Videojuegos terroristas

El número dos y portavoz parlamentario de Podemos, Íñigo Errejón, aprovechó el reciente atentado terrorista en Berlín para criminalizar a los videojuegos violentos. Según manifestó en una entrevista en la Cadena Ser: “Creo que también hay un efecto imitación. Estoy convencido de que el que ha hecho lo de Berlín no lo habría hecho de la misma forma si no es porque conoce lo de Niza y porque ha visto videojuegos similares y películas similares”. Uno esperaría de nuestros representantes un poco más de prudencia a la hora de efectuar declaraciones tan gratuitas y aventuradas que, en última instancia, sólo contribuyen a colocar el foco de la sospecha sobre centenares de miles de adolescentes que disfrutan de su tiempo libre sin dañar ni entrometerse en la vida de nadie. Si en asuntos de Justicia solemos aplicar la máxima de la “presunción de inocencia” y exigimos pruebas suficientes como para despejar toda “duda razonable” antes de efectuar una declaración de culpabilidad, sería conveniente emplear reglas igualmente prudenciales a la hora de juzgar de un modo tan severo las consecuencias presuntamente derivadas de jugar a los videojuegos. Sobre todo porque la evidencia disponible a la hora de efectuar tales afirmaciones es más bien escasa.

Es verdad que en los experimentos controlados en laboratorio sí suele encontrarse una cierta relación positiva entre exposición a videojuegos violentos y pulsiones agresivas u hostiles: es decir, aquellas personas que han dedicado parte de su tiempo a visualizar o participar en videojuegos violentos tienen ulteriormente respuestas, pensamientos o actitudes algo más agresivas que el resto. Pero un cierto aumento de la agresividad según los artificiales parámetros experimentales de un laboratorio no equivale a un incremento de los comportamientos violentos en el mundo real y, mucho menos, a un aumento de las actividades terroristas. Precisamente, uno de los últimos estudios publicados al respecto (Violent Video Games and Violent Crime, de Cunningham, Engelstätter y Ward) no encuentra relación alguna entre mayor exposición a los videojuegos violentos e incrementos de la delincuencia; más bien al revés, los autores constatan que, de existir algún tipo de conexión, sería más bien negativa. A más videojuegos violentos, menor criminalidad: “no hallamos ninguna evidencia de los videojuegos aumenten la delincuencia, si acaso la reducen”. Antes de seguir degenerando hacia el meapilismo doctrinario, más valdría que Podemos le echara un vistazo a la evidencia disponible y contuviera su incontrolable ansia de ingeniería social.

Publicado originalmente en La Razón (España) el 23 de diciembre de 2016.

Texas vs. Venezuela

La edición dominical de El Deber hace una comparación entre el estado de Texas y la República Bolivariana de Venezuela indicando que el PIB per cápita venezolano es de $us 13.000 y su índice de desarrollo humano es de 0,697 mientras los indicadores texano son de $us 45.000 y 0,914 respectivamente. El factor que mejor explica esta diferencia es el régimen de propiedad privada. En Texas quien es dueño del suelo, es dueño de sus recursos y si encuentra oro o petróleo, le pertenecen, se hará rico y pagará impuestos razonables sobre su explotación. En Venezuela decidieron que el petróleo debía ser del Estado para que así se reparta y no haya pobreza; el resultado es que en Venezuela abundan los pobres (ahora y siempre). En Texas, donde el Estado no es dueño de los recursos naturales, la pobreza es mucho menor tanto en cantidad de personas pobres como en su calidad de vida: ser pobre en Venezuela es peor que ser pobre en Texas.

Y si comparamos otros elementos, como los niveles de violencia, de asaltos y asesinatos vamos a encontrar nuevamente pierde Venezuela. Según Wikipedia en Venezuela hay 39 homicidios con armas de fuego por cada 100.000 habitantes lo que la hace uno de los países más violentos del mundo, donde muere más gente por armas de fuego que incluso lugares que se encuentran en guerra. Texas por el contrario tiene una tasa de 3,2 homicidios por 100.000 habitantes, guarismo levemente inferior al promedio de los Estados Unidos de 3,5. En Texas, como en todo Estados Unidos, el poseer armas es legal y de hecho el derecho a poseer armas de fuego tiene protección constitucional y este estado norteamericano es uno de los lugares con mayor índice de armas en el mundo. En Venezuela las armas son prohibidas y el Estado las controla, lo que significa que solo los criminales tienen armas, mientras se priva a la gente decente de poseerlas. Otro ejemplo de cómo la intromisión del Estado genera consecuencias contraproducentes.

La pobreza de Venezuela es producto del estatismo desde antes de Chávez, el extremo al que ha llegado de crisis humanitaria es producto del socialismo impuesto por Chávez. Si los venezolanos quieren salir de la crisis política, económica y de derechos humanos en la que se encuentran, deben dejar el socialismo; si quieren reducir significativamente la pobreza, deben acabar con el estatismo, implementar un verdadero régimen de propiedad privada y abrazar el capitalismo, como lo hizo Texas.

Santa Cruz de la Sierra, 06/11/16

El consumidor

¿Cual tiene que ser el objetivo último de la política económica? La respuesta es sencilla: generar las condiciones institucionales para que las familias maximicen su nivel de bienestar dado el ingreso que obtienen de su actividad productiva y, a través de esta maximización familiar, que se traduzca a que también se maximice el bienestar de la sociedad en su conjunto. Para que ello pueda suceder obviamente se requieren varias condiciones.

Primero, es indispensable que los mercados, tanto de bienes y servicios como de factores de la producción, operen en condiciones de competencia. Para ello se requiere que haya bajas barreras regulatorias de entrada y salida de los mercados. Una regulación eficiente facilita la movilidad intersectorial, intrasectorial y regional de los factores de la producción (capital, mano de obra) y le permite a cada agente económico privado, poseedor de recursos productivos, decidir con libertad cómo y dónde asignarlos. La escasez de recursos es una realidad de la cual no nos podemos escapar y, ante ello, cada agente económico buscará asignar sus recursos hacia aquella actividad en la cual espere obtener la mayor rentabilidad ya que ello le permite generar el mayor ingreso posible que le permita, a su vez, maximizar su bienestar y el de su familia a través del consumo. Más aún, con mercados de bienes y servicios operando en condiciones de competencia, implica que los consumidores tendrán una mayor diversidad de bienes entre los cuales elegir, mayor calidad de los mismos y menores precios. Además, tener una eficiente y transparente regulación de los mercados se refleja en una menor incidencia de corrupción, mayor inversión, mayor creación de empleos y mayor crecimiento.

Segundo, es indispensable que haya estabilidad macroeconómica, con una inflación baja y estable. La inflación es un impuesto expropiatorio de la riqueza individual y, peor aún, es el impuesto más regresivo que existe ya que las familias de menor ingreso no tienen acceso a instrumentos financieros que los protejan de la inflación, además de que como porcentaje de su ingreso familiar su tenencia de dinero en efectivo es mayor que el de las familias de mayor ingreso. Tener un escenario de bajas y estables tasas de inflación, además de mantener el poder adquisitivo del dinero, le permite a los individuos poder hacer una mejor y más eficiente planeación de sus decisiones de consumo intertemporal.

Tercero, el papel del gobierno en la corrección de las fallas de mercado. Ofrecer bienes públicos financiados con la recaudación general de impuestos, gravar las externalidades negativas (como la contaminación ambiental generada por acciones individuales) y subsidiar las positivas (como la educación) y combatir las prácticas monopólicas que llevan a un perjuicio para los consumidores y un costo en el bienestar de la sociedad. Una eficiente labor del gobierno en la corrección de las fallas del mercado permite acercarse al óptimo social. Adicionalmente, es papel del gobierno asumir una política de subsidiaridad para generar un arreglo institucional que derive en igualdad de oportunidades.

Cuarto, relacionado con el primero, es la necesidad de tener un libre comercio internacional de bienes y servicios así como la libre movilidad internacional de capital (con tipos de cambio flexibles) y de mano de obra. Esto no solo amplía el abanico para los consumidores sino que también se traduce en una más eficiente asignación de recursos en las diferentes regiones del mundo y, en consecuencia, mayor generación de ingreso y mayores niveles de bienestar familiar.

Donald Trump (igual que muchos en México) no lo entiende; que alguien se lo explique, por favor.

Publicado originalmente en Asuntos Capitales el 6 de diciembre de 2016.

Lo que la victoria de Trump significa para la Corte Suprema

Algunos pensamientos, agradeciendo a Josh Blackman por iniciar estas reflexiones:

La nominación de Garland está muerta. ¿Significa esto que Trump de hecho seleccionará a alguien de su lista de 21 potenciales nominados? Esa lista fue tal vez más notable por incluir a 9 juristas a nivel de los estados; ¿tendremos a uno de esos en la Corte Suprema por primera vez desde que Sandra Day O’Connor fue elegida en 1981?

La estrategia de los Republicanos en el Senado de ni siquiera considerar al Juez del Circuito del Distrito de la Capital Merrick Garland, de dejar que el pueblo estadounidense decida acerca de quién llenará el vacío dejado por el juez Scalia, funcionó. No solo eso, sino que no perjudicó en absoluto a los senadores vulnerables que estaban haciendo campaña para ser reelectos. Anthony Kennedy casi seguramente continuará siendo el “juez dirimente” en asuntos más controversiales; él podría haber sido el ganador más importante de ayer.

Siento pena por Garland, un jurista respetado y un hombre honorable que ha estado en el limbo por casi ocho meses. Dicho esto, esto no se trataba acerca de él y hubiese recomendado votar en contra de él.

Una pregunta abierta es qué sucederá cuando Trump se de cuenta de que los tipos de jueces que le han recomendado nominar fallarían en contra de él en varias cuestiones.

Si usted vive en torno a la acción ejecutiva, usted muere donde muere la acción ejecutiva –lo que significa que muchos casos de alto perfil que están pendientes en la agenda de la Corte Suprema simplemente desaparecerán. La Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales (DAPA), la acción ejecutiva para la inmigración, y el Plan de Energía Limpia serán anulados, las organizaciones religiosas sin fines de lucro serán exentas de Obamacare, los servicios de salud de Trump no harán los pagos ilegales que han conducido al caso House vs. Burwell, y más. Esto podría incluir las guías respecto de los transexuales en los baños, las cuales si son anuladas removerían la controversia más grande del periodo actual de la Corte Suprema.

Con la selección de (mi amigo y profesor de leyes en la Universidad de Missouri) Josh Hawley como el nuevo fiscal general de Missouri, el todavía no agendado caso de Trinity Lutheran probablemente será decidido.

Ojalá la junta editorial del New York Times incluya “Resulta que Ilya Shapiro tenía razón” en su editorial urgiendo a los senadores para que rechacen las nominaciones a la Corte Suprema de Trump. Además, no puedo esperar a que Paul Krugman argumente esto en su columna.

¿Quiere evitar que se repita la elección de 2016?

Un mensaje claro de la elección de ayer es que muchos votantes –y muchos otros que se quedaron en casa y no acudieron a las urnas– estaban insatisfechos con los candidatos de los principales partidos. Varios factores conspiraron para que el Partido Demócrata y el Partido Republicano terminen nominando a Hillary Clinton y Donald Trump. Uno de esos factores que necesita ser reformado dramáticamente antes del próximo ciclo electoral es el formato terrible utilizado para los debates entre los candidatos.

Tradicionalmente, los candidatos reciben apenas un minuto o dos para responder a las preguntas de los moderadores acerca de asuntos complejos de políticas públicas, e incluso menos tiempo para refutar un opositor u ofrecer una reacción. Los candidatos no reciben las preguntas con anticipación y aunque tienen alguna idea acerca de lo que les preguntaran, no pueden prepararse y proveer respuestas preparadas, cuidadosas y detalladas. A los candidatos no se les permite tener notas o aparatos electrónicos, así que no pueden reafirmar rápidamente datos o revisar argumentos complejos. Y no pueden utilizar herramientas de asistencia visual para ayudar a explicar sus ideas o proveer sus referencias completas.

Estas limitaciones castigan a los candidatos que son cuidadosos, que tienen un conocimiento matizado de las políticas públicas, que ofrecen ideas innovadoras, y que quieren comunicarse y convencer a un amplio y diverso rango de la audiencia. Las limitaciones que favorecen a los candidatos con poco conocimiento o preocupación acerca de los datos, que expresan las ideologías estándar, que sirven a las bases partidistas, y que son deshonestos y poco civiles.

Si los coordinadores de los debates 2020 realmente quieren proveer un servicio público, descartaran el formato actual y proveerán en su lugar a los candidatos con la oportunidad de mostrar si están informados, si son pensativos, si son líderes respetuosos que pueden hablarle a los estadounidenses acerca de políticas públicas sofisticadas. Si, por otro lado, estos coordinadores continúan utilizando el mismo formato de debate que utilizaron en 2016, probablemente tendremos nominados por los partidos similares a los de 2016.

Dos formas de competencia

En la naturaleza los animales compiten entre sí para sobrevivir en una lucha donde a menudo se pone en juego la vida y la muerte. Por ejemplo el tigre debe matar al ñu para alimentarse y el hipopótamo macho debe pelear con otros para conseguir y conservar su territorio.

Al capitalismo y al libre mercado muchas veces se lo compara con tal estado natural. Frases como “capitalismo salvaje” evocan esta errónea asociación. El capitalismo (entendido como respeto a la propiedad privada y el libre comercio) es básicamente un sistema de cooperación a nivel global. Un celular diseñado en Estados Unidos y ensamblado en China usando partes y materias primas de varios países es distribuido e intercambiado en todo el mundo y todo de forma voluntaria. Yo no conozco a quienes hilaron la ropa que tengo, pero he adquirido esa ropa mediante un sistema de intercambio pacífico, voluntario y mutuamente beneficioso. Dentro de este sistema de cooperación a nivel global existe competencia para producir eficientemente; las empresas que producen el mismo bien a un menor costo o que producen bienes diferenciados y con valor agregado para el consumidor son las que crecen y las empresas que producen bienes caros, desaparecen. Todo esto significa que la competencia capitalista produce el mayor beneficio posible para los consumidores, que por cierto somos todos. Por supuesto en este sistema hay empresas que desaparecen y gente que pierde su trabajo, pero la pérdida de empleos es temporal. En tal sentido, el capitalismo nada tiene de salvaje en el sentido de poner en juego la vida y la muerte y más bien es la máxima expresión de un mundo civilizado, donde se deja de lado el uso de la fuerza y las cosas se consiguen mediante el mutuo acuerdo y el intercambio. La competencia capitalista es la forma en la que logramos que quienes producen zapatos sean los mejores para producir zapatos, quienes producen vehículos sean los mejores para producir vehículos, quienes provean educación sean los mejores para proveer educación, etc.

Existen sistemas humanos más parecidos a la brutalidad de la naturaleza. Los sistemas totalitarios, incluidos los sistemas socialistas son formas de organización donde el más fuerte se impone al más débil mediante la fuerza y donde la competencia por el poder implica generalmente la lucha por la vida y la muerte. Las guerras de conquista y las luchas de poder político tienen más parecido con el salvajismo de la naturaleza que el sistema capitalista.

Santa Cruz de la Sierra, 25/09/16

Un crimen sin víctimas

La reciente publicidad de una empresa de muebles, donde una modelo aparece desnuda ha despertado las reacciones más campechanas en el país. Los activistas han salido a criticar el spot como machista, degradante contra la mujer, llegando a pedir sanciones penales contra la empresa. Incluso el mismo defensor del pueblo ha acusado a la empresa de “cosificación de la mujer” y otros supuestos delitos. Tal vez el hecho de que un tipo mediocre que llegó al cargo por servilismo y para no molestar al partido de gobierno se involucre en la demanda, demuestra lo pueril de la misma.

Al parecer ciertos sectores de la sociedad creen que la empresa cometió un delito y quieren una sanción penal. Pero para que exista un delito debe existir una víctima y entonces viene la pregunta ¿dónde está la víctima? La modelo que participó del spot, es mayor de edad, posee plenas facultades mentales e hizo lo que hizo por una remuneración mutuamente acordada y con pleno conocimiento de los requisitos y las consecuencias de sus actos. Es más, ella está contenta con toda la repercusión mediática. Entonces ¿quién es la víctima? La respuesta que quieren dar algunos es que las víctimas son la mujer, todas las mujeres lo cual equivale a decir que nadie es la víctima.

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la mujer tuvo un rol de servidumbre y sumisión, algo que en realidad existe hasta nuestros días en mayor o menor medida de acuerdo a cada sociedad. Si el ideal es dar a la mujer igualdad de condiciones, pues ese ideal debe traducirse en libertad para las mujeres: libertad para ser modelos publicitarias y salir desnudas en un spot, libertad para ser ingenieras civiles, pilotos de avión, prostitutas, jugadoras de fútbol, dueñas de empresas, abogadas, políticas, etc. Los grupos que intentan criminalizar los spot sexistas lo hacen bajo el argumento de que quieren proteger y dignificar a la mujer. En realidad lo que hacen es robarle su dignidad al tratarlas como niños incapaces de tomar sus decisiones, quieren robarle su libertad y encasillarlas en un molde único de lo que ellos creen que debería ser el rol y la imagen de la mujer, de manera similar a como se las trataba en la edad media.

No hablo aquí de la calidad estética o moral del spot. Quienes lo consideren ofensivo, tienen todo el derecho a protestar y repudiarlo y expresar su descontento cambiando el canal y no comprando productos a la empresa. Pero entre el repudio civil y la criminalización del hecho existe una gran diferencia que quienes defienden la libertad y la dignidad de las mujeres no debemos cruzar.

Publicado originalmente el 27 de septiembre de 2016.

Entendamos el porqué del no

He seguido muy de cerca el proceso de paz de Colombia desde que fue anunciado hace 4 años.

Durante todo este tiempo he leído de cerca sobre lo negociado en La Habana, he hablado con docenas de colombianos (incluyendo uno de los negociadores), he visto de primera mano en Colombia la maquinaria mediática del gobierno de Santos, he participado en decenas de programas de Club de Prensa | NTN24 y otros medios donde se han comentado los pormenores del acuerdo, he organizado eventos en Cato con expertos a favor y en contra de lo negociado y he leído los puntos más importantes del acuerdo, en especial los referentes a la llamada justicia transicional. Así que nadie me puede acusar de brindar una opinión desinformada.

Un fenómeno que marcó las negociaciones desde su arranque es el hecho de que los sondeos de opinión mostraban de una manera muy contundente que los colombianos querían paz, pero también rechazaban por completo otorgarle impunidad a los líderes de las FARC. Resolver este meollo llevó al presidente Santos a decir que si los colombianos querían un acuerdo con las FARC, debían tragarse varios sapos, es decir, debían tolerar cierto grado de inmunidad.

Sin embargo las FARC fueron muy hábiles en su negociación y lo que Santos prometió que sería un proceso de “meses” desembocó en años. Las FARC sabían muy bien que en frente tenían a un presidente vanidoso cuya mayor ambición personal era ser galardonado con un Premio Nobel de la Paz. De tal forma, dilataron las negociaciones y sacaron concesiones cada vez más leoninas. Concesiones que, un pueblo desangrado por 52 años de guerra, no pudo tolerar.

“Nadie se sienta a negociar para ir a la cárcel”, dijo alguien. Es cierto. La norma es que un acuerdo de paz involucra algún grado de inmunidad. Lo hemos visto en El Salvador, en Irlanda del Norte, y otros lugares. También es difícil pensar en inmunidad cuando hablamos de masacres, terrorismo urbano, reclutamiento de niños, secuestros, extorsión, abortos forzados de mujeres guerrilleras, etc. Muchos de estos son crímenes de lesa humanidad que en buena práctica de derechos humanos no pueden ser perdonados.

Pero el acuerdo de La Habana fue más allá de un simple perdón: le garantizaba a las FARC 26 escaños en el futuro Congreso, le otorgaba 31 frecuencias de radio, un canal de televisión y un centro de pensamiento financiado por los contribuyentes para que hicieran propaganda, establecía que la indemnización a las víctimas corría por cuenta de los contribuyentes colombianos y no de las FARC, cuyo capital se estima en $10.000 millones. Las FARC pasarían a ser el partido político mejor financiado y con una cuota de poder político significativa sin siquiera tener que obtener un solo voto a su favor.

En todo este tiempo siempre dije que la decisión final era de los colombianos. Y era una decisión que era mucho más compleja que simplemente querer paz o guerra, como lo ha querido caricaturizar la prensa extranjera. Hoy una mayoría de colombianos votó en contra de este acuerdo, pero les garantizo que ninguno votó por más guerra. Todos los colombianos que conozco que votaron por el NO son gente decente que aspiran a vivir en un país en paz, pero con justicia. Sin impunidad.

Antes de saltar a acusar a los colombianos de insensatos, guerreristas o compararlos con los votantes de Trump (el hombre de paja de nuestros tiempos), saquemos un tiempo para entender mejor las motivaciones de esa mayoría de colombianos que hoy dijo NO en las urnas.

Seguridad pública: Apelar al ingenio o falsear la realidad

Recientemente pasé unos días en EE.UU., concretamente en las ciudades de Nueva York y Boston. A raíz de mi estadía allí, cobré cabal conciencia de la estrecha relación que existe entre la cultura e ideas predominantes en una nación y la calidad de vida de sus habitantes.

Los primeros días al salir a la calle estaba tensa, cuidando atentamente mi cartera, escondiendo mis pertenencias y crispándome cada vez que alguien en moto o bicicleta se me acercaba. Asimismo, al caminar en medio de la muchedumbre trataba de no ser presa de posibles rateros. Esa actitud está tan incorporada a mi persona -a raíz de la inseguridad existente en Uruguay – que sólo me di cuenta de ello al notar con asombro, la conducta de los estadounidenses.

En efecto, el ambiente que se respira en los lugares públicos de las ciudades mencionadas, es de tranquilidad. En los restaurantes las mujeres dejan despreocupadamente sus bolsos en el suelo, incluso, abiertos. La gente está relajada. No se percibe ese estado de alerta continua que domina actualmente a los uruguayos; de desconfianza mutua que va enturbiando las relaciones sociales.

Obviamente que en EE.UU. hay delincuencia pero uno se siente a salvo en la calle. Algo a destacar, es que esa seguridad emana de una autoridad que ejerce su función sin hacer alarde de ello. Al Estado prácticamente no se lo ve físicamente aunque se deduce su presencia porque las cosas funcionan correctamente.

La seguridad pública es un tema fundamental para cualquier país. Ese factor es tan esencial para la calidad de vida de las personas, que constituye uno de los fines primarios del Estado. Es decir, que si no cumple correctamente con esa función, su existencia no tiene razón de ser. Los ciudadanos pagamos impuestos en el entendido de que ese dinero será usado por los gobernantes para brindarnos ciertos bienes públicos; la seguridad personal es uno de los más relevantes.

En Uruguay, el auge de la delincuencia vino de la mano de los gobiernos izquierdistas que nos gobiernan desde el 2005. Anteriormente uno de los activos que nuestra nación ofrecía al mundo, era precisamente la tranquilidad que reinaba en  estas tierras. Era una realidad que nos enorgullecía y que tornaba placentera la vida aquí, a pesar de que económicamente no era el lugar más recomendable para progresar.

Ya no es así. Los delitos han aumentado en cantidad y ferocidad. La violencia se nota en todas partes, hasta en el tráfico. Es usual que rapiñen a alguien cuando detiene su auto en un semáforo o cuando baja para entrar a su casa. A pesar de que la prensa no informa mucho sobre ese asunto, los copamientos de viviendas son frecuentes. Lo que los medios ocultan, se sabe por el boca a boca.

Esta situación no es una “tendencia mundial” como esgrimen excusándose nuestros gobernantes. La prueba es que en la mayoría de los países desarrollados ese tema está bajo control. La delincuencia se ha exacerbado debido a las ideas, el discurso, las prácticas y leyes aprobadas por los gobernantes izquierdistas.

Por ejemplo, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010) su ministro del Interior, José Díaz, sostenía que los delincuentes eran “víctimas de la sociedad”. Afirmaba que la culpa de que cometieran delitos era de la sociedad uruguaya, porque había sido incapaz de ofrecerles oportunidades para que pudieran llevar una existencia honrada. En consecuencia, hizo aprobar la ley No. 17.897, titulada “Régimen Excepcional de libertad provisional y anticipada” que dejó libre a gran parte de los reclusos.

En aquel momento se levantaron voces advirtiendo la irracionalidad de esa norma y que los delitos se iban a disparar, como efectivamente sucedió.

La “doctrina Díaz” tiene sus seguidores. Lo prueba una reciente resolución de un Tribunal de Apelaciones que redujo la pena de un delincuente que en cinco años cometió 8 delitos, con el argumento de que al calibrar el castigo era necesario tener en cuenta  “la coculpabilidad social” porque el acusado no terminó Primaria y pertenece “a la clase social más desfavorecida”.

Los habitantes de los países desarrollados en general y de EE.UU. en particular, asumen la responsabilidad personal. Los delitos se reprimen y se ejerce la autoridad. No se difuma la responsabilidad de cada quien con el sofisma de que la “culpa la tienen otros”. La víctima es la que sufre un delito y no a la inversa.

Podría decirse que ese aire de seguridad que se respira en Nueva York, se originó en un diagnóstico acertado de las causas de la delincuencia y en la consiguiente repuesta. Fue así que en 1994 su alcalde, Rudolph Giuliani, puso en práctica la doctrina de la tolerancia cero. Según esta postura, el camino a la criminalidad comienza con infracciones menores como por ejemplo pintar graffitis o beber alcohol en la vía pública, que con el correr del tiempo se van agravando. En consecuencia, no se dejan pasar y son sancionadas con severidad.

Actualmente, las autoridades de ciertos países desarrollados están mostrando el mismo ingenio para otorgar seguridad a los ciudadanos sin entrar en autoritarismos. Una de las iniciativas muestra un grado de creatividad increíble, dado que se basa en utilizar a favor la pokemanía.

La puso en práctica la policía de Manchester (New Hampshire, EE.UU.) con el objetivo de capturar a delincuentes prófugos. Se hizo circular por el Facebook de ellos el siguiente mensaje: “Atención a todos los jugadores de Pokémon Go: hemos descubierto recientemente que hay un Charizard en nuestra área de registro. Como el Charizard es un personaje tan excepcional, el número de personas que invitamos es limitado. Si tu nombre aparece en la siguiente lista, eres uno de los afortunados. Date prisa antes de que el Charizard se vaya”.

Por su parte en Bélgica, la policía de Rotterdam planea utilizar a los jugadores de ese videojuego para que sean  “ojos adicionales”, los ayuden a “cazar” delincuentes y a prevenir delitos en la ciudad. La idea es utilizar “cebos” especiales hecho con personajes de Pokémon, con el fin de atraer a jugadores a lugares donde se suelen cometer delitos y de ese modo desalentar a los delincuentes.

Fórmulas creativas para combatir la delincuencia que se basan en asumir la realidad tal como es y no sacarle el cuerpo a la propia responsabilidad.

Todo lo contrario de lo que hacen los gobernantes uruguayos que utilizan su ingenio pero para falsear la realidad, para atribuirse triunfos que no son tales. Desde el gobierno de José Mujica (2010-2015) en adelante, se modificó la forma de evaluar los datos de seguridad en el país. Anteriormente, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior realizaba reportes anuales y completos, con todos los datos sobre los delitos cometidos en el país. Ya no hay reportes periódicos ni continuidad preestablecida sino que se van difundiendo datos aislados, en la medida y oportunidad en que sean beneficiosos para el gobierno.

Ese cambio provocó que en 2011 Rafael Paternain –director del Observatorio- renunciara alegando de que “hay mucha confusión en la información que se presenta”. El experto cuestionó una práctica que se continúa haciendo hasta el día de hoy: “Hay una mezcla de tiempos, de geografía, de períodos y no se interpreta todo linealmente. El objetivo (del monitoreo) es evaluar el impacto de los operativos”, pero de este modo es imposible.

Es obvio que la intención de Mujica y Vázquez ha sido presentar una realidad distorsionada con respecto a la seguridad pública. Ellos dirán que los delitos bajan pero lo cierto es que los ciudadanos sabemos bien, que estamos cada vez peor en ese aspecto. Por consiguiente, perdiendo aceleradamente calidad de vida.