Primero, entendamos el contexto: La Corte Suprema de Justicia de Panamá está dividida en cuatro salas especializadas que manejan áreas específicas del derecho (civil, penal, contencioso-administrativo y negocios generales). Las primeras tres salas están conformadas por tres magistrados cada una, mientras que la cuarta (que maneja los negocios generales) está conformada por los presidentes de las tres primeras salas.

Por un breve período existió una quinta sala encargada de temas constitucionales. Sin embargo, en 1999 la Asamblea Nacional derogó este órgano. Los temas constitucionales son actualmente dirimidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El año pasado la Corte Suprema, cuyo presidente es muy cercano a Martinelli, dictaminó que la ley que abolió a la Sala V es ilegal. Esto creó un vacío legal, ya que ahora nadie sabe con exactitud si eso significa que la sala debe ser restituida o bien, si se debe crear una nueva.

Martinelli aprovechó el controversial fallo de la Corte Suprema para impulsar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que rehabilitaría de nuevo a la Sala V. De aprobarse este proyecto, esta sala contaría con tres nuevos magistrados (nombrados por Martinelli) y conocería temas constitucionales, siendo uno de ellos la constitucionalidad de los límites a la reelección presidencial.

La Constitución panameña actualmente impide la reelección consecutiva del presidente. El mandatario de turno debe dejar pasar dos períodos presidenciales para poder disputar nuevamente el cargo. Muchos panameños temen que el objetivo final de Martinelli con su Sala V sea eliminar dicha restricción.

No olvidemos que una táctica similar fue utilizada recientemente por Daniel Ortega en Nicaragua para ser reelecto a pesar de que la Constitución explícitamente se lo impedía. En este caso, una Corte Suprema servil dictaminó que la prohibición a la reelección consecutiva era inconstitucional, lo que le permitió a Ortega ser candidato nuevamente (y ganar las elecciones).

A pesar de contar con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, donde Martinelli ha comprado a muchos legisladores, la oposición fue capaz de detener el proyecto que crearía la Sala V. Sin embargo, gracias al fallo nebuloso de la Corte Suprema del año pasado, Martinelli ahora amenaza con nombrar a los tres magistrados, aún cuando no hay una ley aprobaba por la Asamblea. Una crisis constitucional parece inevitable.

Un sondeo reciente publicado por el diario La Prensa reveló que el 70% de los panameños considera a Martinelli como “autoritario” y el 73% se mostró preocupado por el futuro de la democracia en su país. En medio de fuertes críticas por sus tendencias autocráticas, sus ataques a la libertad de expresión, y por utilizar auditorías fiscales como mecanismo de persecución de sus oponentes políticos, el tema de la Sala V demuestra que Ricardo Martinelli es el hombre más peligroso para la democracia y el Estado de Derecho en América Central luego de Daniel Ortega.

Trayendo la lección al presente: debemos ser capaces de ver que la solución a nuestros problemas no pasa por elevar impuestos a las “grandes empresas”, entregar la educación al Estado o combatir la desigualdad con más intervencionismo estatal, sino que, por el contrario, la solución está en arrancar poder al Estado para devolverlo a las personas: que no intervenga beneficiando a determinadas empresas, asfixiando con esas regalías a quienes quieren emprender y competir; que no dicte lo que los colegios deben enseñar, castrando toda creatividad e innovación; que no haga que sea más beneficioso quedarse en la casa antes que salir y trabajar, borrando el esfuerzo que nos ha caracterizado como país. Gritemos: “¡Laissez-nous faire!”

Recordemos que eso que llamamos Estado no es un ente que funciona por sí solo, sino que es manejado por esos mismos políticos que tan mal calificamos en las encuestas. Así mismo deberíamos desconfiar de éste.

Esta carta al editor fue publicada originalmente en El Mercurio (Chile) el 30 de enero de 2012.

Papandreou estuvo de visita en el país esta semana en el marco de la conferencia de la Internacional Socialista, de la cual él es presidente. Como reportara ADN Radio, luego de dar el discurso inaugural de la conferencia, Chinchilla aprovechó para pedirle consejos sobre temas fiscales a Papandreou. ¡A qué árbol se arrimó la presidenta!

Recapitulemos antes lo acontecido en la nación helénica: Papandreou llegó al poder en octubre del 2009 bajo una plataforma política que prometía más gasto y beneficios sociales. El problema es que al asumir el mando, descubrió que su antecesor, el conservador Kostas Karamanlis, había cocinado los libros y le había heredado un desastre fiscal de enormes proporciones. El déficit fiscal era mucho peor de lo que se esperaba, a un 12,7% del PIB. Sin embargo la debacle griega no fue el resultado de un gobierno en particular, sino de todo un modelo económico socialdemócrata, impulsado por gobiernos socialistas y conservadores por igual, que siempre enfatizó al Estado sobre el mercado, como bien lo describiera el periodista Takis Michas en un artículo publicado en La Nación hace un par de años.

Papandreou inmediatamente tuvo que pedir ayuda a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional para salir del atolladero. A cambio de sendos rescates económicos, la UE y el FMI demandaron que Atenas implementara un fuerte programa de austeridad que involucraba privatizaciones, recortes de gasto y aumentos de impuestos. El socialista Papandreou se puso manos a la obra. ¿Dos años después qué había sucedido? A pesar del discurso de austeridad, Papandreou enfocó su programa de consolidación fiscal en aumento de impuestos y no recortes de gastos, al punto que en diciembre el FMI advirtió el margen de maniobra para seguir incrementando impuestos se había agotado. Mientras, las privatizaciones nunca se hicieron, y los recortes fueron simbólicos. Por ejemplo, The Economist señaló en su edición de hace dos semanas que de los 470.000 griegos que han perdido su trabajo desde el 2008, ni uno solo vino del sector público. El aumento de impuestos y la incertidumbre producto de la inminente bancarrota del estado griego ha contribuido a que la economía de ese país se contrajera en 12.5% desde el 2008 y se espera que caiga 3% más este año. La incapacidad de Papandreou de arreglar las finanzas de Grecia —el déficit fiscal del 2011 al final fue mayor al del 2010— terminó sacándolo del poder luego de que sus socios europeos perdieran la confianza en él.

Al igual que Papandreou, Laura Chinchilla llegó al poder para descubrir que le habían heredado un desastre fiscal (el gobierno del cual ella fue vicepresidenta, no olvidemos). Y al igual que Papandreou, Chinchilla se rehusa a hacer recortes de gasto y enfatiza la consolidación fiscal en aumentos de impuestos. Y al igual que Papandreou, Chinchilla amenaza con llevar al país al despeñadero si logra que le aprueben su paquete de impuestos. No es de sorprender entonces que Papandreou declarara públicamente que apoya el “plan fiscal” del gobierno. Por su parte Bernal Jiménez, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), felicitó a Papandreou por la manera en que manejó la crisis griega. El ex gobernante helénico debe estar pensando seriamente venirse a vivir a Costa Rica, el único país donde se le trata como todo un estadista.

Como escribiera hace 2 años, el déficit fiscal que dejó la administración Arias amenaza con convertir a Costa Rica en la Grecia Centroamericana. La diferencia es que Costa Rica siempre puede recurrir al Banco Central para financiar el gasto del gobierno —una amenaza que ya ha hecho explícita el presidente del BCCR (Banco Central de Costa Rica). Grecia, al adoptar el euro, renunció a esa posibilidad. Esta semana nos quedó claro que la administración Chinchilla y el gobernante Partido Liberación Nacional ven a Grecia como el modelo a seguir. Que el último en salir apague la luz…

La relación padre-hijo implica poder y posesión. El padre, por lo menos hasta cierta edad, es dueño y responsable absoluto del hijo. Un padre ordena a su hijo qué comer, cuándo dormir, estudiar y divertirse, cuáles programas de televisión mirar, etc. El padre tiene potestad sobre el hijo y le inculca sus valores. Además el padre manda y el hijo obedece.

La relación padre-hijo no es análoga a la de presidente-ciudadanos. No es, ni debe ser la potestad del presidente decirnos que programas de televisión mirar o que valores morales adoptar. El balance de poder no es el mismo. Mientras un padre tiene tuición casi absoluta sobre sus hijos, la cual solo puede ser revocada en casos extremos de abuso y abandono, el presidente no tiene tal tuición sobre el resto de los ciudadanos (con la excepción de las dictaduras).

La noción de que el presidente es como un padre de los ciudadanos es peligrosa por dos motivos. El primero porque implica que el presidente tiene poderes casi absolutos, como lo tiene un padre con su hijo. Y la historia es por demás de contundente con respecto a los abusos que cometen los gobernantes que acumulan tal poder. El segundo motivo es que incentiva al ciudadano a convertirse en irresponsable y dependiente del Estado. Hacer del presidente un padre, implica equiparar a ciudadanos adultos con niños. Implica que miles de personas adultas no tienen la capacidad de pensar, de razonar y decidir lo que está bien o mal y que necesitan de un quien los guíe. Por supuesto para quienes quieren vivir a costas del Estado, esta situación de sentirse hijos es conveniente (que el papá Estado les dé de comer sin trabajar o trabajando para el Estado que muchas veces es lo mismo). Sin embargo la mayoría de los ciudadanos nos valemos por nosotros mismos y no aceptamos que el Estado nos trate como niños ni se atribuya funciones que no le pertenecen.

Más adecuado es comparar al presidente con un gerente de empresa. El gerente no manda sobre los dueños de la empresa, sino que al contrario, debe rendirles cuentas. El gerente tiene la potestad para decidir sobre ciertos asuntos de la empresa, pero enmarcándose en las normas internas, así como un presidente no puede estar por encima de la constitución y las leyes. Por último un gerente toma decisiones en nombre de los propietarios, pero solo en aquellos aspectos en los que los propietarios se lo permiten. Esos aspectos se enmarcan en el manejo de la empresa y no van más allá: un gerente no les ordena a los propietarios cómo deben vestirse, qué hacer con sus utilidades o qué hacer en sus momentos de ocio. De la misma manera los dueños del país y del Estado somos todos los ciudadanos. Como dueños delegamos ciertas funciones a los políticos y los elegimos mediante elecciones: los hacemos gerentes de nuestro país.

Entender que el rol de un presidente se asemeja más al de un gerente que al de un padre es vital para entender hasta donde deben llegar los límites de su poder.

La táctica es similar a la contabilidad creativa (en inglés) de Washington cuando se trata de “recortes” de gasto: el gasto continúa aumentando, pero a un ritmo menor que el estipulado originalmente. Por lo tanto, el gasto ha sido “recortado”. De igual forma, el número de personas asesinadas en la guerra contra las drogas de México continuó aumentando en 2011, pero a un paso menos acelerado que en el 2010. Por lo tanto, la tasa de homicidios ha disminuido. Además, el aumento del 11 por ciento en la cantidad de asesinatos en el 2011 tiene como base el 2010, año en que se rompieron todos los récords de violencia.

* Cálculo de la BBC.
Fuente: Oficina del Fiscal General Federal de México.

De acuerdo a un cálculo de la BBC (en inglés), el número total de muertes relacionadas a las drogas en el 2011 fue de aproximadamente 16.700 personas. Eso significa que más de 51.000 personas han sido asesinadas en México desde que el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los carteles de la droga en diciembre del 2006. Y el número podría ser todavía mayor (en inglés).

Como dijo (en inglés) el ex canciller mexicano Jorge Castañeda en noviembre durante la conferencia de Cato “Acabando con la guerra mundial contra las drogas”, el número de personas asesinadas en la guerra contra las drogas en México pronto igualará al número de estadounidenses que murieron en Vietnam. Y recordemos que la población de México es un tercio de la de EE.UU. y que el conflicto en Vietnam duró el doble de lo que lleva la ofensiva contra los carteles de Calderón.

La principal preocupación para el 2012 no es que los asesinatos relacionados con las drogas se estabilicen en una tasa alta —aunque eso sería terrible— sino que la violencia llegue a otras zonas del país que han mantenido una paz relativa, como Ciudad de México. Si eso ocurre, a las autoridades mexicanas se les dificultará todavía más identificar “victorias” en su guerra contra el narco.

A los encargados de las cuentas de la empresa, se les habían acabado los polvos mágicos del sentido común y parecían no haber aprobado ningún curso de finanzas al permitir que los gastos fueran muchísimo mayores que los ingresos, apoyándose en una deuda sobre otra. El problema, seguramente, se debía a que nunca le entendieron bien el concepto de deuda a sus profesores, y seguramente se imaginaban que equivalía a un pozo mágico e infinito de dinero que no había que devolver nunca. La mayoría de gastos además, no iban dirigidos a apoyar las actividades productivas: cuando más se necesitaba aumentar las capacidades de producción e invertir en nuevas y mejores máquinas, se gastaba en pintar los edificios, y comprar inmobiliario de oficina. También se destinaban bastantes fondos en complacer los deseos y caprichos de muchos de los amigos de los empleados, con el fin de quedar bien con ellos, prefiriendo eso a cumplir con sus deberes frente a los accionistas de la empresa.

Sin necesidad de continuar con el cuento, que más parece historia de terror, cualquier lector podría imaginarse que la empresa no iba en el rumbo del éxito, sino de la perdición total. En este cuento, al que le sobran las brujas y dragones, y que carece de héroes, parecería además que los accionistas, y por lo tanto, jefes, se merecen los malos tratos de los que son víctimas por el letargo de ingenuidad y apatía en el que se encuentran sumergidos y que los deja inertes ante los abusos y saqueos que se efectúan con sus contribuciones.

La ventaja de este cuento es que, aunque parece fácil de prever, el final no está escrito todavía. Depende en gran medida de que de despierten los accionistas del letargo de cuento de hadas en el que se han encontrado desde hace muchos años permitiendo en mayor o menor medida los horrores antes descritos. Depende de que algunos de estos accionistas se vuelvan héroes, dispuestos a hacer las cosas de diferente manera y venzan las tentaciones del poder con las armas de los ideales. Depende de que al salir del letargo, los accionistas se decidan a ser más activos en la supervisión de sus empleados. Depende de que los empleados que incumplieron reglas importantes paguen las consecuencias, para sentar un precedente y que el cuento se convierta en la amenaza con la que hacen comer a los niños y no en el contenido diario de los periódicos.

Este cuento, que no es más que la triste realidad en la que se encuentra el país, tiene como protagonistas y autores a la ciudadanía, los verdaderos accionistas de la gran empresa que implica sacar adelante a El Salvador. Solo falta que salgamos del letargo, del que no nos va a sacar el beso de ningún príncipe, sino la responsabilidad ciudadana y la concientización sobre nuestros derechos. Este es un cuento, en el que el “felices para siempre”, depende de nosotros. ¡Feliz 2012!

Publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 8 de enero de 2012.

En Costa Rica hemos apostado por un abotagado Estado Benefactor que, según el último estimado, comprende 44 programas contra la pobreza llevados a cabo por 24 instituciones públicas y que en el 2010 gastó aproximadamente $976 millones, o el equivalente de 2,2% del PIB. Este Estado de Bienestar se ha convertido en un artículo de fe de la clase política costarricense. Cada campaña electoral nos trae la promesa de un nuevo programa social. Oscar Arias nos trajo “Avancemos”. Laura Chinchilla la “Red de Cuido”. Cualquiera que ose proponer la eliminación de uno de estos programas o a tratar de racionalizar el gasto es rápidamente acusado de ser un desalmado “neoliberal”.

¿Está funcionando todo este gasto social? Las estadísticas no mienten. Costa Rica lleva casi dos décadas en que el nivel de pobreza no baja del 20% de la población. Más bien en los últimos 3 años ha experimentado un ligero aumento. Y hoy El Financiero reporta que Costa Rica es el segundo país en América Latina donde más ha crecido la desigualdad en la última década. Docenas de programas estatales y cientos de miles de millones de colones en gasto social no están haciendo mella en el nivel de pobreza que ostenta el país. ¿Nos sorprendemos? En lo absoulto. En diciembre un informe de la Contraloría señaló que el Estado no sabe en qué se está gastando toda esa plata destinada a la lucha contra la pobreza. Ana Isabel García, ex viceministra de Desarrollo Social, afirma que “No hay manera de saberlo. Costó dos años determinar que había 44 programas. Pero nadie sabe si la ayuda llega a quien lo necesita, ni si esa ayuda hace bien”. Mientras tanto, la pobreza en Costa Rica permanece incólume y la desigualdad va en aumento.

Mi diagnóstico es simple: En Costa Rica tenemos una clase gobernante a la que le interesa que los pobres estén inscritos en las planillas del IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) en lugar de que salgan adelante honradamente mediante el trabajo. Una razón puede ser que estos políticos ven condescendientemente a los pobres como gente inútil que no puede ganarse el sustento por sí solos y necesita ayuda. Otra teoría más cínica (y creo que más realista) es que a la clase política le interesa contar con un segmento importante del electorado que dependa del asistencialismo y, por ende, sea susceptible al clientelismo.

El Estado es el principal agente empobrecedor en nuestro país: Les encarece los alimentos básicos a los más pobres mediante el proteccionismo agrícola. Les dificulta poder ganarse su sustento mediante mil y una regulaciones que les imposibilita poder ponerse un negocito. Les licúa sus ingresos a través de la inflación. Les niega un título de propiedad sobre los terrenos que habitan. El sistema mercantilista que Costa Rica ha adoptado de 1985 a la fecha ha generado un crecimiento anual promedio de la economía del 4,7% sin que la pobreza baje del 20% desde 1994 y con una desigualdad en crecimiento. No hay que ser brujo para llegar a la conclusión de que los beneficios de este crecimiento no están llegando a las clases más desfavorecidas.

La interrogante radica en cómo hacer para que los pobres se beneficien del crecimiento de la economía. La respuesta de las autoridades es que debemos gastar más en programas sociales y para eso necesitan más impuestos. Los liberales sostenemos que la mejor manera de ayudar a los pobres es permitirles que salgan adelante por sus propios medios sin tanta traba por parte del Estado. La evidencia es contudente en que aquellos que defienden el Estado de Bienestar lo hacen más basados en un acto de fe que en resultados concretos.

Por regulación estatal, los bancos en Bolivia no deben permitir que una persona espere más de media hora para ser atendida, caso contrario puede presentar una queja. Lo curioso es que no existe institución estatal donde uno haga una cola menor de media hora. Ir a Tránsito, Identificación, Ministerio de Trabajo, Caja de Salud o a Migración requiere sacrificar medio día sin trabajar. Y mientras en los bancos uno espera adentro con aire acondicionado y en cómodas sillas, con el Estado uno espera afuera, parado y no tiene a quien quejarse.

Mientras los colegios y universidades privados producen las mentes más brillantes del país, los empresarios más productivos, innovadores y generadores de fuentes de trabajo, en los colegios fiscales apenas aprenden a leer y escribir y no se puede soñar con que los jóvenes salgan con nociones de cálculo diferencial, idioma inglés o siquiera un nivel de redacción y comprensión aceptables. Y sin embargo es el Estado productor de colegios y universidades mediocres el que impone normas y regula la actividad de la educación privada. En la salud sucede algo similar.

Mientras que al Estado se le ocurre poner un ingenio azucarero donde no hay caña o hacer inmensas fábricas de leche donde no hay vacas, despilfarrando así millones de dólares del dinero de todos, los productores arriesgan sus capitales para producir la leche y el azúcar que alimentan al país, cuando les va mal pierden su propio dinero, y no el dinero ajeno y cuando ganan reinvierten, incrementando la producción y generando más fuentes de empleo. Y sin embargo es el Estado, campeón de la ineficiencia, quien regula y controla a los productores.

Y el Estado que regula a los demás, resulta ser el más chambón de todos, el que peor servicios brinda, el que más caro cobra por sus productos, el que más tiempo hace perder a sus usuarios, el que más errores comete, el que hace los peores negocios. Y cuando uno ve esto, se da cuenta que el Estado regulador es similar a un pirómano encargado del departamento de bomberos o a un pillo como jefe de policías. Entonces vale preguntarse ¿quién regula a los reguladores?

Echemos algunas cuentas. Con la estocada tributaria, los de Rajoy esperan recaudar unos 6.200 millones de euros, cifra a la que se añade una minoración del gasto público de 8.900 millones. En total, pues, 15.100 millones de reducción del déficit, lo que dejaría éste en el 6,5% del PIB, dos puntos por encima del 4,4% comprometido para finales de año.

La cuestión es, por consiguiente, si podemos alcanzar ese 4,4% sin subir los impuestos. Y la respuesta es que sí, se puede; pero falta voluntad política. A continuación les dejo un desglose de las partidas de los presupuestos generales del Estado de 2011 que podrían eliminarse y que permitirían reducir los gastos de la administración central en cerca de 32.000 millones. Con este recorte, el déficit público quedaría en el 5% del PIB, sólo seis décimas por encima del objetivo para este año.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta reducción del gasto afectaría sólo al Estado central: si realizáramos un ejercicio parecido en las comunidades autónomas —donde el incumplimiento de los objetivos del déficit ha sido mayor—, el ajuste podría ser muy superior, lo que probablemente nos dejaría cerca del compromiso del 3% de déficit para 2013.

Nótese, además, que he sido extremadamente conservador en los recortes. Para no herir sensibilidades, no he recortado la remuneración general de los empleados públicos ni el mal llamado gasto social (las únicas excepciones son el Plan de Empleo Rural —PER— agrario y la ingente rúbrica de los cursillos de formación de los desempleados, monumento a la ineficiencia y el despilfarro). También he optado por no tocar lo que se consideran funciones nucleares del Estado (justicia, seguridad y defensa). Eso no significa que no crea que, en un momento crítico como el actual, no hubiese que proceder a una revisión profunda de todas estas partidas: por ejemplo, rebajando un 10% la remuneración a los empleados públicos, reduciendo en un tercio su número e instaurando copagos en sanidad y la enseñanza no obligatoria y reformando la prestaciones por desempleo para acortar su duración (por supuesto, de la mano de una reforma laboral de verdad que permita una progresiva reocupación de los cinco millones de parados).

Más bien, lo que intento probar es que únicamente eliminando la grasa más escandalosa de la administración central, en forma de subvenciones, planificación de la producción y organismos públicos innecesarios, podríamos haber logrado, sin subidas de impuestos, una reducción del déficit más de dos veces superior a la que salió del pasado Consejo de Ministros. En su lugar, el PP de Mariano Rajoy ha preferido castigar y perseguir a la economía privada con tal de minimizar el adelgazamiento de un entramado estatista cada vez menos justificable y sostenible.

Aquí les dejo mi propuesta de recortes con respecto a los presupuestos generales del Estado de 2011. Obviamente, no es necesario estar de acuerdo con toda ella para reconocer que hay un margen enorme para reducir el gasto sin necesidad de subir todavía más los impuestos. Tampoco es necesario defender que la rebaja del gasto deba ser permanente o total, sino sólo temporal (como temporal es, según nos cuentan, la subida de impuestos) y parcial para atajar el déficit sin subir impuestos.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: 2.085 millones

• Cooperación para el desarrollo: 1.971 millones.
• Cooperación, promoción y difusión de la cultura en el exterior: 114 millones.

Ministerio de Economía y Hacienda: 1.477 millones

• Incentivos regionales a la localización industrial: 179 millones.
• Seguros de crédito a la exportación: 280 millones.
• Servicios de transporte de ministerios: 47 millones.
• Transferencias a RTVE: 631 millones.
• Aportación patrimonial al ICO: 340 millones.

Ministerio del Interior: 127 millones

• Financiación de partidos políticos: 127 millones.

Ministerio de Fomento: 5.262 millones

• Dirección y servicios generales de vivienda: 18 millones.
• Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda: 1.126 millones.
• Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 214 millones.
• Subvenciones y apoyo al transporte marítimo: 84 millones.
• Subvenciones y apoyo al transporte aéreo: 344 millones.
• Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías: 40 millones.
• Adquisición de participaciones de la sociedad estatal de infraestructura y transporte terrestre: 799 millones.
• Aportación patrimonial a ADIF: 574 millones.
• Inversiones ferroviarias: 1.022 millones.
• Inversiones en nuevas carreteras: 1.041 millones.

Ministerio de Educación: 107 millones

• Nuevas tecnologías aplicadas a la educación: 107 millones.

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 8.098 millones

• Fomento de la inserción y estabilidad laboral: 7.322 millones.
• Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: 6 millones.
• Subsidio de desempleo para eventuales del Régimen Especial Agrario: 750 millones.
• Sindicatos y patronal: 20 millones.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 5.935 millones

• Desarrollo industrial: 585 millones.
• Reconversión y reindustrialización: 704 millones.
• Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón: 145 millones.
• Explotación minera: 657 millones.
• Promoción comercial e internacionalización de la empresa: 591 millones.
• Coordinación y promoción del turismo: 623 millones.
• Apoyo a la pequeña y mediana empresa: 156 millones.
• Infraestructuras en comarcas mineras del carbón: 289 millones.
• Investigación y desarrollo tecnológico-industrial: 407 millones.
• Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información: 369 millones.
• Innovación tecnológica de las telecomunicaciones: 721 millones.
• Transferencias al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras: 688 millones.

Ministerio de Ciencia e Innovación: 5.498 millones

• Investigación científica: 682 millones.
• Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica: 2.139 millones.
• Investigación y desarrollo técnico-industrial: 2.426 millones.
• Investigación y experimentación agraria: 79 millones.
• Investigación oceanográfica y pesquera: 60 millones.
• Investigación geológico-minera y ambiental: 26 millones.
• Investigación energética, ambiental y tecnológica: 86 millones.

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 388 millones

• Competitividad y calidad de la producción agraria: 53 millones.
• Competitividad y calidad de la producción ganadera: 135 millones.
• Programa de desarrollo rural sostenible: 200 millones.

Ministerio de Cultura: 391 millones

• Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior: 17 millones.

Promoción y cooperación cultural: 54 millones.
Promoción del libro y publicaciones culturales: 14 millones.
Fomento de las industrias culturales: 30 millones.
Música y danza: 107 millones.
Teatro: 56 millones.
Cinematografía: 113 millones.

Miscelánea: 2.398 millones

• Imprevistos y funciones no clasificadas: 2.063 millones.
• Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 335 millones.

Este artículo fue publicado originalmente en Libre Mercado (España) el 2 de enero de 2012.

Bernie Madoff perpetró el mayor fraude financiero en la historia de EE.UU. ocasionando pérdidas de entre $10.000 y $20.000 millones. Los Kirchner confiscaron $30.000 millones de las pensiones de todos los argentinos y el corralito argentino del 2001 no puede no ser calificado como una estafa estatal. La inflación es uno de los impuestos más regresivos que existen, castigando más a los más pobres. El gobierno de Hugo Chávez, a contracorriente de su retórica, tiene la inflación más alta de las Américas, efectivamente estafando todos los días a sus ciudadanos a través de la política monetaria. Las experiencias de endeudamiento e hiperinflación de América Latina durante la década de los ochenta son una interesante lección sobre las incontinencias del Estado. Bernie Madoff, con toda su malicia no causó tanto daño como la hiperinflación boliviana ocasionada por filántropos y bien intencionados burócratas. Madoff hoy cumple una condena en prisión por sus delitos; ni Cristina Fernández, ni Hugo Chávez ni los bienintencionados burócratas bolivianos de los años ochenta lo acompañan, a pesar de que sus estafas son mayores.

EE.UU. es uno de los países más pujantes e históricamente más responsables en cuanto a la administración de sus finanzas públicas, sin embargo su deuda pública ronda los $15 billones (15 seguido de 12 ceros), alrededor de 100% del PIB. Es decir que EE.UU. viene manejando sus finanzas públicas tan irresponsablemente como cualquier país africano. Y no tenemos que olvidar que la burbuja inmobiliaria que desencadenó la crisis fue auspiciada en gran parte por su gobierno a través de su política monetaria (culpa de la Reserva Federal) y sus agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.

Y ni hablar de la mayor estafa de todas, la de gobiernos como el de China, la Unión Soviética y Cuba que, a nombre del bienestar social, hicieron (Cuba y China todavía lo hacen en distinto grado) de sus territorios cárceles gigantes, privando a sus pueblos de libertad para expresarse, para desarrollar iniciativas privadas, para trasladarse libremente, para aprovechar los avances tecnológicos, para generar riqueza al margen del Estado, para buscar la felicidad por cuenta propia.

Sin lugar a dudas que el libre mercado no está libre de potenciales abusos y estafas (problemas que un buen sistema judicial puede atenuar), pero la historia nos demuestra que estos son ínfimos comparados a los abusos y estafas cometidos por los Estados. Y es casi una constante que a mayor poder del Estado, mayores los abusos y estafas cometidos por sus burócratas.