos casos corrupto.

Según el Banco Mundial, crear una empresa legítima en Colombia requiere 8 trámites que se cumplen en 11 días. Quien intente registrar un nuevo negocio, sin embargo, rápidamente cae en cuenta de que estas cifras son bastante optimistas. Más acordes con la realidad son las cifras de 33 trámites y 1.288 días necesarios para hacer cumplir un contrato en Colombia, lo cual nos deja en el puesto número 168 entre 189 países en el escalafón Doing Business. En materia tributaria, una empresa colombiana puede perder 239 horas anuales al cumplir los requisitos para pagar 11 impuestos que suman el 75,4% de las ganancias totales, una tasa mucho mayor a la de Suiza (29%), Suecia (49%) y Dinamarca (26%).

(seguir leyendo)

Del.icio.us Digg

¿Por qué algunos países tienen un Poder Judicial independiente y otros no?

Recientemente el Foro Económico Mundial elaboró un ranking a través del cual evaluó el nivel de independencia judicial existente en 148 países alrededor del mundo. Si bien su metodología, como la de todos los demás rankings, puede ser cuestionable sus resultados son elocuentes y nos invitan a la reflexión.

En un extremo del listado se ubican Nueva Zelanda, Finlandia, Irlanda, Hong Kong y Noruega todos ellos países cuyos sistemas de justicia funcionan con independencia frente a los grupos de presión –políticos, empresariales, ideológicos o sindicales- existentes en la sociedad. Al otro lado de la balanza, se encuentran Venezuela, Burundi, Paraguay, Moldova y Chad; muy probablemente, en esos países, los jueces no tienen la libertad para aplicar el derecho según su criterio sino que deben obedecer directivas de poderes –jurídicos o fácticos- que los tienen apresados.

Si ampliamos un poco la mirada las cosas se hacen aún más interesantes. De los 20 países peor ubicados en el ranking 7 están ubicados en Africa, 5 en Latinoamérica y 4 en el área de influencia de la antigua Unión Soviética. Por su parte, de los 20 países mejor evaluados, 5 pertenecen al Commonwealth y 8 están ubicados en el norte de Europa.

Claramente una infinidad de factores influyen en los niveles de independencia judicial de las naciones.  Sin embargo, igual me animaré a formular una tesis que intente explicar, aunque sea de manera defectuosa y simplista, los resultados estadísticos citados anteriormente.

A grandes rasgos existen dos modelos institucionales alternativos para organizar el funcionamiento de los poderes judiciales en el mundo. En el primero de ellos los jueces usualmente inician su carrera a temprana edad y, progresivamente, van ascendiendo a través de los distintos cargos de una estructura jerárquica. En el segundo de ellos, en cambio, las personas ingresan a la carrera judicial a una edad más avanzada y tienden a ocupar la misma posición por mucho tiempo. A continuación debemos preguntarnos: ¿qué influencia ejercen estos modelos institucionales en los niveles de independencia judicial de un sistema jurídico?

Naturalmente, en el primero de estos sistemas, la actividad de los jueces es seguida de cerca por instituciones encargadas de su evaluación y promoción. En cambio, en el segundo de estos sistemas, generalmente no existe una organización formalmente encargada de evaluar, premiar y castigar a los jueces.

A primera vista, el primer modelo establece una estructura de incentivos que estimula la diligencia en la administración de justicia. Sin embargo, es importante no olvidar que las personas encargadas de supervisar a los jueces tienen incentivos –económicos, políticos e ideológicos- propios.  Probablemente algunos ejemplos pueden ayudar a aclarar este punto:

En el Perú el Consejo Nacional de la Magistratura es la entidad encargada de nombrar, evaluar, promover y destituir a los jueces. Dicha institución cuenta con 7 miembros; uno designado por el propio Poder Judicial, uno por el Ministerio Público, uno por los colegios de abogados, dos por los demás colegios profesionales existentes, y dos por las universidades-públicas y privadas del país.

Cabe resaltar que, lejos de ser excepcional, este modelo es bastante representativo en la región puesto que Ecuador, Bolivia, El Salvador, México, Paraguay y Argentina poseen organismos con una composición semejante. Por su parte, muchos países en Europa como Francia, Italia, Portugal, Polonia y España también utilizan mecanismos semejantes. De hecho, el modelo se ha extendido hasta el punto de que el 60% de los países en el mundo lo utiliza en alguna medida.

Posiblemente el modelo descrito en el párrafo anterior puede tener muchas ventajas, sin embargo, en términos de independencia judicial, no es tan difícil percibir los problemas que plantea. Si los jueces deben someterse a la evaluación de una institución corporativa que representa a diversos grupos de presión –básicamente abogados, profesionales, y profesores universitarios- muy probablemente su capacidad de aplicar el derecho con independencia quedará menoscabada en algún grado.

Con ello en mente conviene volver al ranking elaborado por el Foro Económico Mundial. Mientras que, de los 20 países peor ubicados, 13 (65%) utilizan el sistema descrito en el párrafo precedente solo 4 (20%) de los 20 países mejor ubicados en dicho ranking lo emplean.

Como queda claro, ello dista mucho de demostrar algo fehacientemente pero la idea no deja de ser sugerente.

Nota: Si se quiere leer más sobre este tema recomiendo revisar el excelente artículo de Richard Posner titulado Judicial Behavior and Performance: An Economic Approach.

Del.icio.us Digg

¿Caerá la oposición venezolana en la trampa de UNASUR?

Ricardo Patiño en evento para respaldar al gobierno de VenezuelaUna nueva crisis política se está gestando en Venezuela conforme la economía continúa en caída libre, el malestar social crece, y el gobierno intensifica su ofensiva contra la oposición. Dos semanas atrás, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue arbitrariamente detenido bajo cargos espurios de planear un golpe de Estado. Otras figuras destacadas de la oposición están en la mira del régimen de Nicolás Maduro y podrían ser detenidas en cualquier momento.

Una vez más, la oposición venezolana, así como organizaciones internacionales de derechos humanos y expresidentes latinoamericanos, han exigido que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tome una posición sobre la situación en Venezuela. Bueno, ya lo ha hecho. En numerosas oportunidades, tanto el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, como los ministros de relaciones exteriores elegidos para mediar en el conflicto, han apoyado de manera inequívoca al régimen de Maduro.

Luego de reunirse con Maduro días atrás, Samper dijo que “Todos los países de la UNASUR rechazan cualquier intento, interno o externo, de desestabilizar la estabilidad y tranquilidad democrática de Venezuela. Hemos recibido pruebas (de los intentos)”. Diez días después del arresto de Ledezma, Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y uno de los “mediadores” de la UNASUR en Venezuela, realizó un “evento de solidaridad” al régimen de Maduro, afirmando que, “Estamos dispuestos a viajar a Venezuela tantas veces como sea necesario para colaborar con las autoridades revolucionarias del gobierno electo en representación de los venezolanos, y contribuir a detener lo que se presenta como un nuevo golpe de Estado que nos parece inaceptable”.

Resulta bastante evidente que la misión de la UNASUR en Venezuela es apoyar al gobierno. ¿Por qué es entonces algunos líderes de la oposición venezolana, así como otros actores internacionales, siguen esperando que esta organización desempeñe un papel constructivo en la crisis?

Pero la participación de la UNASUR no termina allí. Por alguna razón, a pesar de sus declaraciones manifiestas a favor del régimen de Maduro, la organización ha sido aceptada en el pasado como mediadora entre el gobierno y un sector de la oposición. Como tal, las negociaciones mediadas por la UNASUR han tenido dos efectos: En primer lugar, han ayudado a dividir la oposición entre aquellos que reconocen la inutilidad de negociar con una dictadura y quienes todavía creen que pueden obtener concesiones del gobierno. En segundo lugar, las negociaciones le han dado al régimen de Maduro una oportunidad para engañar al mundo haciendo creer que está dispuesto al diálogo con la oposición. Además, han ayudado a presentar a aquellos que se niegan a participar como “radicales”.

Eso es lo que ocurrió luego del arresto a Leopoldo López hace un año. López sigue languideciendo en la prisión, el gobierno desinfló la presión internacional, y la oposición está más dividida que nunca entre los que se sentaron a negociar (”colaboracionistas”, según los que se negaron a participar) y los que decían que todo era una trampa (”radicales”, de acuerdo a los que aceptaron la mediación de UNASUR).

Después de la detención de Ledezma, ¿caerán una vez mas los elementos “moderados” de la oposición en la trampa de aceptar la mediación de UNASUR?

Del.icio.us Digg

Las nuevas dictaduras de género

A lo largo de los últimos años han emergido innumerables movimientos feministas que dicen querer hacer universal la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Emancipación de las mujeres de toda opresión, sociedad igualitaria, empoderamiento desde una perspectiva anticapitalista, clasista y revolucionaria, son sólo algunas de las consignas que resaltan estos movimientos. La lucha más difundida últimamente ha sido “igual salario por igual trabajo“, haciendo alusión a que la mujer gana en promedio menos que el hombre.

Muy pocas personas han reflexionado sobre estas cuestiones y se han aventurado muy peligrosamente a apoyarlas. Incluso muchos medios de comunicación proclaman a voces lo que oyentes aceptan sin cuestionar.

Los invito a ver estos videos acerca de esta cuestión:

Lo que los burócratas, organizaciones internacionales y no gubernamentales y medios de comunicación olvidan es que la idea de igual salario por igual trabajo es injusta, sus consecuencias para la economía son nefastas y otorga privilegios en base a cuestiones aleatorias, en este caso, de género. De esta forma se ha dado un mensaje completamente tergiversado y con argumentos falaces, mensaje al que muchos han adherido. Por ejemplo, plantean desde las agrupaciones feministas que “(…) esto [sistema patriarcal] lleva a que, a lo largo de la historia, los derechos de la mujer hayan sido relegados, estableciendo una relación de opresión y dominio de los hombres sobre las mujeres, derivando indefectiblemente en la violencia de género, en cualquiera de sus variantes (física, emocional, sexual o económica)”. Esta idea no sólo presenta incongruencias a nivel económico sino también a nivel moral.

Lo que la premisa igual salario por igual trabajo no tiene en cuenta es que las comparaciones se realizan en base a valores promedio de salarios, y lo que hay que aquí tener en cuenta, antes que nada, es el tipo de trabajo que ambos sexos realizan. El trabajo de la mujer no es igual al del hombre. Las estadísticas no muestran que muchos hombres se han abocado a carreras como Ingeniería, mientras que las mujeres tienden a escoger otras profesiones en las que los sueldos son menores. Otro aspecto a tener en cuenta es que el sexo femenino tiende a reducir sus horas de trabajo, a diferencia del hombre quien está más dispuesto a trabajar horas extras. Las diferencias de inversión en materia de educación es otro factor que diferencia a hombres y mujeres. Tampoco los datos muestran que la mujer debe ausentarse durante largos períodos por el simple hecho de que son quienes tienen hijos y necesitan de tiempo para cuidar a sus hijos y familia. Además, también suelen requerir atención médica con más frecuencia. Es por todo esto que, si bien pueden existir excepciones puntuales, la mujer es menos productiva que el hombre en la vida profesional. Por ello, las diferencias de salarios entre los dos sexos no es resultado de discriminación en el mercado laboral sino de las decisiones que ambos toman a lo largo de su vida.

(seguir leyendo)

Del.icio.us Digg

¡Celebremos los 800 años de la Carta Magna!

Magna CartaEl año 1215 se muestra lejano en el tiempo. Solo la historia como ciencia de la exploración nos permite comprender lo que en esa época había ocurrido. Hasta hoy día, un documento de hace 800 años ilumina nuestra civilización.

Ya antes el colectivismo, cuya raíz es la misma del socialismo que privilegia al Estado sobre el individuo, sepultó a la Roma Republicana en el 27 a. C. a causa de la voluntad imperial que impuso la intervención estatal sobre la vida, la propiedad y la libertad.

Desde aquella caída de la Roma Republicana a causa del colectivismo socializante,  y durante casi mil años, cayó sobre la faz de la tierra la tiniebla del colectivismo. Había sido relegado en el tiempo el sabio concepto de que la ley sirve para proteger la libertad del individuo. Se hacía necesario el resurgimiento de aquella tradición libertaria. Y así ocurrió. En el norte del continente europeo, en una isla, Inglaterra, se inició un extraordinario proceso civilizador que no se detendría cada tanto si no fuera por las tiranías impuestas.

Los ingleses hacia el 1215, sin embargo, fueron comprendiendo que el derecho de propiedad es un genuino derecho humano: sin propiedad, decían, no hay justicia. De esta manera, no estaban dispuestos a admitir que la propiedad es un permiso, una dádiva, otorgada por el humor o capricho de la autoridad de turno.

Fue así como en aquel memorable 15 de junio de 1215, el Rey Juan I, conocido como Juan sin Tierra, firmó luego de complicadas reuniones en el campo de Runnymede el majestuoso documento conocido como Carta Magna que reconoce que la vida, la libertad y la propiedad son indisolubles; por tanto, ningún hombre podía ser desposeído de su propiedad, excepto por leyes pre establecidas y que la voluntad del Rey no era ilimitada.

A todos los comerciantes se les garantizaba seguridad de entrar y salir de Inglaterra, y el derecho para comprar y vender, libres de trabas. A los alguaciles, de gran predicamento en esa época, se les prohibía confiscar carretas y caballos, madera, trigo u otro tipo de provisión, sin pagar previamente y de inmediato en efectivo. Precisamente, la Revolución Industrial ocurrida en el siglo XVIII que concitó el progreso en la Inglaterra y Holanda de entonces no hubiera sido posible sin los recaudos originarios de la Carta Magna del siglo XIII.

¡Qué gran lección para los gobernantes de nuestra época! Una lección completa de política, economía y de cultura en general. ¿Cuánto avanzarían hoy las sociedades estancadas por vetustas ideas, con gobernantes colectivistas cuyo único propósito consiste en entrometerse en la vida de la gente?

A 800 años un grito de libertad resuena en el tiempo: ¡celebremos la Carta Magna!

Del.icio.us Digg

El modelo chileno: ¿Inmadurez o camino a la jubilación?

Crisis de mediana edad, inmadurez o al borde de la jubilación, podrían ser los diagnósticos que –mirados históricamente- pueden hacerse respecto del modelo económico chileno.

Efectivamente, en abril próximo se cumplen 40 años desde que Jorge Cauas anunciara al país la puesta en marcha del Plan de Recuperación Económica (más conocido como “El Ladrillo”). Exactamente un mes después de que Milton Friedman visitara el país.

Pero lo que no debe olvidarse es que dicho Plan, tuvo su origen en el convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica, originado en 1955 –hace 60 años- cuando un grupo de profesores, entre los que destaca Arnold Harberger, visitaron Chile.

Por entonces gobernaba el país el ex general Carlos Ibáñez del Campo, quien –ahora en su segunda administración- había prometido barrer a los políticos y acabar con el gran flagelo de la inflación que frenaba el crecimiento económico. Sin embargo, a esa altura, tras casi 3 años de gobierno, se había mostrado incapaz de dar solución a las expectativas puestas en él. De ser el “general de la Esperanza”, se convirtió en el ejemplo de la incapacidad, desilusión y frustración para enfrentar el problema económico de la inflación, responsable de la falta de crecimiento del país.

La situación económica era no sólo la de un país pobre, sino que dramática. La inflación alcanzó la cifra record de 83,81% y el PIB per Cápita era de apenas US$4.242, en tanto que el costo de la vida era 18,83 veces el de 1938, convirtiendo al país en uno más de las naciones latinoamericanas estancadas en el subdesarrollo que habían optado por un modelo keynesiano, intelectualmente influenciado por CEPAL, con fuerte énfasis en el Estado como motor del desarrollo, pero que para entonces ya había comenzado a dar señales de estancamiento.

No es raro entonces que en 1955 se buscaran nuevas alternativas, que por entonces coincidieron en los hechos, diagnósticos, recomendaciones y propuestas de soluciones alternativas con una visión liberal, que proponían cambiar el énfasis y pasar desde una económica estatista y cerrada a una abierta con un menor papel del Estado y un fuerte énfasis en la iniciativa privada. El problema, es que estas recomendaciones tuvieron que esperar otros 20 años -hasta 1975- para implementarse cuando lo hicieron bajo el paraguas del “Plan de Recuperación Económica”, permitiéndole a Chile colocarse a la cabeza del progreso en la región latinoamericana.

En ese año 1955, Ibáñez, sin saber qué camino tomar, contrató los servicios de la Misión Klein–Saks, que en términos generales recomendó abrir la economía, reorganizar la administración pública, suprimir subsidios, eliminar controles de precio y bajar el gasto público. Recomendaciones semejantes a las que hizo en torno a la misma fecha el profesor de la Universidad de Chicago: Arnold Harberger.

Sin embargo, lo que podría parecer un diagnóstico foráneo, y sobre todo “norteamericano”, coincidía con algunas voces locales que compartían el camino a tomar. En términos individuales ya lo habían expresado con anterioridad Héctor Rodríguez de la Sotta y el propio Pedro Ibáñez Ojeda, primer miembro chileno de The Mont Pelerin Society, en tanto que a nivel de opinión pública, fue el diario El Mercurio el principal impulsor de la Misión Klein Saks, y más tarde de las ideas de los Chicago Boys, convirtiéndose en “difusor del pensamiento político económico liberal”.

Pero también, coincidió con este análisis de apertura económica la postura de Jorge Alessandri Rodríguez, quien como Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, realizó un diagnóstico de lo que denominó “La verdadera situación económica y social de Chile en la actualidad” (septiembre de 1955). En ella, el ex Ministro de Hacienda de Gabriel González Videla y futuro presidente de la república en 1958 describió un cuadro de lo que para entonces habían sido los últimos quince años del panorama económico, político y social del país (1939 en adelante), el cual, para 1955 calificó como “angustioso”.

Lo importante es que, tal como señaló Alessandri –y los análisis tanto de la Misión Klein Sacks, los profesores de Chicago y el propio “Ladrillo”,  no se trataba de eliminar todo tipo de intervención estatal, como erróneamente han planteado en el último tiempo algunos columnistas que acusan falta de ideas y prácticamente la “eliminación” del Estado.

Al contrario, en palabras de Alessandri:  “no somos contrarios a la intervención estatal cuando ésta se encuadra dentro del rol que nadie podría discutir al Estado en estas materias, y en el cual su acción no sólo es beneficiosa sino necesaria como es orientar, estimular y coordinar la economía general del país. Lo que sostenemos es que la dura experiencia de 15 años hace imperioso que, sin mayor tardanza, se definan la órbita y las relaciones entre la acción económica del Estado y la de la empresa privada”.

Chile: ¿Crisis de madurez, mediana edad o al borde de la jubilación? Lo concreto es que este 2015 nos servirá para dar una mirada histórica a la mayor transformación económica que ha tenido Chile en su historia.

Del.icio.us Digg