Lo que la victoria de Trump significa para la Corte Suprema

Algunos pensamientos, agradeciendo a Josh Blackman por iniciar estas reflexiones:

La nominación de Garland está muerta. ¿Significa esto que Trump de hecho seleccionará a alguien de su lista de 21 potenciales nominados? Esa lista fue tal vez más notable por incluir a 9 juristas a nivel de los estados; ¿tendremos a uno de esos en la Corte Suprema por primera vez desde que Sandra Day O’Connor fue elegida en 1981?

La estrategia de los Republicanos en el Senado de ni siquiera considerar al Juez del Circuito del Distrito de la Capital Merrick Garland, de dejar que el pueblo estadounidense decida acerca de quién llenará el vacío dejado por el juez Scalia, funcionó. No solo eso, sino que no perjudicó en absoluto a los senadores vulnerables que estaban haciendo campaña para ser reelectos. Anthony Kennedy casi seguramente continuará siendo el “juez dirimente” en asuntos más controversiales; él podría haber sido el ganador más importante de ayer.

Siento pena por Garland, un jurista respetado y un hombre honorable que ha estado en el limbo por casi ocho meses. Dicho esto, esto no se trataba acerca de él y hubiese recomendado votar en contra de él.

Una pregunta abierta es qué sucederá cuando Trump se de cuenta de que los tipos de jueces que le han recomendado nominar fallarían en contra de él en varias cuestiones.

Si usted vive en torno a la acción ejecutiva, usted muere donde muere la acción ejecutiva –lo que significa que muchos casos de alto perfil que están pendientes en la agenda de la Corte Suprema simplemente desaparecerán. La Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales (DAPA), la acción ejecutiva para la inmigración, y el Plan de Energía Limpia serán anulados, las organizaciones religiosas sin fines de lucro serán exentas de Obamacare, los servicios de salud de Trump no harán los pagos ilegales que han conducido al caso House vs. Burwell, y más. Esto podría incluir las guías respecto de los transexuales en los baños, las cuales si son anuladas removerían la controversia más grande del periodo actual de la Corte Suprema.

Con la selección de (mi amigo y profesor de leyes en la Universidad de Missouri) Josh Hawley como el nuevo fiscal general de Missouri, el todavía no agendado caso de Trinity Lutheran probablemente será decidido.

Ojalá la junta editorial del New York Times incluya “Resulta que Ilya Shapiro tenía razón” en su editorial urgiendo a los senadores para que rechacen las nominaciones a la Corte Suprema de Trump. Además, no puedo esperar a que Paul Krugman argumente esto en su columna.

¿Quiere evitar que se repita la elección de 2016?

Un mensaje claro de la elección de ayer es que muchos votantes –y muchos otros que se quedaron en casa y no acudieron a las urnas– estaban insatisfechos con los candidatos de los principales partidos. Varios factores conspiraron para que el Partido Demócrata y el Partido Republicano terminen nominando a Hillary Clinton y Donald Trump. Uno de esos factores que necesita ser reformado dramáticamente antes del próximo ciclo electoral es el formato terrible utilizado para los debates entre los candidatos.

Tradicionalmente, los candidatos reciben apenas un minuto o dos para responder a las preguntas de los moderadores acerca de asuntos complejos de políticas públicas, e incluso menos tiempo para refutar un opositor u ofrecer una reacción. Los candidatos no reciben las preguntas con anticipación y aunque tienen alguna idea acerca de lo que les preguntaran, no pueden prepararse y proveer respuestas preparadas, cuidadosas y detalladas. A los candidatos no se les permite tener notas o aparatos electrónicos, así que no pueden reafirmar rápidamente datos o revisar argumentos complejos. Y no pueden utilizar herramientas de asistencia visual para ayudar a explicar sus ideas o proveer sus referencias completas.

Estas limitaciones castigan a los candidatos que son cuidadosos, que tienen un conocimiento matizado de las políticas públicas, que ofrecen ideas innovadoras, y que quieren comunicarse y convencer a un amplio y diverso rango de la audiencia. Las limitaciones que favorecen a los candidatos con poco conocimiento o preocupación acerca de los datos, que expresan las ideologías estándar, que sirven a las bases partidistas, y que son deshonestos y poco civiles.

Si los coordinadores de los debates 2020 realmente quieren proveer un servicio público, descartaran el formato actual y proveerán en su lugar a los candidatos con la oportunidad de mostrar si están informados, si son pensativos, si son líderes respetuosos que pueden hablarle a los estadounidenses acerca de políticas públicas sofisticadas. Si, por otro lado, estos coordinadores continúan utilizando el mismo formato de debate que utilizaron en 2016, probablemente tendremos nominados por los partidos similares a los de 2016.

Dos formas de competencia

En la naturaleza los animales compiten entre sí para sobrevivir en una lucha donde a menudo se pone en juego la vida y la muerte. Por ejemplo el tigre debe matar al ñu para alimentarse y el hipopótamo macho debe pelear con otros para conseguir y conservar su territorio.

Al capitalismo y al libre mercado muchas veces se lo compara con tal estado natural. Frases como “capitalismo salvaje” evocan esta errónea asociación. El capitalismo (entendido como respeto a la propiedad privada y el libre comercio) es básicamente un sistema de cooperación a nivel global. Un celular diseñado en Estados Unidos y ensamblado en China usando partes y materias primas de varios países es distribuido e intercambiado en todo el mundo y todo de forma voluntaria. Yo no conozco a quienes hilaron la ropa que tengo, pero he adquirido esa ropa mediante un sistema de intercambio pacífico, voluntario y mutuamente beneficioso. Dentro de este sistema de cooperación a nivel global existe competencia para producir eficientemente; las empresas que producen el mismo bien a un menor costo o que producen bienes diferenciados y con valor agregado para el consumidor son las que crecen y las empresas que producen bienes caros, desaparecen. Todo esto significa que la competencia capitalista produce el mayor beneficio posible para los consumidores, que por cierto somos todos. Por supuesto en este sistema hay empresas que desaparecen y gente que pierde su trabajo, pero la pérdida de empleos es temporal. En tal sentido, el capitalismo nada tiene de salvaje en el sentido de poner en juego la vida y la muerte y más bien es la máxima expresión de un mundo civilizado, donde se deja de lado el uso de la fuerza y las cosas se consiguen mediante el mutuo acuerdo y el intercambio. La competencia capitalista es la forma en la que logramos que quienes producen zapatos sean los mejores para producir zapatos, quienes producen vehículos sean los mejores para producir vehículos, quienes provean educación sean los mejores para proveer educación, etc.

Existen sistemas humanos más parecidos a la brutalidad de la naturaleza. Los sistemas totalitarios, incluidos los sistemas socialistas son formas de organización donde el más fuerte se impone al más débil mediante la fuerza y donde la competencia por el poder implica generalmente la lucha por la vida y la muerte. Las guerras de conquista y las luchas de poder político tienen más parecido con el salvajismo de la naturaleza que el sistema capitalista.

Santa Cruz de la Sierra, 25/09/16

Un crimen sin víctimas

La reciente publicidad de una empresa de muebles, donde una modelo aparece desnuda ha despertado las reacciones más campechanas en el país. Los activistas han salido a criticar el spot como machista, degradante contra la mujer, llegando a pedir sanciones penales contra la empresa. Incluso el mismo defensor del pueblo ha acusado a la empresa de “cosificación de la mujer” y otros supuestos delitos. Tal vez el hecho de que un tipo mediocre que llegó al cargo por servilismo y para no molestar al partido de gobierno se involucre en la demanda, demuestra lo pueril de la misma.

Al parecer ciertos sectores de la sociedad creen que la empresa cometió un delito y quieren una sanción penal. Pero para que exista un delito debe existir una víctima y entonces viene la pregunta ¿dónde está la víctima? La modelo que participó del spot, es mayor de edad, posee plenas facultades mentales e hizo lo que hizo por una remuneración mutuamente acordada y con pleno conocimiento de los requisitos y las consecuencias de sus actos. Es más, ella está contenta con toda la repercusión mediática. Entonces ¿quién es la víctima? La respuesta que quieren dar algunos es que las víctimas son la mujer, todas las mujeres lo cual equivale a decir que nadie es la víctima.

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la mujer tuvo un rol de servidumbre y sumisión, algo que en realidad existe hasta nuestros días en mayor o menor medida de acuerdo a cada sociedad. Si el ideal es dar a la mujer igualdad de condiciones, pues ese ideal debe traducirse en libertad para las mujeres: libertad para ser modelos publicitarias y salir desnudas en un spot, libertad para ser ingenieras civiles, pilotos de avión, prostitutas, jugadoras de fútbol, dueñas de empresas, abogadas, políticas, etc. Los grupos que intentan criminalizar los spot sexistas lo hacen bajo el argumento de que quieren proteger y dignificar a la mujer. En realidad lo que hacen es robarle su dignidad al tratarlas como niños incapaces de tomar sus decisiones, quieren robarle su libertad y encasillarlas en un molde único de lo que ellos creen que debería ser el rol y la imagen de la mujer, de manera similar a como se las trataba en la edad media.

No hablo aquí de la calidad estética o moral del spot. Quienes lo consideren ofensivo, tienen todo el derecho a protestar y repudiarlo y expresar su descontento cambiando el canal y no comprando productos a la empresa. Pero entre el repudio civil y la criminalización del hecho existe una gran diferencia que quienes defienden la libertad y la dignidad de las mujeres no debemos cruzar.

Publicado originalmente el 27 de septiembre de 2016.

Entendamos el porqué del no

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He seguido muy de cerca el proceso de paz de Colombia desde que fue anunciado hace 4 años.

Durante todo este tiempo he leído de cerca sobre lo negociado en La Habana, he hablado con docenas de colombianos (incluyendo uno de los negociadores), he visto de primera mano en Colombia la maquinaria mediática del gobierno de Santos, he participado en decenas de programas de Club de Prensa | NTN24 y otros medios donde se han comentado los pormenores del acuerdo, he organizado eventos en Cato con expertos a favor y en contra de lo negociado y he leído los puntos más importantes del acuerdo, en especial los referentes a la llamada justicia transicional. Así que nadie me puede acusar de brindar una opinión desinformada.

Un fenómeno que marcó las negociaciones desde su arranque es el hecho de que los sondeos de opinión mostraban de una manera muy contundente que los colombianos querían paz, pero también rechazaban por completo otorgarle impunidad a los líderes de las FARC. Resolver este meollo llevó al presidente Santos a decir que si los colombianos querían un acuerdo con las FARC, debían tragarse varios sapos, es decir, debían tolerar cierto grado de inmunidad.

Sin embargo las FARC fueron muy hábiles en su negociación y lo que Santos prometió que sería un proceso de “meses” desembocó en años. Las FARC sabían muy bien que en frente tenían a un presidente vanidoso cuya mayor ambición personal era ser galardonado con un Premio Nobel de la Paz. De tal forma, dilataron las negociaciones y sacaron concesiones cada vez más leoninas. Concesiones que, un pueblo desangrado por 52 años de guerra, no pudo tolerar.

“Nadie se sienta a negociar para ir a la cárcel”, dijo alguien. Es cierto. La norma es que un acuerdo de paz involucra algún grado de inmunidad. Lo hemos visto en El Salvador, en Irlanda del Norte, y otros lugares. También es difícil pensar en inmunidad cuando hablamos de masacres, terrorismo urbano, reclutamiento de niños, secuestros, extorsión, abortos forzados de mujeres guerrilleras, etc. Muchos de estos son crímenes de lesa humanidad que en buena práctica de derechos humanos no pueden ser perdonados.

Pero el acuerdo de La Habana fue más allá de un simple perdón: le garantizaba a las FARC 26 escaños en el futuro Congreso, le otorgaba 31 frecuencias de radio, un canal de televisión y un centro de pensamiento financiado por los contribuyentes para que hicieran propaganda, establecía que la indemnización a las víctimas corría por cuenta de los contribuyentes colombianos y no de las FARC, cuyo capital se estima en $10.000 millones. Las FARC pasarían a ser el partido político mejor financiado y con una cuota de poder político significativa sin siquiera tener que obtener un solo voto a su favor.

En todo este tiempo siempre dije que la decisión final era de los colombianos. Y era una decisión que era mucho más compleja que simplemente querer paz o guerra, como lo ha querido caricaturizar la prensa extranjera. Hoy una mayoría de colombianos votó en contra de este acuerdo, pero les garantizo que ninguno votó por más guerra. Todos los colombianos que conozco que votaron por el NO son gente decente que aspiran a vivir en un país en paz, pero con justicia. Sin impunidad.

Antes de saltar a acusar a los colombianos de insensatos, guerreristas o compararlos con los votantes de Trump (el hombre de paja de nuestros tiempos), saquemos un tiempo para entender mejor las motivaciones de esa mayoría de colombianos que hoy dijo NO en las urnas.

Seguridad pública: Apelar al ingenio o falsear la realidad

Recientemente pasé unos días en EE.UU., concretamente en las ciudades de Nueva York y Boston. A raíz de mi estadía allí, cobré cabal conciencia de la estrecha relación que existe entre la cultura e ideas predominantes en una nación y la calidad de vida de sus habitantes.

Los primeros días al salir a la calle estaba tensa, cuidando atentamente mi cartera, escondiendo mis pertenencias y crispándome cada vez que alguien en moto o bicicleta se me acercaba. Asimismo, al caminar en medio de la muchedumbre trataba de no ser presa de posibles rateros. Esa actitud está tan incorporada a mi persona -a raíz de la inseguridad existente en Uruguay – que sólo me di cuenta de ello al notar con asombro, la conducta de los estadounidenses.

En efecto, el ambiente que se respira en los lugares públicos de las ciudades mencionadas, es de tranquilidad. En los restaurantes las mujeres dejan despreocupadamente sus bolsos en el suelo, incluso, abiertos. La gente está relajada. No se percibe ese estado de alerta continua que domina actualmente a los uruguayos; de desconfianza mutua que va enturbiando las relaciones sociales.

Obviamente que en EE.UU. hay delincuencia pero uno se siente a salvo en la calle. Algo a destacar, es que esa seguridad emana de una autoridad que ejerce su función sin hacer alarde de ello. Al Estado prácticamente no se lo ve físicamente aunque se deduce su presencia porque las cosas funcionan correctamente.

La seguridad pública es un tema fundamental para cualquier país. Ese factor es tan esencial para la calidad de vida de las personas, que constituye uno de los fines primarios del Estado. Es decir, que si no cumple correctamente con esa función, su existencia no tiene razón de ser. Los ciudadanos pagamos impuestos en el entendido de que ese dinero será usado por los gobernantes para brindarnos ciertos bienes públicos; la seguridad personal es uno de los más relevantes.

En Uruguay, el auge de la delincuencia vino de la mano de los gobiernos izquierdistas que nos gobiernan desde el 2005. Anteriormente uno de los activos que nuestra nación ofrecía al mundo, era precisamente la tranquilidad que reinaba en  estas tierras. Era una realidad que nos enorgullecía y que tornaba placentera la vida aquí, a pesar de que económicamente no era el lugar más recomendable para progresar.

Ya no es así. Los delitos han aumentado en cantidad y ferocidad. La violencia se nota en todas partes, hasta en el tráfico. Es usual que rapiñen a alguien cuando detiene su auto en un semáforo o cuando baja para entrar a su casa. A pesar de que la prensa no informa mucho sobre ese asunto, los copamientos de viviendas son frecuentes. Lo que los medios ocultan, se sabe por el boca a boca.

Esta situación no es una “tendencia mundial” como esgrimen excusándose nuestros gobernantes. La prueba es que en la mayoría de los países desarrollados ese tema está bajo control. La delincuencia se ha exacerbado debido a las ideas, el discurso, las prácticas y leyes aprobadas por los gobernantes izquierdistas.

Por ejemplo, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010) su ministro del Interior, José Díaz, sostenía que los delincuentes eran “víctimas de la sociedad”. Afirmaba que la culpa de que cometieran delitos era de la sociedad uruguaya, porque había sido incapaz de ofrecerles oportunidades para que pudieran llevar una existencia honrada. En consecuencia, hizo aprobar la ley No. 17.897, titulada “Régimen Excepcional de libertad provisional y anticipada” que dejó libre a gran parte de los reclusos.

En aquel momento se levantaron voces advirtiendo la irracionalidad de esa norma y que los delitos se iban a disparar, como efectivamente sucedió.

La “doctrina Díaz” tiene sus seguidores. Lo prueba una reciente resolución de un Tribunal de Apelaciones que redujo la pena de un delincuente que en cinco años cometió 8 delitos, con el argumento de que al calibrar el castigo era necesario tener en cuenta  “la coculpabilidad social” porque el acusado no terminó Primaria y pertenece “a la clase social más desfavorecida”.

Los habitantes de los países desarrollados en general y de EE.UU. en particular, asumen la responsabilidad personal. Los delitos se reprimen y se ejerce la autoridad. No se difuma la responsabilidad de cada quien con el sofisma de que la “culpa la tienen otros”. La víctima es la que sufre un delito y no a la inversa.

Podría decirse que ese aire de seguridad que se respira en Nueva York, se originó en un diagnóstico acertado de las causas de la delincuencia y en la consiguiente repuesta. Fue así que en 1994 su alcalde, Rudolph Giuliani, puso en práctica la doctrina de la tolerancia cero. Según esta postura, el camino a la criminalidad comienza con infracciones menores como por ejemplo pintar graffitis o beber alcohol en la vía pública, que con el correr del tiempo se van agravando. En consecuencia, no se dejan pasar y son sancionadas con severidad.

Actualmente, las autoridades de ciertos países desarrollados están mostrando el mismo ingenio para otorgar seguridad a los ciudadanos sin entrar en autoritarismos. Una de las iniciativas muestra un grado de creatividad increíble, dado que se basa en utilizar a favor la pokemanía.

La puso en práctica la policía de Manchester (New Hampshire, EE.UU.) con el objetivo de capturar a delincuentes prófugos. Se hizo circular por el Facebook de ellos el siguiente mensaje: “Atención a todos los jugadores de Pokémon Go: hemos descubierto recientemente que hay un Charizard en nuestra área de registro. Como el Charizard es un personaje tan excepcional, el número de personas que invitamos es limitado. Si tu nombre aparece en la siguiente lista, eres uno de los afortunados. Date prisa antes de que el Charizard se vaya”.

Por su parte en Bélgica, la policía de Rotterdam planea utilizar a los jugadores de ese videojuego para que sean  “ojos adicionales”, los ayuden a “cazar” delincuentes y a prevenir delitos en la ciudad. La idea es utilizar “cebos” especiales hecho con personajes de Pokémon, con el fin de atraer a jugadores a lugares donde se suelen cometer delitos y de ese modo desalentar a los delincuentes.

Fórmulas creativas para combatir la delincuencia que se basan en asumir la realidad tal como es y no sacarle el cuerpo a la propia responsabilidad.

Todo lo contrario de lo que hacen los gobernantes uruguayos que utilizan su ingenio pero para falsear la realidad, para atribuirse triunfos que no son tales. Desde el gobierno de José Mujica (2010-2015) en adelante, se modificó la forma de evaluar los datos de seguridad en el país. Anteriormente, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior realizaba reportes anuales y completos, con todos los datos sobre los delitos cometidos en el país. Ya no hay reportes periódicos ni continuidad preestablecida sino que se van difundiendo datos aislados, en la medida y oportunidad en que sean beneficiosos para el gobierno.

Ese cambio provocó que en 2011 Rafael Paternain –director del Observatorio- renunciara alegando de que “hay mucha confusión en la información que se presenta”. El experto cuestionó una práctica que se continúa haciendo hasta el día de hoy: “Hay una mezcla de tiempos, de geografía, de períodos y no se interpreta todo linealmente. El objetivo (del monitoreo) es evaluar el impacto de los operativos”, pero de este modo es imposible.

Es obvio que la intención de Mujica y Vázquez ha sido presentar una realidad distorsionada con respecto a la seguridad pública. Ellos dirán que los delitos bajan pero lo cierto es que los ciudadanos sabemos bien, que estamos cada vez peor en ese aspecto. Por consiguiente, perdiendo aceleradamente calidad de vida.

Bolivia: violencia e impunidad

El viceministro Rodolfo Illanes ha sido asesinado. Más allá del hecho de que toda pérdida de vidas es lamentable, ha causado conmoción la manera brutal en la que fue golpeado y torturado hasta morir. Desgraciadamente estás cosas suceden en Bolivia con cierta regularidad.

Penosamente el presidente Morales, no pierde oportunidad para sacar provecho político de cualquier situación y ahora afirma que había una conspiración y que se detuvo un intento de golpe de Estado. Esto por supuesto es risible, ya que matar a un viceministro, a pesar de lo atroz, dista mucho de ser parte de una acción golpista. Quienes mataron a Illanes lo hicieron en el calor de la rabia por la muerte de 3 compañeros mineros, y podemos presentir que lo hicieron porque en la tradición andina, a pesar del mentiroso discurso oficial, reina la cultura de la violencia y la fuerza. La cultura de los cooperativistas mineros, es la cultura del bloqueo, del uso de la fuerza, de la violencia sindical, del abuso a las mujeres, del corporativismo violador de los derechos individuales, de las posiciones radicales y maximalistas. Es la misma cultura de los cocaleros, es la misma cultura de la Central Obrera Boliviana, es la misma cultura de los actuales gobernantes. Por eso éste es un conflicto interno entre sectores del MAS.

Pero volviendo a Evo Morales, hubiera sido una muestra de decencia y compunción el haber condenado la muerte de su viceministro y punto. Sin embargo recurrió por enésima vez a la mentira de las teorías conspirativas, a la mano del imperio y la derecha, a usar a un ser humano que él conoció y que murió por su proceso de cambio, para beneficiarse o victimizarse políticamente. Por supuesto, no hay nada que extrañarse del actuar de quienes algunos acólitos consideran “la reserva moral de la humanidad”.

Fuera de la reprochable actitud del presidente de Bolivia, me parece bien que el gobierno atrape, enjuicie y castigue a los culpables del hecho y vayamos sentando precedente de que matar en Bolivia no es permitido. Sería bueno también que el gobierno atrape, enjuicie y castigue a quienes, siendo parte de movimientos campesinos afines al MAS, asesinaron a Pedro Oshiro el 2008 poniéndolo de rodillas para darle un tiro en la nuca; a quienes, siendo parte de movimientos cocaleros afines al MAS, mataron a machetazos Christian Urresti en Cochabamba el 2006, a quienes el año 2000 secuestraron, torturaron y mataron a los esposos Andrade, por citar algunos casos de matanzas e impunidad.

Publicado originalmente el 28 de agosto de 2016.

Abrir un negocio en Bolivia

El Banco Mundial publica anualmente el reporte Doing Business donde clasifica a los países según la facilidad para hacer negocios. Según la edición 2016, en Nueva Zelandia se requiere un solo trámite para iniciar un negocio, demora medio día y cuesta 0,3% del PIB per cápita. Por el contrario en Bolivia comenzar un negocio toma en promedio 50 días, 15 trámites diferentes y cuesta un 57,9% del PIB per cápita. Es decir, un boliviano promedio debe gastar 7 meses de sus ingresos para abrir una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y además ir por una serie de trámites, colas, esperas, en muchos casos innecesarias y siempre improductivas.

Algo que me llamó la atención sobre el reporte es que Bolivia es uno de solo 5 países en el mundo donde abrir un negocio (SRL) requiere el uso de servicios legales y notariales. En casi la mitad del mundo para crear una SRL no se necesita ni contratar abogados, ni usar notarios de fe pública porque los procedimientos son simples, los testimonios de constitución son estandarizados y validados por la misma agencia que registra las empresas. En la otra mitad del mundo abrir una SRL requiere el uso de abogados o notarios, pero no ambos. En Bolivia, donde los legisladores y burócratas ponen especial cuidado en hacer las cosas tan complicadas como sea posible, se requiere contratar ambos servicios, y además completar una serie de trámites que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene el municipio de pedir una licencia ambiental para una oficina o un negocio de bienes raíces? En fin, si analizáramos detenidamente todos los trámites por los que tienen que pasar los emprendedores, veríamos que fácilmente podríamos recortarlos por la mitad, en número, en tiempo y en costo monetario.

Además, si quisiéramos hacer un esfuerzo, podríamos reducir a un par de trámites y unos cuentos días para abrir un negocio. Por supuesto, por cada trámite adicional existe un grupo de funcionarios públicos que ganan un sueldo y un ejército de tramitadores que ofrecen al emprendedor evitarse el dolor de cabeza de las colas, documentación incompleta, mala información y tiempo a cambio de encarecer el trámite. Y como las campañas políticas requieren un ejército de militantes a quienes hay que recompensar, la función pública se convierte en un botín, un monumento a la ineficiencia y una multiplicación de trámites innecesarios y costosos para el ciudadano pero beneficiosos y rentables para los partidos políticos.

http://javierpaz01.blogspot.com/

Hebe de Bonafini: ¿Defensora de los derechos humanos?

Hebe de Bonafini -una de las fundadoras de la ONG “Madres de Plaza de Mayo”- suele ser presentada como una activista a favor de los derechos humanos. Esa designación se repite sin mucho análisis y presentándolo como un dato de la realidad. Pero, ¿realmente será así?

Bonafini saltó a la palestra pública durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). Al igual que tantas otras madres cuyos hijos habían sido detenidos por las fuerzas de represión en circunstancias poco claras, realizaba pacíficamente todos los esfuerzos imaginables por averiguar su paradero y rescatarlos con vida.

En momentos en que la mayoría de los habitantes se movían entre la ignorancia, la indiferencia y el miedo por lo que estaba sucediendo en su país, estas madres demostraron un coraje admirable. Se reunían todos los jueves de 15,30 a 16 hrs. en la Plaza de Mayo (que queda frente a la Casa Rosada, la sede gubernamental) con la intención de ser recibidas por el entonces presidente de facto Jorge Videla. Con el fin de reconocerse –y como símbolo de sus hijos- usaban un pañuelo blanco sobre sus cabezas, que en un principio eran hechos con la tela que se usaba para los pañales de los bebés.

Poco a poco estas mujeres comenzaron a ser notadas por la gente común y por la prensa internacional. Pero principalmente, su presencia irritaba al régimen quien mandaba a la guardia policial a amedrentarlas. Incluso, algunas de ellas fueron secuestradas por los militares como advertencia hacia las otras, con el objetivo de que dejaran de “molestar”.

En 1981 se instauraron las denominadas “Marchas de la resistencia” que eran anuales y cuyo fin era reclamar por la vigencia de los derechos humanos en Argentina.

Una vez recuperada la democracia, la Madres de Plaza de Mayo volcaron sus energías en lograr que fueran castigados los culpables de los crímenes de lesa humanidad, que se supiera la verdad sobre lo sucedido en aquellos tiempos oscuros y que en lo posible, se reparara económicamente a las víctimas y familiares de los desparecidos.

Con el correr del tiempo, Hebe de Bonafini se fue convirtiendo en la cabeza más visible de esa organización.

Los hechos aquí narrados muestran a unas madres angustiadas que guiadas por el amor hacia sus hijos, se comportaron de forma valerosa y digna de admiración. Y por supuesto que esa definición también comprende a Bonafini.

Pero, ¿esa circunstancia, por sí sola, las convierte en activistas a favor de los derechos humanos, entendido este término en sentido cabal? Es decir, ¿en defensoras de la dignidad intrínseca de todo ser humano, de los derechos inalienables de toda persona, en denunciantes de toda dictadura sin importar en base a qué “cuento” subyuga y atormenta a los ciudadanos?

Nosotros no creemos en los “colectivos”  sino que pensamos que cada persona se mueve de acuerdo a sus propios intereses e incentivos, por más que en un momento determinado se asocie con otros en procura de alcanzar objetivos comunes. En el caso de las Madres de Plaza de Mayo, el propósito era rescatar con vida a sus respectivos hijos. Ese era el fin principal. La defensa de los DD.HH. era sólo un elemento adicional, un argumento más para alcanzar esa meta.

Hubiera sido posible que Bonafini, tras la terrible tragedia personal que sufrió y movida por la empatía, se hubiera convertido en una auténtica defensora de los DD.HH. Ella misma reconoce el papel relevante que jugó la Asociación Neerlandesa de Mujeres (SAAM) para ayudar a difundir su causa y contribuir a aliviar su dolor. La propia Hebe expresa la siguiente:

“Tal vez la que marcó fue lo que te digo ahora, que las mujeres holandesas se comunicaran con nosotras ni bien nos vieron dar vueltas, esa vuelta que nadie conocía y ya tenía más de un año”.

No obstante no ha sido así. Asusta su indiferencia e incluso la crueldad exhibida frente al dolor ajeno. Resulta obvio que para ella sólo algunos son dignos de gozar de DD.HH. Por ejemplo, condena a Estados Unidos porque tortura y enseña a hacerlo, pero alaba a Fidel Castro que hace otro tanto. Apoya a grupos violentos como la ETA o las FARC, que destrozan y mutilan vidas inocentes. Pontifica acerca de quiénes “merecen” una muerte atroz y quiénes no. Para colmo, encima lo hace mediante la falsedad o mala fe. En base a esa tesitura es que cuando sucedió el atentado de los Torres Gemelas en Nueva York el 11 de setiembre de 2011, afirmó:

“Por eso cuando pasó lo del atentado […], sentí alegría. No voy a ser hipócrita, no me dolió para nada. […] Ahí [en las Torres Gemelas] no murieron pobres, no murieron poblaciones, no murieron viejos. […] El día del atentado yo sentí que había hombres y mujeres muy valientes […] Declararon la guerra con sus cuerpos, manejando un avión para estrellarse y hacer mierda al poder más grande del mundo. Brindé por mis hijos, brindé por tantos muertos, contra el bloqueo, por todo lo que se me venía a la cabeza”.

En los hechos, ese día murieron  2992 personas de todo tipo, nacionalidad, religión y condición social: mujeres, niños, bebes, hombres, ancianos; ricos y pobres; blancos, negros y amarillos. Entre ellos, 247 latinoamericanos.

En otra ocasión apoyó públicamente a las madres de los presos vascos. En el 2000 publicó una carta abierta en la página web de su agrupación, afirmando que esos individuos estaban tras las rejas simplemente por expresar sus ideas o “conocer a alguien que conoce a alguien”. Sus acusaciones fueron respondidas por Amnistía Internacional, quien la desmintió señalando que dicha organización internacional de defensa de los DD.HH “no tiene constancia de casos de presos de conciencia en las prisiones españolas”.

Pero Bonafini no siente empatía por ciertas madres de presos políticos como por ejemplo las Damas de Blanco cubanas. Mujeres que tiene conciencia de la proporción y no se visten con ropajes ajenos. Las antillanas no se autodefinen con palabras grandilocuentes, sino como simples mujeres de diferentes credos e ideologías, que están unidas por el dolor que sienten por la encarcelación injusta de sus seres queridos por la dictadura castrista, y que luchan por su liberación.

Hebe no usa el prestigio adquirido por las Madres argentinas para ayudarlas –como en su momento hicieron las mujeres holandesas con ellas- sino que por el contrario, apoya a los violadores de los DD.HH. en Cuba, Venezuela y en cualquier otro país que comulgue con su ideología.

En conclusión, Hebe de Bonafini no puede ser catalogada de activista a favor de los DD.HH., sino simplemente como una mujer que en el pasado combatió a una dictadura específica porque la afectaba directamente.