Bolivia: ¿Y si el Estado es el gánster?

Muchas teorías políticas asumen que el Estado es un ente benevolente, altruista y casi omnisciente, cuya función es velar por el bienestar del ciudadano. Una notable excepción es la línea teórica de la opción pública (public choice) desarrollada sobre los trabajos pioneros de Gordon Tullock y el premio Nobel de economía James Buchanan.

Los seres humanos a lo largo de la historia hemos desarrollado instituciones para facilitar y mejorar la vida en sociedad; una de esas instituciones es el Estado y la mayoría de las personas creemos que el Estado es necesario (los anarquistas no comparten esta opinión). También la mayoría de las personas consideran que entre los principales roles del Estado está el velar por la justicia y evitar los abusos que unos puedan cometer contra otros. ¿Pero qué pasa cuando el Estado no solo no cumple el rol de velar por la justicia, sino que se transforma en una institución promotora de injusticias y abusos? ¿Qué pasa cuando el Estado es capturado por un grupo gansteril dispuesto a todo por conservar y acrecentar su poder?

Las revelaciones de que las armas supuestamente halladas por el Estado boliviano contra los supuestos terroristas eran en realidad armas que estaban bajo custodia del Ejército y que fueron confiscadas de varios procesos policiales pasados, refuerza la hipótesis de que en Bolivia vivimos bajo un Estado gansteril, donde no solo son maleantes los funcionarios masistas, sino también las Fuerzas Armadas, la Policía y el Órgano Judicial. Esas armas no pudieron haber salido de la 8va División del Ejército sin el conocimiento de varias personas, por lo que la responsabilidad no es de uno o dos militares negligentes o esquizofrénicos, sino de la institución.

En Bolivia el gobierno hace cosas que solo pueden venir de gente sin escrúpulos ni ética: la farsa del caso terrorismo, la matanza de Porvenir, la quema de la prefectura de Cochabamba, la ilegalidad del proceso constituyente, los muertos de la Calancha, la aplicación selectiva de la Constitución Política del Estado (la nueva y la vieja), la persecución política y judicial, la sumisión del órgano judicial al ejecutivo, la mañosa aprobación de la reelección del presidente (y su poca vergüenza postularse luego de decir públicamente años atrás que no lo haría), los proverbiales negocios del vicepresidente y su familia y muchas cosas más hacen pertinente que nos preguntemos: ¿qué hacer ante un Estado gansteril?

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Un sindicato no debe tener un monopolio sobre la educación pública

El pasado lunes, la marcha de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en contra del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos obstruyó varias vías principales en Bogotá, donde el flujo del tráfico es de por sí tan lamentable que el tiempo de cualquier viaje emprendido entre semana y cuya distancia supere las 30 cuadras podría medirse en la escala geológica.

Poco tiene que ver la ya maltratada ciudadanía de la capital con la pugna Santos-Fecode, pero, una vez más, al aguantarnos trancones innecesarios y más congestión que la usual, debemos pagar el precio de unas políticas diseñadas únicamente para que ciertos gremios privilegiados mantengan sus prebendas a costa del resto del país.

Hay que ser claros: con sus vehementes exigencias, su sectaria resistencia a la evaluación objetiva de los maestros y su uso de los alumnos como meros peones en su incesante juego por el poder, los señores de Fecode representan el principal obstáculo a la buena educación pública en Colombia.

Llegué a esta conclusión el año pasado al ver cómo Fecode y su satélite bogotano, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), flexionaron sus músculos políticos en el Concejo de Bogotá y en otros escenarios para sabotear el excelente modelo de colegios en concesión, los cuales operan desde 1999 y cuyos contratos originales se vencieron en diciembre del 2014. Pese a los sólidos resultados académicos de los 25 colegios distritales operados por instituciones independientes, y pese a los deseos de los padres y de los alumnos de continuar con las concesiones, la ADE movilizó a toda su maquinaria de presión para que el Distrito le brindara un coup de grâce a este modelo alternativo de educación pública.

La ADE mantiene que los colegios en concesión sólo existen para enriquecer al sector privado y para explotar a sus maestros, quienes en muchos casos deben trabajar ocho horas diarias. Estos argumentos dejan en evidencia la filosofía de los líderes sindicales del sector educativo: les importa un ápice la calidad de la educación que reciben los alumnos del Distrito, donde siete de los primeros diez colegios públicos son en concesión. También habitan un universo paralelo donde trabajar más de cuatro o seis horas al día de manera voluntaria significa ser vilmente despojado por opulentos industriales con sacoleva y habano en boca.

Las exigencias actuales de Fecode revelan a la vez una cósmica lejanía de la realidad. Al discutir el asunto de los salarios, por ejemplo, escasamente se menciona que, como demuestra el economista Alejandro Ome de la Universidad de Chicago, los docentes públicos colombianos obtienen en promedio “salarios más altos que los otros trabajadores” del país, mientras que “las diferencias salariales entre docentes y otros trabajadores se han profundizado” desde 1995.

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El efecto civilizador del Capitalismo

El Capitalismo ha sido el único sistema de la historia
en el cual la riqueza no se ha adquirido mediante saqueo,
sino mediante producción,no por la fuerza, sino mediante el comercio,
el único sistema que ha defendido el derecho de los hombres
a su propia mente, a su trabajo, a su vida, a sí mismos.

Ayn Rand

En un artículo publicado en este mismo blog, Nicolás Cachanosky describía las confusiones que existen en torno al término capitalismo. Un término acuñado por Marx para describir el proceso de cambio producto de la revolución industrial a fines del siglo XIX.  Ayn Rand lo llamaba (y da título a uno de sus libros) el ideal desconocido, y por sobre todo hacía referencia al capitalismo puro, de laissez faire. En mi caso, y tal como Nicolás, veo al capitalismo como la consecuencia económica de la aplicación general de los principios generales (éticos, legales y por supuesto económicos) del liberalismo.

Tal como indica Ayn Rand en la cita con la que abro el artículo, la mayor virtud del capitalismo es que fundamenta la creación de riqueza sobre el comercio, sobre el libre intercambio contractual de valores entre hombres libres. Antes de la aparición del capitalismo, la poca riqueza que se producía era por el saqueo y la expoliación. Los bienes de riqueza que se producían era para el disfrute de unos pocos mientras la mayoría de la población permanecía en niveles de subsistencia.

Los procesos sociales son de larguísimo plazo. Por lo que el reconocimiento de los derechos individuales y los principios de la sociedad abierta (y del capitalismo) no han sido entendidos ni captados de forma integral. Tanto Karl Popper como Friedrich Hayek señalaban que el reiterado surgimiento del socialismo es producto de los vestigios de la sociedad tribal que aún persisten en nuestra psiquis. A pesar de esto, la extensión, en mayor o menor medida, de los principios del capitalismo ha permitido el avance de la civilización.

El comercio, por siglos fue despreciado por doctrinas políticas y religiosas. Fue sólo a partir del reconocimiento de los derechos individuales, en donde se reconocía al individuo como un fin en si mismo dentro de una sociedad que, como medio, permitiría la coexistencia pacífica y voluntaria, que el comercio se reconoció, de manera lenta y progresiva, como una forma de intercambio civilizada.

En la trilogía de películas “El Padrino”, se muestra el esfuerzo (casi siempre infructuoso) que hace Michael Corleone para hacer legítimo el negocio de su familia y sacarlos de la violencia. Todo acto violento, como el atentado que sufre Vito Corleone o la muerte de Sonny Corleone, ambos ocurridos en la primera parte de la trilogía, son justificados como acciones de negocios. Lo mismo ocurre en el negocio del narcotráfico, que por ser ilegal, los carteles realizan acciones violentas para poder captar clientes o retener mercados.

En la medida que el capitalismo de laissez faire se deja funcionar, los actores de cualquier sector económico deben modificar sus comportamientos y adaptarlos dentro del proceso de intercambios voluntarios, y por sobre todo, atender las necesidades de los otros. En el libre mercado son quienes mejor atienden las necesidades del público quienes se terminarán enriqueciendo. Y cualquier forma violenta de obtener ese resultado (vía engaño, fraude o malas condiciones) será penalizada. Para poder captar clientes o retener mercados tienen que recurrir a medios civilizados, a persuadir a los consumidores de las bondades de sus productos y servicios para que estos los adquieran.

Algo distinto sucede cuando el mercado no es libre o no hay respeto a los contratos implícitos y explícitos en las transacciones entre actores.  Cuando el gobierno interviene la economía, decidiendo de antemano quienes ganan, hace que las relaciones entre agentes económicas sean violentas y no voluntarias.  Al establecer barreras al comercio y dejar cautivos los mercados internos para pocos empresarios, en su mayor caso ineficientes, se violenta el derecho de cada individuo a utilizar su propiedad y decidir a quien comprar (o no comprar).  Lo mismo sucede al ilegalizar cualquier forma de comercio o establecer precios, los mercados negros afloran, y en esos escenarios cualquier negociación se vuelve incivilizada.

En la medida que se permita el desarrollo libre de los individuos, se incentivará el desarrollo de relaciones voluntarias y civilizadas.  Y de ello depende el crecimiento económico y por ende mayores niveles de bienestar para las sociedades.  Pero para lograr esto se requiere una constante batalla cultural y de ideas que diseminen los principios de la sociedad libre.  A la larga, y cito a mi amigo Guillermo Rodríguez, la humanidad tendrá un futuro de libertad, o simplemente no tendrá futuro.

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Locke, Rousseau y la propiedad privada

Por más extraño que nos parezca, hace algunos siglos la gente creía que los reyes eran designados por Dios para el cargo y que su autoridad era incuestionable. El escocés John Locke (1632-1704) y el suizo Jean Jacques Rousseau (1712-1778) desafiaron este paradigma y desarrollaron la teoría del contrato social según la cual, en líneas generales, existe un contrato implícito entre el individuo, la sociedad y el Estado por el cual el individuo cede parte de su libertad para vivir en sociedad y conformar un Estado que lo proteja de ciertas amenazas.

Una diferencia fundamental entre estos dos pensadores es que al escocés le preocupaba por sobre todo proteger la libertad de las personas, especialmente de los abusos del Estado, mientras que al suizo, sin despreciar la importancia de la libertad, también le interesaba acabar con la desigualdad entre los hombres. A partir de ello Locke identifica a la propiedad privada como una institución fundamental para preservar la libertad y restringir la discrecionalidad y los abusos de los gobernantes, mientras que Rousseau especula que todos los males de la sociedad moderna y en especial la desigualdad, surgen a partir de la existencia de la propiedad privada.

Los escritos de Locke, considerado el padre del liberalismo, tuvieron una influencia trascendental en los fundadores de los Estados Unidos y de las democracias liberales. Rousseau por el contrario influenció a Karl Marx y a los socialistas de todos los tiempos. Los resultados de estas dos visiones son muy diferentes: las naciones que protegen la propiedad privada y viven en un Estado de Derecho son prósperas, reducen la pobreza y mejoran las condiciones de vida de sus habitantes, mientras que las naciones que abolen la propiedad privada quedan sumidas en la pobreza, el estancamiento económico y bajo el yugo de gobiernos tiránicos.

Fuera de los casos extremos, la evidencia estadística valida la postura de Locke.  Estudios de agencias de prensa como Reporteros sin Fronteras u ONGs como Amnistía Internacional muestran una correlación positiva entre el grado de respeto a la propiedad privada y el respeto a las libertades y derechos humanos. Además reportes como los Índice de Libertad Económica que elaboran independientemente la Heritage Foundation y el Wall Street Journal por un lado y por otro el Fraser Institute, o el reporte Doing Business del Banco Mundial, no son más que índices del nivel de respeto hacia la propiedad privada en cada país. Los datos de estos reportes no dejan dudas sobre la correlación positiva que existe entre propiedad privada y desarrollo económico.

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La decencia y la dignidad retornan a la política en Uruguay

El Uruguay es un pequeño país, que tradicionalmente se ha ubicado entre los grandes en un aspecto: la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Históricamente –-salvo los períodos en que nos gobernaron dictadores– nuestros gobernantes descollaron en el concierto internacional en esa área, En ese sentido, en 1945 una delegación diplomática uruguaya integró la Conferencia de San Francisco, cuyo objetivo era la creación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esa ocasión, haciendo caso omiso a todo tipo de presiones, nuestro delegado presentó una ponencia suscripta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se condenaba las persecuciones raciales y se solidarizaba con el pueblo judío. Otras delegaciones participantes calificaron esa moción de “imprudente”.

En la misma línea de conducta, cuando en 1948 la ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Uruguay estaba entre los 48 países que la suscribieron. Asimismo, en 1965 fue el primero en reconocer al genocidio armenio. Es de resaltar que lo hizo veinte años antes que cualquier otro gobierno lo hiciera oficialmente. Mediante la aprobación de una ley, el Estado uruguayo reconoció su existencia, lo condenó y recordó a las víctimas. En su momento constituyó un acto inédito, sin precedentes a nivel mundial. Lo cual demuestra que prevalecía un sentido bien entendido de los derechos humanos y de la Justicia.

Esta situación comenzó a cambiar con el advenimiento de la izquierda al poder, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010). Así lo demuestra su condescendencia hacia regímenes claramente violatorios de los derechos humanos, con son Cuba y Venezuela. Pero adquirió ribetes francamente indecentes, bajo la administración de José “Pepe” Mujica (2010-2015).

En el período en que Mujica fue mandatario, era imposible alegar ignorancia acerca de lo que estaba sucediendo en tierras venezolanas. Desde la época de Hugo Chávez, se ha subordinado el Poder Judicial a la voluntad arbitraria del presidente; se controla y hostiga –directa e indirectamente– a los medios de comunicación; se reprime con armas de fuego a manifestantes pacíficos; y se encarcela, tortura y posiblemente asesina a líderes opositores o a simples estudiantes por constituir un factor “desestabilizador” del status quo vigente. Así lo han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Organización Mundial Contra la Tortura, entre otras de reconocido prestigio internacional.

A pesar de esa realidad que rompe los ojos, Mujica con una retórica ambigua, sofismas y ominosos silencios, respaldó con gestos y dichos a la brutal dictadura que asola a los venezolanos. Se escudó en el argumento de “no injerencia” en los asuntos internos de otros estados. La última perla de este collar, fue su participación el 23 de marzo pasado en una manifestación de solidaridad con el régimen chavista.

Sin embargo, el tercer gobierno de la izquierda encabezado nuevamente por Tabaré Vázquez (2015-2020), parece decidido a retornar al camino honorable que ha sido la nota característica de nuestro país. Así lo denota las recientes declaraciones públicas de nuestro actual canciller Rodolfo Nin Novoa.

En un programa radial, Nin dijo observar “con mucha preocupación algunos acontecimientos que no condicen con la excelencia democrática” que están sucediendo en Venezuela. Expresó que “en Uruguay sería impensable que un día un gobierno se lleve a un intendente de su despacho con fuerzas policiales, derrumbándole la puerta y a los empujones. Se lo dijimos a la canciller venezolana y al propio embajador. Acá, si hay algún problema con la Justicia, se lo cita a un juzgado, va y declara y se cumple con las garantías del debido proceso (…) La prisión de opositores es un tema preocupante, por cierto”.

Desde la misma postura moral, cuestionó la autorización del gobierno venezolano para que los militares utilicen armas de fuego para reprimir a los manifestantes. Expresó que es “un exceso a todas luces”. Además, dio a conocer que durante la reunión de la Unasur que tuvo lugar en marzo en Ecuador, planteó que la Cruz Roja ingresara a las cárceles venezolanas. El objetivo era conocer de primera mano, la situación en que se encuentran y el trato que reciben los opositores en una prisión militar. Subrayó que “el silencio fue la respuesta”. Y agregó, “Uruguay insistirá en este punto”.

Nin consideró “enormemente preocupante” lo que está ocurriendo allí, fundamentalmente para un país como Uruguay, que hace unos treinta años sufrió “las mismas condiciones que están viviendo parte de los venezolanos ahora”, razón por la cual, “tuvimos que salir al mundo a pedir ayuda”. Puso especial énfasis, en que los derechos humanos son “la única materia en la cual el argumento de la no injerencia en los asuntos internos no es válido. Los derechos humanos se defienden todos en todas partes del mundo”.

Mujica es mundialmente admirado por “ser el presidente más pobre del mundo”. Esa postura se basa en un hecho innegable: al ex mandatario uruguayo no le interesa en gran medida el dinero. Por cierto que ése es un rasgo de su personalidad que es llamativo y poco común, pero en modo alguno constituye una virtud.

En esencia, la virtud es una condición adquirida del ser humano que lo lleva a buscar el bien común. Se enraíza en aquellos valores éticos que contribuyen a que la vida en comunidad sea respetuosa. Se manifiesta mediante el recto pensar y obrar. Es decir, en la disposición habitual para hacer el bien.

La virtud está íntimamente ligada a la decencia. Este último término significa honradez y rectitud en sentido amplio. O sea, incluye también a la honestidad intelectual.

Los Derechos Humanos constituyen el horizonte ético y la conciencia moral de la humanidad. Son el conjunto de valores básicos e irrenunciables, cuyo núcleo es el reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada persona. La dignidad así expresada, ejerce una función orientadora dado que establece lo que es justo y bueno para todo hombre.

Como uruguaya, no puedo menos que congratularme de que nuestros gobernantes hayan retornado a la senda que fue la nota característica de nuestro país. Lo cual demuestra que la decencia y la dignidad, no son patrimonio de la izquierda ni de la derecha… sino de los hombres de bien.

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Aclarando el término capitalismo

El cuidado uso de las palabras importa en ciencias sociales. Las palabras que se utilizan, y el cómo se utilizan pueden transmitir connotaciones asociadas a dichas palabras enviando un mensaje equivocado o impreciso. En economía, la palabra “capitalismo” sufre de este tipo de distorsiones, especialmente en el uso que se le da en otras ramas como la sociología. En parte esto se debe a una divergencia con su origen histórico y su uso técnico. El término capitalismo surge con Marx para referirse a un sistema social donde existe capital. No es del todo inusual escuchar opiniones de izquierda que califican a paises como Venezuela de capitalista. En economía, sin embargo, el término hace referencia no a la presencia de bienes de capital, sino al marco institucional presente. Claramente el “capitalismo Suizo o Inglés” es distinto al “Capitalismo Venezolano o Argentino.” No todos los capitalismos ofrecen el mismo resultado y por ello es importante distinguirlos cuidadosamente. Ciertas palabras como “capitalismo” o “liberal” han visto su significado alterado a lo largo de la historia e incluso geográficamente.

¿Qué significa, más precisamente capitalismo y que cuidado hay que tener la momento de usar esta palabra para referirse a distintos países?

Voy a entender por capitalismo el poner en práctica los principios del liberalismo clásico. Es decir, tanto ciudadanos, como empresas y hasta el mismo gobierno se encuentran en igualdad de condiciones ante una ley que protege la libertad individual y la propiedad privada. No hay privilegios ni para “capitalistas,” ni para la “clase obrera,” ni para el “gobierno”. No creo que esta sea una interpretación torcida del término capitalismo, es lo que tienen en mente los filósofos y pensadores que más han contribuido a esta tradición como John Locke, Wilhelm von Humboldt, Adam Smith, Ludwig von Mises, Friedrich A. von Hayek, Milton Friedman, James Buchanan, Karl Popper y Robert Nozick entre muchos otros. Es decir, una cosa es la existencia de “bienes de capital” y otra cosa es el “marco institucional” bajo el cual se organiza la sociedad. El término “capitalismo” hace referencia al libre uso de bienes de capital bajo instituciones de libre mercado, no a la mera presencia de bienes de capital cuyo uso es determinado por un gobierno central. Las instituciones son importantes porque definen los incentivos de los agente económicos. Los incentivos pueden llevar a tener crecimiento y desarrollo de largo plazo o a sufrir crisis recurrentes. Corea del Norte y Corea del Sur poseen la misma historia, lenguaje y cultura pero se diferencian en sus instituciones. Si las instituciones no fuesen importantes la calidad de vida en ambos países no habría tanto contraste en la calidad de vida de estos países. Bajo esta concepción no toda sociedad donde hay capitalistas es “capitalismo.” Reconozco que puede no ser la única definición del término capitalismo, pero una crítica al capitalismo como liberalismo económico tiene que hacer uso de esta definición.

Mi interpretación del uso que se suele hacer desde la izquierda y sectores socialistas es que el término capitalismo hace referencia a que una sociedad es capitalista siempre y cuando haya capitalistas y bienes de capital independientemente del marco institucional. El capitalismo para el liberalismo clásico, sin embargo, no es sólo la presencia de jure de propiedad privada, es también la presencia de facto (marco institucional.) No alcanza con ser dueño en los papeles de los factores de producción si uno no es libre de usarlos. Aquella sociedad donde el empresario es “dueño” de su empresa pero su proyecto es dirigido por el gobierno a través de leyes y regulaciones es “capitalismo intervenido (o un tipo de socialismo)”, no un “capitalismo como aplicación de los principios del libre mercado”.

Hay, entonces, por lo menos dos capitalismos, el de libre mercado por un lado y el intervenido como el capitalismo de amigos o capitalismo corrupto (crony capitalism) por el otro. Podemos llamarlos “Capitalismo tipo I” y “Capitalismo tipo II” respectivamente para evitar las connotaciones asociadas a las palabras liberalismo o socialismo. Si aun así no podemos dejar de lado todas las connotaciones asociadas al término capitalismo, entonces podemos pensar en “Orden socio-económico I” y “Orden socio-económico II”. Coincido con la izquierda y el socialismo que el Capitalismo tipo II (crony capitalism) es un problema, pero no por ello concluyo que el Capitalismo tipo I es también un problema.

Cuando desde la izquierda se critica que el crecimiento del estado se debe a la “relación capitalista” entre empresarios y gobierno se describe el problema del Capitalismo tipo II, donde el empresariado busca el favor del gobierno para no tener que ganarse el peso del consumidor en libre competencia, pero se encuentra en directa oposición con el Capitalismo tipo I, donde el rol del estado es justamente evitar estos privilegios. Es un non sequitur criticar aquello a lo que el Capitalismo tipo I se opone por los vicios presentes en el Capitalismo tipo II. Entiendo cómo se pueden asociar al populismo (un tipo de Capitalismo tipo II) con déficit fiscales, pero asociarlo al capitalismo de libre mercado es el resultado de una confusión terminológica por usar un término sin definir como herramienta de crítica a un marco institucional específico. Nada impide que uno entienda por capitalismo la presencia de capitalistas y bienes de capital indistintamente del marco institucional, pero entonces ya no es válido utilizar el término capitalismo como herramienta de crítica hacia el liberalismo clásico. El argumento se resume a lo siguiente: el mercado intervenido (Capitalismo tipo II) no funciona, por lo tanto el libre mercado (Capitalismo tipo I) no funciona.

Se podrá decir que se encuentra en la lógica de la dinámica de un sistema capitalista que las clases obreras sean oprimidas frente al capital y que el estado termina siendo cómplice del capital en este proceso. O algún argumento similar por el cual la distinción entre estos dos capitalismos es ficticia. ¿Pero no es acaso esta colusión entre capitalistas y gobierno a lo que los liberales (Capitalistas tipo I) tanto se oponen? ¿Y si es legítimo considerar que el socialismo y la izquierda se opongan a este tipo de corrupción, por qué deja de ser legítimo cuando con el mismo énfasis se oponen los liberales clásicos? El crítico de izquierda podrá considerar que la postura liberal clásica es inconsistente, o errónea, pero eso no le quita legitmidad a la crítica en contra del capitalismo de amigos.

No hace falta buscar pasajes escondidos sobre la crítica del liberalismo clásico a los acuerdos entre gobierno y empresas en busca de beneficio mutuo a expensas del consumidor, los autores arriba mencionados y tantos otros han escrito ríos de tinta al respecto. El mismo Adam Smith es conocido por advertir sobre el peligro que empresarios y capitalistas imponían sobre la sociedad al buscar el favor del gobierno para operar bajo un Capitalismo tipo II (proteccionismo) y poner en riesgo el libre mercado. El liberalismo nada tiene que ver con el favoritismo empresarial.

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Democracia, ¿un sistema justo?

“Democracia: dos zorros y una gallina decidiendo qué desayunar a la mañana siguiente”.

H. L. Mencken

Desde hace años mucho se ha escrito y debatido acerca de la democracia y su relación con la República y las minorías. ¿Qué es la democracia? ¿Es el mejor sistema de elección de quien administra o administrará el Estado? ¿Pueden las democracias devenir en autoritarismo y acumulación ilimitada de poder en mano de una sola persona?

Visto y considerando que la palabra democracia se ha ido degenerando a lo largo de los años, resulta imperioso antes de abordar las cuestiones planteadas en el párrafo anterior, ahondar en el estudio del término en cuestión. En El Espectador, Ortega y Gasset sostiene que “La democracia responde a esta pregunta: ¿Quién debe ejercer el control público? La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos”. Es decir, la utilización de la expresión “democracia” debería limitarse a la forma en que es elegido quien ejercerá la administración del Estado. Sin embargo, el estudio de este término no puede realizarse bajo ningún concepto de forma aislada sino que debería ir de la mano de la implicancia que la democracia tiene sobre la República.

El problema entorno a la democracia radica en que ha mutado a lo largo de los años a un sistema funcional a dirigentes cleptómanos de libertades, propiedad y sueños de vida. Pedro Schwartz lo expresa correctamente al sostener que “Las democracias, al dejar el poder en manos de minorías irresponsables, pues en ellas se toman las decisiones colectivas por mayoría de votos, a menudo no prestan suficiente atención a los derechos individuales”. Es de vital importancia en este caso mencionar a dos autores que Alberto Benegas Lynch (h) ha reflotado en su artículo sobre el tema publicado en El Diario de América(EE.UU.) en 2012. Por un lado, Giovanni Sartori en Teoría de la democracia no se cansa de hacer hincapié en que la democracia es el respeto por las minorías y que bajo ningún concepto debería aceptarse el aplastamiento de las libertades de las minorías por decisiones tomadas por la mayoría. Por otro lado, menciona Benegas Lynch (h) a Juan A. González Calderón, quien en Curso de derecho constitucional “sostiene que los demócratas de los números ni de números entienden ya que se basan en dos ecuaciones falsas: 50% más 1% = 100% y 50% menos 1% = 0%”. Ejemplo de esto mismo son casos como los de Venezuela y Argentina en donde a una mayoría legitimada por la democracia, es decir, por haber obtenido la mayor cantidad de votos, no hace más que otorgarse privilegios a costa de las voluntades de las minorías.

Sostiene Hayek en Derecho, Legislación y Libertad que los individuos nos hemos acostumbrado a considerar como democrático todo aquel proceso en el que una mayoría en el parlamento da sanciones a leyes y dirige el gobierno. Uno de los mitos más importantes acerca de la democracia radica en que se la ha concebido como la fiel salvaguarda de las libertades individuales. Esto no puede considerarse así bajo ningún punto de vista siendo que, al momento en que se acepta que la voluntad que le fue otorgada a una mayoría legitimada por la votación se imponga sobre una minoría, es muy probable que corran peligro las libertades personales cuando las mayorías puedan decidir sobre cualquier cuestión.

Otro de los mitos que trae consigo la democracia es pensar que habiendo adoptado procedimientos democráticos, se podría en alguna instancia limitar el poder de los gobernantes de turno. Hayek agrega incluso que “(…) se promovió también la creencia de que el control del gobierno por parte del cuerpo legislativo elegido democráticamente sustituiría a las limitaciones tradicionales [al poder] (…)”. Ante esta situación, las mayorías requieren cada vez de más apoyo de otros grupos políticos a fin de no perder cuotas de poder. Es por esto mismo que es imposible que un gobierno que carece de controles y es ilimitado haga prevalecer los principios con los que originalmente la mayoría estuvo de acuerdo, ya que a fin de seguir manteniendo el poder y constituirse como un gobierno sin límites, deberá renunciar a sus convicciones iniciales y entregar beneficios a demás grupos de interés a fin de contar con su apoyo.

Entonces, si la democracia ha legitimado en muchos casos que la voluntad de unos pocos se imponga sobre el resto, ¿no será que es injusta en sí misma? Semejante sistema no sólo se ha constituido a lo largo de los años como el origen de gobiernos tiranos, sino que además ha sido funcional y servido como instrumento estratégico a muchos gobiernos populistas y neodictatoriales como los que hoy en día prevalecen en América Latina. Siguiendo con esta lógica, Hayek agrega: “Parece que cuando las instituciones no estás limitadas por la tradición de la primacía del derecho –la rule of law–, conducen no sólo a la «democracia totalitaria», sino con el tiempo a la «dictadura plebiscitaria»”. Es imperioso que el análisis del sistema democrático se haga en conjunto con el Estado de Derecho y la República. Si por los puntos antes expuestos se concluye que la democracia es injusta en sí misma, entonces el papel fundamental a jugar quedará en manos no sólo de la división de poderes sino también en el respeto del Estado de Derecho para que la discrecionalidad de una mayoría no lesione las libertades de las minorías.

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Cuando todos seamos iguales

Es el año 2081 y, finalmente, todos somos iguales. Todo fue posible gracias a las enmiendas 212, 213 y 214 a la constitución americana. Nadie es más inteligente que nadie, nadie es más rápido o más fuerte que nadie y nadie es más guapo que nadie.

Así comienza uno de los grandes cuentos cortos del escritor estadounidense Kurt Vonnegut (1922-2007), titulado Harrison Bergeron.

¿Cómo se logró? Creando un gran sistema de handicaps a los que tuviesen ventajas inmerecidas. Pero no deje que yo se lo cuente, hay un maravilloso corto de 24 minutos basado en el cuento de Vonnegut.

Y mejor que el corto es el trailer del corto, que deja mucho a la imaginación y, siendo tan cortito, es extraordinariamente elocuente sobre las consecuencias de establecer la igualdad como objetivo político y principal valor éticode la sociedad.

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El modelo de repudio castrista en la Cumbre de Panamá

Hay mucho que analizar de la reciente VII Cumbre de las Américas, pero en estas líneas, llama particularmente mi atención el vergonzoso papel que han cumplido las delegaciones oficialistas de las dictaduras de Cuba y Venezuela, intentando boicotear los foros oficiales de la sociedad civil en el que participábamos activistas de todas las Américas.

Las mesas de Gobernabilidad y de Participación Ciudadana del Foro de la Sociedad Civil que debían ser espacios diálogo para que actores sociales brinden aportes a los Estados participantes, fueron constantemente interrumpidos por turbas de personas que provenían principalmente de los gobiernos de Venezuela y Cuba. Exacerbados y como si estuvieran en trance, vociferaban consignas y se negaban a dialogar con opositores de la sociedad civil que también estaban presentes.

Estos agitadores olvidaban muchas cosas, pero principalmente que estaban de invitados, que la convocatoria era para dialogar, que estábamos muchos ciudadanos de países democráticos con ese deseo, que los cubanos opositores son tan cubanos como ellos y que la sociedad civil no es gobierno. Por lo que hasta ahora los que estuvimos allí no entendemos ¿qué hacían en un foro civil, asesores, diputados, y funcionarios del gobierno cubano incitando a la violencia contra los demás asistentes?

Pienso que acostumbrados a amedrentar a su población con actos de repudio en la isla, creyeron que podían hacer lo mismo en un país libre como Panamá y que organizaciones democráticas caerían en su farsa. Pues no fue así, las mesas de los foros tenían reglas y ellos las rompieron, gritando, quitando a la fuerza los micrófonos, insultando a los moderadores, provocando a los asistentes y amenazando con llegar a violencia física si continuábamos dialogando sin aceptar sus intransigentes condiciones. Se sintió, sin duda, que llevan más de cincuenta años de falta de práctica democrática y que tienen la creencia que las Américas deben subordinarse a ese tipo de actitudes belicosas. Ellos solos se desacreditaron y un espacio democrático de diálogo les quedó muy grande. Por ello, con los moderadores autorizados para conducir la mesa tuvimos que pasar a otra sala con todos aquellos que sí queríamos dialogar, y pudimos avanzar en pocas horas y con un debate de altura lo que no se pudo avanzar en toda una mañana de interrupciones, afrentas y amenazas.

Cuando tuvimos listo nuestro documento de recomendaciones pedimos pacíficamente con papeles blancos “democracia y respeto” y fuimos nuevamente agredidos por la turba enardecida que con arengas violentas y empujones habían tomado un espacio de expresión acreditado para que las organizaciones civiles podamos dirigirnos a los medios.

Mientras en el mismo marco de la Cumbre, el dictador Raúl Castro pretendía mostrar gestos de cambio reuniéndose con Barack Obama, miembros de la sociedad civil de las Américas estábamos abandonados a nuestra suerte en el Hotel Panamá, con poquísima seguridad intentábamos ponernos a salvo, huyendo por la cocina, pasadizos, puertas traseras y llegamos incluso a un balcón sin salida porque nadie podía retirar a los agitadores castristas –ansiosos de violencia– de las salas autorizadas para nuestras reuniones.

Mirándolo en conjunto, Cuba llevó dos mensajes a la Cumbre, por un lado el de la normalización de sus relaciones con Estados Unidos, y por el otro lado el ataque a los opositores y a ciudadanos de otros países que exigimos  democracia y la libertad en la región, y que no nos prestamos a la histeria de la delegación oficialista cubana. Ello nos alerta que el régimen no va a cambiar un ápice su aparato represivo contra opositores, no lo hizo en Panamá, y menos lo hará en Cuba.

Pese a estos disturbios, las organizaciones democráticas de más de veinte países logramos dialogar en la mesa de gobernabilidad y llegamos al acuerdo de exigir que la OEA cumpla su rol original, esto es el de garantizar la democracia y los derechos humanos en el hemisferio, que además se instaure una relatoría con mecanismos eficaces para el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, y que se garantice la labor de los defensores de derechos humanos.

Con todos los sinsabores y con el riesgo de que estas reuniones terminen cayendo en la trampa de legitimar dictaduras, estos días serán memorables para las Américas, días en que se logró que numerosas organizaciones representativas de las sociedad civil expresen su solidaridad a cubanos y venezolanos víctimas de sus gobiernos. El miedo, la principal arma de las dictaduras se debilita afuera y adentro. Todos aquellos cubanos, venezolanos, nicaraguenses y demás latinoamericanos que defendimos el principio de que la democracia es respeto, quedamos unidos para siempre en la defensa de la libertad en la región. Los opositores regresan a sus países fortalecidos y más unidos a seguir luchando, y con el respaldo de que no estuvieron, ni están solos. Atrás y en marco infame, quedó el miedo, la sospecha y el repudio que las dictaduras del continente pretendieron implantar en la Cumbre de Panamá.

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No existe conocimiento absoluto

La semana pasada se publicó en El Universo de Ecuador un artículo mío que causó algo de controversia (“Un baño de verdad“, 10 de abril de 2015). El artículo trataba acerca de la triste realidad de que los trabajadores ecuatorianos realmente no son dueños de sus ahorros para su jubilación y que más bien son clientes cautivos de un poderoso monopolio estatal.

Una de las reacciones a dicho artículo fue la del economista Juan Pablo Jaramillo en su blog.

Parece que el señor Jaramillo quiere decir que una buena manera de mentir es a través de verdades a medias. Convengo en que empleando información selectiva es posible presentar una visión distorsionada de la realidad, no obstante, al mismo tiempo no existe conocimiento absoluto. En la elaboración de teorías y modelos siempre hay que basarse en lo que Karl Popper denominaba conjeturas o verdades provisionales, llegando así a explicaciones simplificadas de la realidad. Los seres humanos continuamente tomamos decisiones en base a conocimientos incompletos o verdades a medias.

El artículo que escribí cuestiona al sistema de administración de fondos de jubilación estatal, que es de reparto y siempre en manos de los políticos de turno y propone devolver a los individuos la libertad de elegir a través de la existencia de un sistema de capitalización individual y la participación de administradoras privadas. ¿Debe interpretarse entonces que el señor Jaramillo esta de acuerdo con el monopolio estatal y el sistema de reparto y en desacuerdo con la libertad de elegir de cada individuo? Mi propuesta, que parte de la experiencia chilena, no esta en función de verdades absolutas. Siempre esta puede ser observada y mejorada.

Para finalizar, es cierto que el Canciller Bismarck, un nacionalista monarquista, implementó en la antigua Prusia el primer sistema de administración de fondos de jubilación y que Franklin D. Roosevelt lo hizo en EE.UU., pero seguramente ellos no fueron los inventores del sistema. Dicho esto, el Canciller Bismarck lo utilizó como una estratagema política para combatir el atractivo político de las propuestas de corte marxista y esperando nunca tener que pagar las pensiones –fijó la edad de jubilación en 70 años cuando la expectativa de vida promedio de los alemanes era de 39 años.

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