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Por qué los derechos de propiedad importan

La relación entre derechos de propiedad y prosperidad es bien conocida. Los derechos de propiedad son la pieza clave para el ejercicio de la libertad y para el progreso. Permiten a los individuos hacer uso de esos bienes y servicios de la forma que más les conviene, ya sea para obtener alguna ganancia económica mediante su venta, compra o uso; para guardar como respaldo; o bien, para tener una garantía al momento de acceder al capital. Cuando los derechos de propiedad están asegurados en una sociedad, los individuos gozan de mayor protección frente a las condiciones de pobreza al permitirles desarrollarse en el ámbito económico y social.

Asimismo, la falta de protección de los derechos de propiedad tiene impactos negativos sobre los individuos, sus familias y respectivas localidades. Las economías tienden a colapsar producto de la pérdida de la confianza de inversionistas, de la desaparición del valor de la tierra y de los incentivos de los emprendedores.

Hoy en día 2,7 mil millones de personas viven con menos de US$2 por día. De esos, según Landesa, una organización sin fines de lucro que promueve los derechos de individuos y familias pobres sobre sus tierras, mil millones viven en áreas rurales y carecen de derechos de propiedad sobre sus tierras. Según la Fundación Rockefeller, esto puede deberse a diversos factores: (1) la ley no garantiza los derechos de propiedad, como en el caso de los países comunistas; (2) la ley garantiza los derechos de propiedad pero existen además barreras culturales que impiden el ejercicio de este derecho, como ocurre con gran parte de las mujeres en la región de Medio Oriente y África del Norte; o (3) los individuos carecen de la habilidad necesaria para ejercer su derecho y esto es causado, por ejemplo, por desconocimiento de la ley, falta de información o limitaciones de tipo socio-económicas. Podría también añadirse que los procesos burocráticos a los que muchas veces los individuos se enfrentan a la hora de registrar una propiedad también constituyen barreras al ejercicio de sus derechos como dueños de la tierra.

Infografía de Landesa.org

En el caso particular de los individuos que, además de encontrarse en condición de pobreza, viven en áreas rurales y no pueden ejercer derechos sobre sus tierras, tener derechos de propiedad seguros y definidos puede hacer la diferencia. Las estadísticas recolectadas por Landesa sugieren que la producción agrícola se incrementaría en 60%, la inversión en mejoras para las viviendas de estos individuos se duplicaría y el ingreso anual familiar crecería en un 150%. Además, el embarazo adolescente caería por la mitad, el porcentaje de graduados de escuela secundaria se duplicaría y las horas trabajadas aumentarían en 17%.

Cuando los derechos de propiedad están garantizados, los dueños de las tierras invertirán y a cambio recibirán el producto de este esfuerzo. Así, mientras más asegurados se encuentren estos derechos, mayor será la tasa de inversión y, en consecuencia, mayor el crecimiento económico y la prosperidad.

Éxito improbable: Chile

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Una nueva entrega de la serie documental “Éxito improbable” (Improbable Success) se transmitió el pasado fin de semana en más de 40 canales a lo largo y ancho de EE.UU. “Éxito improbable ” trata sobre países que han logrado alcanzar altas tasas de crecimiento económico gracias a políticas de libre mercado. El nuevo episodio (en inglés) analiza las reformas llevadas a cabo en Chile a partir de la década de 1980. José Piñera, Ian Vásquez y Richard Rahn son algunos de los expertos que aparecen en este documental. La semana pasada se estrenó el primer episodio sobre Estonia (en inglés) y la semana que viene será el turno de Suiza.

Soluciones mágicas

Seguimos buscando soluciones mágicas y de corto plazo a problemas sumamente complejos y que vienen gestándose desde hace años producto de la mala administración y despilfarro político. Aprobar una ley antidespidos no solo encarecerá el costo de contratar nuevos empleados frenando así la creación de nuevos puestos de trabajos, sino que también destruirá capital, aumentará el desempleo y discriminará en contra de los menos calificados. Resulta necesario mover el eje de la discusión y poner la mirada en el largo plazo. Argentina debería buscar la forma de atraer nuevos capitales del exterior, dar un respiro fiscal a las empresas para que vuelvan a invertir y establecer reglas de juego claras. Es así como aumentará y mejorará la calidad del empleo.

 

Este artículo fue originalmente publicado en Cartas de Lectores en La Capital (Argentina).

China no es ni será la solución al problema de las reservas

No deja de ser costumbre que el sector monetario y financiero argentino se encuentre a diario bajo la lupa. Esta vez, las reservas internacionales fueron las que atrajeron la atención de los analistas económicos. Un nuevo crédito por la suma de USD 2.000 millones concedido por el gobierno chino, pareció aliviar momentáneamente la situación crítica de las reservas del Banco Central de la República Argentina que se encontraban próximas a caer por debajo de los USD 33.000 millones días anteriores. Aun así, la contabilidad creativa no puede ocultar el preocupante escenario que se devisa para los próximos meses.

Tras la aplicación del cepo cambiario en el mes de octubre de 2010, el gobierno argentino pareciera haber agotado la mayoría de herramientas que, bajo su criterio, cree adecuadas para mantener a la fuerza los dólares en el país. Sin embargo, como la emisión monetaria ha mantenido un crecimiento por encima de 30% mes a mes provocando una estampida en los niveles de inflación, las personas no han hecho otra cosa más que buscar refugio en el dólar. Desde entonces y como puede apreciarse en el gráfico, las reservas internacionales del Banco Central mantuvieron su caída a pesar de las innumerables trabas que las autoridades han inventado año tras año.

BM y RRII

No satisfechos con esto, en el último tiempo han optado por aliviar la pérdida de reservas vía swaps otorgados por el gobierno chino. Así, el año pasado China le concedió al gobierno argentino un préstamo que alcanzó los USD 11.000 millones, a lo que se le sumó el mes pasado un nuevo refuerzo por un total de USD 2.000 millones. Aun de esta manera, la contabilidad creativa pareciera no ser suficiente para cubrir la realidad patrimonial del Banco Central argentino. Según el último informe publicado por Ecolatina, si los swaps de China no hubiesen sido tenidos en cuenta, las reservas internacionales estarían próximas a perforar la barrera de los USD 20.000 millones.

Si bien el panorama parece poco alentador, lo que alarma aun más es el hecho de que el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina previó para la próxima cosecha una caída no sólo en los precios internacionales de los commodities internacionales, sino también en el área sembrada y producción del campo debido al atraso cambiario. A esto se le suma la incapacidad de la balanza comercial de equiparar la entrada neta de divisas a las compras de dólar ahorro y turismo. Sin dudas esto impactará negativamente en las arcas de la institución financiera madre que durante el último tiempo se ha valido de crecientes medidas restrictivas para la compra de otas monedas a fin de atenuar su tensión patrimonial.

Bajo la premisa de que con el aumento del gasto público sustentado con emisión monetaria la economía se encaminará en un sendero de eterno crecimiento, el gobierno no ha puesto freno a la impresión de billetes que no ha generado otra cosa más que estancamiento económico, destrucción de recursos y pérdida del poder adquisitivo del peso argentino. Mientras sean estas ideas las que prevalezcan, en vano nos esperanzaremos con una Argentina próspera.

Las dos caras de América del Sur

Desde hace unos años, el World Economic Forum (WEF) publica anualmente su “Reporte de competitividad de viajes y turismo”. Reportes e índices de este tipo son importantes ya que, al analizar en profundidad otros países en diferentes partes del globo, nos ayudan a comprender en qué posición se encuentran determinadas naciones en relación a otras. Este reporte particularmente estudia el desempeño de 141 países en materia de políticas y factores que permiten el desarrollo del sector turístico que, a su vez, contribuye al desarrollo y competitividad de un país.

El clima para negocios se destaca como pilar de relevancia en la construcción de este reporte. Éste evalúa el entorno en el que está sumergida la empresa y sus respectivos negocios. Así, la protección de la propiedad privada y el marco legal aparecen como factores determinantes del crecimiento económico.

En el último informe, el WEF posicionó primero a Chile en la región sudamericana con el mejor clima para negocios, seguido por Uruguay y Perú. De esta forma, Chile comparte similares puntuaciones con países como Australia y Japón, y se encuentra dentro de los primeros 30 del mundo. No sorprende que Argentina y Venezuela no solo hayan obtenido las peores puntuaciones regionales, sino que también se posicionaron últimas a nivel global, por debajo de Chad, Zimbawe y Haití.

No solo este reporte da cuenta del deterioro institucional en el que Venezuela y Argentina se han aventurado. Según el Índice de Miseria Mundial publicado por el Cato Institute que toma como aspectos de relevancia la tasa de inflación, la tasa de interés y el desempleo, estos países fueron los de peor desempeño por segundo año consecutivo. En el otro extremo se encuentran Chile y Ecuador; el primero con instituciones fuertes y el segundo con una economía dolarizada que ata de manos a los gobernantes a la hora de financiar el gasto público con emisión monetaria.

La débil estructura institucional provocada por la corrupción, la ineficiencia y favoritismo de los gobiernos, ha llevado a muchos países a perder por completo la capacidad de recuperación económica.

Estas son solo algunas de las tantas mediciones que alertan sobre la progresiva degradación de las instituciones que Argentina y Venezuela vienen sufriendo desde hace una década. Es preocupante el hecho de que durante varios años Argentina fue un ejemplo a imitar dentro de la región. Sin embargo, hoy en día las miradas se focalizan en países como Chile y Perú, y se alejan cada vez más del país que un siglo atrás fuera el granero del mundo que, junto con Venezuela, lideran los rankings con más vulnerables y deterioradas instituciones.

Gasto público récord y pobreza sigue preocupando

La creencia de que un mayor gasto público social conlleva directamente a una reducción de la pobreza, ha llevado a muchos gobiernos a abusar de las arcas públicas y a hacer uso del discurso populista propio del Estado benefactor para, entre otras cosas, mantenerse en el poder. Argentina no es la excepción.

El abrupto aumento del gasto público en Argentina no logró reducir sustancialmente el porcentaje de personas bajo los niveles de pobreza. Por el contrario, durante los últimos tres años y según los estudios llevados a cabo por el Observatorio Social de la UCA, los niveles de pobreza han mostrado leves aumentos. A esta situación se le suma además las cuestionadas cifras presentadas del INDEC, que, al no revelar la verdadera inflación argentina, muestran que la pobreza ha disminuido significativamente a lo largo de la década kirchnerista.

La política de aumento del gasto público, impulsada en una primera instancia por el gobierno de Néstor Kirchner y luego seguida por Cristina Fernández, se ha intensificado a partir del año 2005. El incremento de las erogaciones públicas tuvo como destino subsidios al sector energético, pago a empleados públicos, la incorporación de más de cuatro millones de personas sin aportes al sistema previsional y planes sociales.

De esta forma, el gasto público creció más de 651% entre el año 2005 y 2013. Como muestra el gráfico anterior, el exorbitante aumento del gasto no se condijo con una marcada reducción de los niveles de pobreza. Del 33% de pobres que se registraban en 2005 según cifras del INDEC y de la UCA, en 2013 la cifra cayó al 26%. Esto significa que con más de $870 mil millones únicamente pudieron salir de la pobreza poco más de 3 millones de personas en casi nueve años.

Por otro lado, las cifras del INDEC, manipuladas desde el año 2007, arrojan resultados muy alejados de la realidad. Para el organismo internacional la cantidad de personas que lograron salir de la pobreza entre el 2005 y 2013 fueron 12 millones, cuatro veces más que las mediciones de UCA. Claramente debería recordarse que estas cifras son elaboradas por el mismo organismo que en el año 2012 afirmó que una persona podía comer con $6 por día.

Los últimos dos años del período ofrecen un análisis con particularidades que merecen puntualizarse. En el 2011, los datos de la UCA mostraban que el 23% de la población era pobre. Dos años más tarde esa cifra ascendió al 26%. Para el mismo período, el gasto público creció $400 mil millones. Esto significa que el aumento del gasto no solo no fue suficiente para al menos mantener los niveles de pobreza, sino que la situación empeoró a tal medida que un millón de personas se sumaron a los millones de argentinos que no logran satisfacer necesidades básicas.

Las cifras anteriores dejan a entrever que el aumento del gasto público no implica reducciones en los niveles de la pobreza. Como se ha indicado en informes anteriores, el camino hacia la mejora de la calidad de vida de las personas va más allá de meros subsidios sociales, que, en gran medida, son utilizados políticamente. Es necesario hacer hincapié en las instituciones. Si hoy en día nos encontramos en una situación en donde las estadísticas oficiales han sido bastardeadas por el intervencionismo estatal, poco podrá hacerse a fin de reducir la pobreza.

Democracia, ¿un sistema justo?

“Democracia: dos zorros y una gallina decidiendo qué desayunar a la mañana siguiente”.

H. L. Mencken

Desde hace años mucho se ha escrito y debatido acerca de la democracia y su relación con la República y las minorías. ¿Qué es la democracia? ¿Es el mejor sistema de elección de quien administra o administrará el Estado? ¿Pueden las democracias devenir en autoritarismo y acumulación ilimitada de poder en mano de una sola persona?

Visto y considerando que la palabra democracia se ha ido degenerando a lo largo de los años, resulta imperioso antes de abordar las cuestiones planteadas en el párrafo anterior, ahondar en el estudio del término en cuestión. En El Espectador, Ortega y Gasset sostiene que “La democracia responde a esta pregunta: ¿Quién debe ejercer el control público? La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos”. Es decir, la utilización de la expresión “democracia” debería limitarse a la forma en que es elegido quien ejercerá la administración del Estado. Sin embargo, el estudio de este término no puede realizarse bajo ningún concepto de forma aislada sino que debería ir de la mano de la implicancia que la democracia tiene sobre la República.

El problema entorno a la democracia radica en que ha mutado a lo largo de los años a un sistema funcional a dirigentes cleptómanos de libertades, propiedad y sueños de vida. Pedro Schwartz lo expresa correctamente al sostener que “Las democracias, al dejar el poder en manos de minorías irresponsables, pues en ellas se toman las decisiones colectivas por mayoría de votos, a menudo no prestan suficiente atención a los derechos individuales”. Es de vital importancia en este caso mencionar a dos autores que Alberto Benegas Lynch (h) ha reflotado en su artículo sobre el tema publicado en El Diario de América(EE.UU.) en 2012. Por un lado, Giovanni Sartori en Teoría de la democracia no se cansa de hacer hincapié en que la democracia es el respeto por las minorías y que bajo ningún concepto debería aceptarse el aplastamiento de las libertades de las minorías por decisiones tomadas por la mayoría. Por otro lado, menciona Benegas Lynch (h) a Juan A. González Calderón, quien en Curso de derecho constitucional “sostiene que los demócratas de los números ni de números entienden ya que se basan en dos ecuaciones falsas: 50% más 1% = 100% y 50% menos 1% = 0%”. Ejemplo de esto mismo son casos como los de Venezuela y Argentina en donde a una mayoría legitimada por la democracia, es decir, por haber obtenido la mayor cantidad de votos, no hace más que otorgarse privilegios a costa de las voluntades de las minorías.

Sostiene Hayek en Derecho, Legislación y Libertad que los individuos nos hemos acostumbrado a considerar como democrático todo aquel proceso en el que una mayoría en el parlamento da sanciones a leyes y dirige el gobierno. Uno de los mitos más importantes acerca de la democracia radica en que se la ha concebido como la fiel salvaguarda de las libertades individuales. Esto no puede considerarse así bajo ningún punto de vista siendo que, al momento en que se acepta que la voluntad que le fue otorgada a una mayoría legitimada por la votación se imponga sobre una minoría, es muy probable que corran peligro las libertades personales cuando las mayorías puedan decidir sobre cualquier cuestión.

Otro de los mitos que trae consigo la democracia es pensar que habiendo adoptado procedimientos democráticos, se podría en alguna instancia limitar el poder de los gobernantes de turno. Hayek agrega incluso que “(…) se promovió también la creencia de que el control del gobierno por parte del cuerpo legislativo elegido democráticamente sustituiría a las limitaciones tradicionales [al poder] (…)”. Ante esta situación, las mayorías requieren cada vez de más apoyo de otros grupos políticos a fin de no perder cuotas de poder. Es por esto mismo que es imposible que un gobierno que carece de controles y es ilimitado haga prevalecer los principios con los que originalmente la mayoría estuvo de acuerdo, ya que a fin de seguir manteniendo el poder y constituirse como un gobierno sin límites, deberá renunciar a sus convicciones iniciales y entregar beneficios a demás grupos de interés a fin de contar con su apoyo.

Entonces, si la democracia ha legitimado en muchos casos que la voluntad de unos pocos se imponga sobre el resto, ¿no será que es injusta en sí misma? Semejante sistema no sólo se ha constituido a lo largo de los años como el origen de gobiernos tiranos, sino que además ha sido funcional y servido como instrumento estratégico a muchos gobiernos populistas y neodictatoriales como los que hoy en día prevalecen en América Latina. Siguiendo con esta lógica, Hayek agrega: “Parece que cuando las instituciones no estás limitadas por la tradición de la primacía del derecho –la rule of law–, conducen no sólo a la «democracia totalitaria», sino con el tiempo a la «dictadura plebiscitaria»”. Es imperioso que el análisis del sistema democrático se haga en conjunto con el Estado de Derecho y la República. Si por los puntos antes expuestos se concluye que la democracia es injusta en sí misma, entonces el papel fundamental a jugar quedará en manos no sólo de la división de poderes sino también en el respeto del Estado de Derecho para que la discrecionalidad de una mayoría no lesione las libertades de las minorías.

Las nuevas dictaduras de género

A lo largo de los últimos años han emergido innumerables movimientos feministas que dicen querer hacer universal la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Emancipación de las mujeres de toda opresión, sociedad igualitaria, empoderamiento desde una perspectiva anticapitalista, clasista y revolucionaria, son sólo algunas de las consignas que resaltan estos movimientos. La lucha más difundida últimamente ha sido “igual salario por igual trabajo“, haciendo alusión a que la mujer gana en promedio menos que el hombre.

Muy pocas personas han reflexionado sobre estas cuestiones y se han aventurado muy peligrosamente a apoyarlas. Incluso muchos medios de comunicación proclaman a voces lo que oyentes aceptan sin cuestionar.

Los invito a ver estos videos acerca de esta cuestión:

Lo que los burócratas, organizaciones internacionales y no gubernamentales y medios de comunicación olvidan es que la idea de igual salario por igual trabajo es injusta, sus consecuencias para la economía son nefastas y otorga privilegios en base a cuestiones aleatorias, en este caso, de género. De esta forma se ha dado un mensaje completamente tergiversado y con argumentos falaces, mensaje al que muchos han adherido. Por ejemplo, plantean desde las agrupaciones feministas que “(…) esto [sistema patriarcal] lleva a que, a lo largo de la historia, los derechos de la mujer hayan sido relegados, estableciendo una relación de opresión y dominio de los hombres sobre las mujeres, derivando indefectiblemente en la violencia de género, en cualquiera de sus variantes (física, emocional, sexual o económica)”. Esta idea no sólo presenta incongruencias a nivel económico sino también a nivel moral.

Lo que la premisa igual salario por igual trabajo no tiene en cuenta es que las comparaciones se realizan en base a valores promedio de salarios, y lo que hay que aquí tener en cuenta, antes que nada, es el tipo de trabajo que ambos sexos realizan. El trabajo de la mujer no es igual al del hombre. Las estadísticas no muestran que muchos hombres se han abocado a carreras como Ingeniería, mientras que las mujeres tienden a escoger otras profesiones en las que los sueldos son menores. Otro aspecto a tener en cuenta es que el sexo femenino tiende a reducir sus horas de trabajo, a diferencia del hombre quien está más dispuesto a trabajar horas extras. Las diferencias de inversión en materia de educación es otro factor que diferencia a hombres y mujeres. Tampoco los datos muestran que la mujer debe ausentarse durante largos períodos por el simple hecho de que son quienes tienen hijos y necesitan de tiempo para cuidar a sus hijos y familia. Además, también suelen requerir atención médica con más frecuencia. Es por todo esto que, si bien pueden existir excepciones puntuales, la mujer es menos productiva que el hombre en la vida profesional. Por ello, las diferencias de salarios entre los dos sexos no es resultado de discriminación en el mercado laboral sino de las decisiones que ambos toman a lo largo de su vida.

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